Hoy se celebrará, con bombo y platillo, el 41 aniversario de la Expropiación Petrolera. Fue precisamente un 18 de marzo, pero de 1938, cuando el presidente de la República Mexicana, el general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Con este decreto se estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, lo que permitió a los diferentes gobiernos tener recursos económicos adicionales a los que provienen de los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos.
Gracias a ello, durante muchos años la industria petrolera y sus ingresos fueron la fuente principal de ingresos para las finanzas públicas y por ello, el motor de la actividad económica del país. Sin embargo, las cosas fueron cambiando con el paso del tiempo, hasta llegar a convertir a la antes pujante industria petrolera representada por PEMEX, en un vertedero de corrupción, saqueo, entrega a compañías extranjeras y un escandaloso robo de combustible no sólo a los ductos que atraviesan el país, sino dentro de las mismas refinerías.
El arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido como eje el petróleo. Tal vez recuerda cuando hace poco más de veinte años amenazó con incendiar pozos petroleros en su natal Tabasco. En el entorno de sanear la política financiera del país se ha sacado de la manga verdaderos desafíos, como es el hecho de construir, pese a las recomendaciones en contra, una refinaría en Dos Bocas, Tabasco.
La lucha emprendida en contra del robo de gasolina, conocida como huachicol, ha dejado hasta el momento centenas de muertos, algunos en desafortunados accidentes como en Tlahuelilpan, Hidalgo y otros, en la lucha en contra de los cárteles criminales, que han convertido en el robo a la Nación en una industria que ha involucrado la distribución del hidrocarburo.
El reclamo al respecto es que nadie ha pisado aún la cárcel. No obstante, los latigazos que la lucha contra los huachicoleros han generado a la ciudadanía y a la industria en varios estados del país han generado gravísimas pérdidas económicas. Así, el festejo de los 41 años de la expropiación petrolera no será uno más, sino con ingredientes adicionales.
Damnificados: la agenda pendiente
En nuestra edición del miércoles 13 de marzo publicamos un acucioso reportaje de la situación que prevalece en la población costeña de Santiago Jamiltepec. A poco más de un año de la tragedia que se volcó por partida doble en dicha comunidad: por un lado, los efectos del sismo de 7.2 grados en la escala de Richter y, por la otra, la muerte de al menos 14 personas que se habían puesto a resguardo de réplicas del siniestro y fueron aplastadas por un helicóptero militar, en el que viajaban el ex secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; el gobernador Alejandro Murat y varios funcionarios de su gabinete.
Si bien es cierto que se trató de un desafortunado accidente mortal, en el imaginario colectivo de los oaxaqueños quedó como una muestra de imprudencia, premura y protagonismo. Los saldos de casas destruidas por el siniestro y personas muertas por dicho accidente forman aún una agenda pendiente que no se ha terminado de saldar con los costeños.
Justo el reportaje de que tratamos dilucida la responsabilidad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cumplió con los habitantes en la rehabilitación de sus casas y el olvido local en que se tiene a los familiares de los fallecidos, luego de la política de arrepentimiento posterior a los hechos.
Sin embargo, un fenómeno similar se observa en el Istmo de Tehuantepec. Se habla de un desvío o peculado millonario en lo que se refiere a la reconstrucción de escuelas. Pero es la hora en que nadie es presentado para que responda por dicho ilícito.
En los últimos días corrió por los medios la versión de que una empresa, con razón social y domicilio en la Ciudad de México, habría defraudado a los istmeños por más de 80 millones de pesos. Es un hecho que decenas de empresas recibieron los adelantos, como ya comentamos hace unos días cuando un pillo dispuso cerrar la Carretera Internacional 190, a la altura de Magdalena Tequisistlán, pero jamás terminaron las obras.
Razón suficiente para que las instancias gubernamentales los llamen a declarar y devuelvan el dinero o terminen lo que iniciaron. No obstante, tal parece que hay una situación de complicidad e ineptitud para proceder legalmente, dejando todo para otro momento y sin actuar con diligencia. Por ello todo mundo incumple, seguros de que nadie les fincará responsabilidades penales o administrativas y seguimos siendo cómplices de la corrupción.
