Jueves y viernes de la semana pasada, la carretera 190, a la altura de El Portillo de Nejapa, estuvo cerrada. Un asunto doméstico, como hemos dicho de otros casos, se convierte en mal colectivo. Resulta que movidos por un sujeto que hasta hace un año no tenía más que su propia vida, pero ahora es próspero constructor, vecinos de las agencias municipales pertenecientes al municipio de San Carlos Yautepec, empezaron a presionar al edil, para obtener recursos, obviamente, con ganancias para el sujeto mencionado. Lo grave de este asunto es que todo apunta a que dichos mecanismos de presión estarían dirigidos desde la propia estructura gubernamental. Es decir, funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno de Alejandro Murat, estarían en parte alentando estas acciones abominables que nos ubican a nivel nacional como un pueblo sin ley. El paso tanto de Veracruz a Oaxaca, como de Chiapas a nuestra capital, estuvo suspendido por dos bloqueos: uno, en Boca del Monte, en los rumbos de Matías Romero y el otro en la Carretera 190, entre El Camarón y El Coyul. Por si ello no fuera suficiente, en la Carretera Oaxaca-Cuacnopalan, estuvieron los clásicos manifestantes, con cuota de 50 o 100 pesos como derecho de peaje, por parte de grupos y organizaciones dedicadas a la extorsión.
Sin embargo, hay una duda que subyace en el imaginario colectivo. Y es: ¿cuál es el papel del gobierno estatal en la persistencia de este desorden? Uno de los razonamientos es que al ejecutivo estatal no le interesa el malestar colectivo que todo ello genera; otro es que no le importa lo que pasa en la entidad y el último, que para no pasar a la historia como un represor simplemente deja hacer y deja pasar impunemente. Bajo este esquema el pueblo oaxaqueño está pues en la más absoluta indefensión. Esto es, vivimos alienados, arrinconados por turbas de fanáticos, facciosos, maestros radicales o comuneros manipulados, ante un gobierno que no mueve un dedo. Puede haber mil bloqueos, pero nadie hará nada para suspenderlos desde el gobierno. Es más, como ya hemos dicho, desde ahí son alentados y manipulados. Para muchos oaxaqueños estamos peor que antes. Ni siquiera la displicencia del gobierno de Gabino Cué se compara con la parálisis de éste. Es una pena que desde la SEGEGO y otras oficinas gubernamentales se armen los bloqueos para conseguir obras o que los mismos funcionarios orquesten, a espaldas del gobernador, acciones fuera de la ley.
Inversiones, pero ¿cuáles?
Desde el inicio del gobierno de Alejandro Murat hemos escuchado como disco rayado la inversión de la empresa Mitsubishi, en un parque de energía eólica. Salvo eso, nada hay en el horizonte para poder decir que, en efecto, las inversiones han fluido. Se ha hablado de inversiones en la capital oaxaqueña, en hoteles e infraestructura turística, pero tampoco hay un pleno convencimiento de que así sea. De la misma manera se ha mencionado que una conocida empresa hotelera mundial invertirá en Huatulco, pero sólo ha sido un buen propósito. Nada en claro todavía. En efecto, el ejecutivo estatal ha promovido las inversiones de manera constante, pero al parecer han fluido de manera muy lenta. He ahí el por qué nuestra insistencia en temas como la inseguridad y la gobernabilidad, conscientes de que sólo otorgando seguridad y certidumbre política a quienes le apuestan al estado, es posible garantizar sus capitales. En el Istmo de Tehuantepec, no es un secreto, que la protesta social exacerbada puede hacer abortar cualesquier proyecto de desarrollo. Ya lo vimos en la pasada consulta a las comunidades indígenas. El asunto es que no hay control ya sobre dirigentes y grupos que por temas locales, colapsan la circulación.
El mejor ejemplo de este abuso se puso de manifiesto la semana pasada y se prolongó a ésta, en virtud de que un grupo de comuneros de las agencias de San Juan Mazatlán, Mixe, en protesta porque el presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez no les ha entregado los recursos, cerraron la Carretera Transístmica, durante al menos ocho días. Adicionalmente, para garantizar las citadas inversiones, el gobierno estatal debe atender con prioridad la inseguridad que prevalece en Juchitán, Matías Romero y otras poblaciones istmeñas, laceradas por ejecuciones, asaltos, robos de gasolina, etc. Las empresas que generan energía eólica han pasado un Calvario para poder operar, pues tienen encima no sólo a las organizaciones sociales, cuyos dirigentes afirman defender la cultura, la lengua y el territorio indígenas, sino también a la delincuencia organizada que azota la región y a las bandas locales que aterrorizan a la ciudadanía. Bajos esas premisas habría pues que alentar las inversiones reales, no ficticias. Ha quedado claro que las Zonas Económicas Especiales (ZEE), de las que el estado tenía una, la de Salina Cruz, quedarán rebasadas por el Proyecto Transístmico. Pero para ello, habrá que convencer a grupos y organizaciones, que pujan por descarrilar dicho proyecto. Ahí habrían inversiones millonarias.
