Hace unos días se detectó en Miahuatlán de Porfirio Díaz un brote de hepatitis entre escolares. Ello obligó a la autoridad local a prohibir en las escuelas o afuera de ellas, la venta de productos de manufactura sospechosa en torno a cuestiones de limpieza. También alertó a las autoridades sanitarias del gobierno estatal que, sin dilación, deben atender este tipo de padecimientos, habida cuenta de que se trata de un padecimiento altamente contagioso. El año pasado se detectó en la Sierra Norte una epidemia de dengue, que incluso tuvo como resultado personas fallecidas, dado que derivó en dengue hemorrágico. Estas incidencias sanitarias deben prevenirse con campañas sanitarias. Sorprende que las instituciones de esta naturaleza hagan de la apatía y la irresponsabilidad un auto de fe. En tiempos pasados para combatir el dengue, por ejemplo, que antes era catalogado como un mal tropical, se realizaban campañas masivas en prensa, radio y televisión, para evitar la acumulación de agua o humedad en rincones o sitios en donde se almacenaban cacharros, llantas o trastos viejos. Se recomendaba deshacerse de ellos a la brevedad y evitar con ello medios de contagio o incubación del huevecillo del mosco aedes aegypt.
Desde hace meses se han detectado casos de hepatitis, pero se han echado en saco roto los llamados de emergencia. Se sabe que los Servicios de Salud en la entidad no están en su mejor momento. Hace días mencionamos la crisis que se ha presentado por la falta de medicinas en algunos nosocomios muy socorridos por la gente humilde, como es el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”. Esta situación, según las autoridades ya superada, es un ejemplo de que las cosas en el área sanitaria caminan con dificultades. Es el caso de la comunidad de Santa María Quiegolani, perteneciente al distrito de San Carlos Yautepec, ubicada en un sitio recóndito de la Sierra Sur y con alto grado de marginación, que apareció recientemente en un programa de alto raiting en la televisión comercial, porque desde hace meses el Centro de Salud de la comunidad no ha tenido médico. No sólo eso nos ha pegado con dureza, sino la existencia de cerca de sesenta edificios en obra negra o abandonados en el tiempo, que serían hospitales, pero nunca se terminaron de construir. Hay pues muchos pendientes que hay que subsanar o superar. Pero las emergencias se dan de manera fortuita y hay que atenderlas con prontitud y sin dilación premeditada.
Toma de casetas: delito impune
No se sabe si en el gobierno estatal hay demasiada indolencia o le conceden poca importancia al pésimo espectáculo que representa para quienes nos visitan la toma permanente de las casetas de cobro. No hay un solo día, pero sobre todo en período vacacional, en que cualquier grupo en no más de diez, simplemente se apersonen para atracar a automovilistas y transportistas. Y lo hacen con total impunidad. ¿Ello puede llamarse libertad de expresión o argumentar que forma parte de una estrategia de lucha social? Por supuesto que no. Se trata de un vil atraco; un robo. Sean comuneros, maestros, normalistas, porros universitarios, padres de familia o determinado grupo, el caso es que exigen dinero para permitir el paso de vehículos. El monto del robo diario puede oscilar entre los 300 y 500 mil pesos. La pregunta es: ¿a dónde va ese dinero? Por supuesto que a la bolsa de los dirigentes, quienes le han de repartir una bicoca a los que dan la cara en el atraco. De conformidad con el Código Penal en vigor se trata de un robo y por el monto, quien lo hace debe padecer penas corporales. Sin embargo, en Oaxaca todo puede ocurrir, porque aquí no pasa nada.
Sin duda la cercanía de las vacaciones de Semana Santa habrán de exacerbar este atraco vil impune. Serán las normalistas de la Escuela Normal Rural “Vanguardia”, quienes querrán tomar sus vacaciones llevando en su bolsa el producto del robo u otros actores. Lo abominable de todo ello es la pésima imagen que tendremos en el turismo del país y el extranjero que nos visita y los latigazos en la industria sin chimeneas, pues todo ello nos ha ubicado en los últimos años como un pueblo sin ley. La semana anterior al menos cinco días en la semana, las casetas de Huitzo y Suchixtlahuaca estuvieron tomadas por grupos de no más de veinte personas. Se ha llegado al grado de que se pone como bandera que se trata de padres de familia, cuya escuela a la que asisten sus hijos no ha sido atendida por el gobierno estatal, lo cual los obliga a pedir cooperación para reconstruir o remodelar el edificio escolar. Pretextos y banderas pues, no hacen falta. El gobierno de Alejandro Murat está obligado a instruir a las instancias competentes a que actúen sin dilación para desalojar casetas de cobro. Nada, absolutamente nada justifica esa parálisis que hasta hoy ha afectado a esta administración.
