El fin de semana pasado, en menos de 24 horas se registraron en el Istmo de Tehuantepec, al menos seis ejecuciones. Tal vez ello sirva para que los responsables de la seguridad pública en Oaxaca dejen de estar echando las campanas al vuelo. Es cierto, no estamos en Tamaulipas, Guerrero o Guanajuato, pero tal parece que a pasos agigantados hacia esos niveles nos encaminamos. Sin duda, en estos días ya se dará el informe oficial de los borrachos detenidos el fin de semana en el operativo del alcoholímetro o cuántas motocicletas fueron aseguradas. Es decir, pura paja, porque del resto de ilícitos nadie da cuenta. Es justamente lo que siempre hemos criticado en nuestras páginas: la secrecía, la opacidad en todo lo que se refiere a la presencia de células criminales y las operaciones en Oaxaca del crimen organizado, que los funcionarios mantienen en silencio. Si acaso el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, es el único que se ha atrevido a señalar las citadas operaciones. Es inexplicable que con esta cadena criminal en Juchitán, Matías Romero, Salina Cruz o Tehuantepec, los funcionarios responsables no se pongan las pilas para montar operativos eficaces, no ficciones.
Es importante subrayar que no se sabe de una estrategia policial o castrense que impida que en las regiones –como el Istmo- en donde se ha registrado una mayor incidencia criminal, ésta siga creciendo. En el imaginario colectivo los jefes policiales o tienen miedo o simplemente actúan en connivencia con la maña. Sólo así se explica que guarden silencio ante lo evidente y que sean incapaces de informarle al ejecutivo estatal de la realidad en materia de seguridad pública. Y ello es una irresponsabilidad pues en medios de comunicación y redes sociales, en los últimos tiempos, se tiene una visión diferente a la oficial en dicha materia. Esta opacidad ha expuesto al gobernador al escarnio público, a los comentarios irónicos, como es el hecho de decir que vivimos en Oaxaca seguro, cuando los hechos demuestran lo contrario. Se está convirtiendo en parte del escenario cotidiano ver en redes sociales o los diarios que circulan en el estado, cadáveres desmembrados o cuadros dantescos, producto en realidad de mentes enfermas y torcidas. Pero nada se atisba en el horizonte que las cosas cambien. He ahí el por qué ya urgen acciones enérgicas. Pero tal parece que en este segmento editorial, sólo predicamos en el desierto.
Apatía oficial
Desde diversos foros se ha denunciado la invasión silenciosa de las riberas del Río Atoyac, ora por sindicatos del transporte ora por organizaciones de diversa naturaleza, que han obtenido permisos ilegales, a través del chantaje y la presión. Hace un par de semanas se registró una balacera con el saldo de un menor de edad muerto por disparos de arma de fuego, a raíz de la disputa entre miembros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y el Sindicato “Libertad”. Hubo detenidos que jamás fueron presentados ante el Ministerio Público, lo que exhibe las complicidades con la mafia que controla el transporte concesionado. En los últimos tiempos, una parte del afluente ha sido invadida por vendedores de madera, obviamente, extraída de manera ilícita de nuestros bosques. Pese a la denuncia ciudadana, ninguna autoridad ha intervenido, no sólo para desalojar a los invasores y paracaidistas sino también para revisar permisos de venta o explotación forestal. Hace un par de meses, a casi un mes de que iniciara la gestión del presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, le hicimos un exhorto para que se aplicaran las ordenanzas municipales y se recuperaran algunos espacios públicos que de manera ilegal están en posesión de dirigentes u organizaciones, como es el caso del predio conocido como “Parque del Amor”.
Hablar de la brutal contaminación del Río Atoyac es asimismo enfocar las baterías hacia la invasión de sus riberas, ocupadas de manera ilícita, como ya hemos dicho, pero además, como depósito de basura, cascajo y desechos contaminantes. Sin embargo, también las dependencias federales, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), han dejado hacer y dejado pasar. Se presume que son terrenos propiedad de la Nación, por lo que no se entiende que se haga caso omiso de ello y no advierta de la invasión de dicho afluente, sin haber consignado la situación a la Fiscalía General de la República (FGR). Por denuncias ciudadanas y en medios de comunicación no paramos. Es una constante. Los matorrales que nacen en el afluente se han convertido no sólo en refugio de alcohólicos crónicos e indigentes, sino además de escenarios de crímenes, violaciones, asaltos y otros ilícitos. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no deben esperar a que la problemática crezca, sino aplicar la ley de inmediato.
