No son pocos los agravios que hemos padecido los oaxaqueños de parte del magisterio. Lo ocurrido en Michoacán hace unas semanas no se compara con el sitio que este gremio impuso al estado durante el gobierno de Gabino Cué, que incluso obligó al gobierno federal a tender puentes aéreos para la distribución de alimentos y medicinas, habida cuenta de que hubo comunidades que quedaron totalmente aisladas. Pues bien, con el ardid de que sea aceptada su propuesta de reforma educativa –el llamado Cártel 22 insiste en imponer el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO)- está preparando un paro de labores por tres días.
Lo hemos dicho a menudo: es un gremio que pervive estirando la mano, para recibir bonos, sobre-sueldos, incrementos, etc., pero jamás opera con reciprocidad, es decir, aportar la parte que le corresponde en materia de responsabilidad docente. Ha manejado la educación que imparte el Estado a su arbitrio durante 39 años y cuando el Estado ha respondido, se ha hecho la víctima para llamarse “reprimido”. En realidad, ni el Cártel 22 ni su matriz la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convencen al pueblo de México, que su movimiento es genuino.
Lamentablemente por lo que hemos visto hasta hoy, es que la CNTE/Cártel 22, son una especie de poder fáctico, cuasi criminal. Intimidan, extorsionan y chantajean a los gobiernos estatales y federal, con una habilidad pocas veces vista. Desde el año de 2012, cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto anunció la entrada en vigor de la Reforma Educativa, como la más importante de las reformas estructurales de su administración, la disidente Coordinadora se opuso. Se llevaron a cabo movilizaciones en la Ciudad de México, pero particularmente en Oaxaca. Ni mejorar la calidad de la educación ni asignarles mayor responsabilidad docente; ni evaluar el desempeño académico y laboral, les convenció.
Al magisterio oaxaqueño sólo le interesa mantener su nicho de confort y sus prebendas. Aunque no hicieron olas cuando la Federación, a través del gobierno de Cué Monteagudo les arrancó el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el 21 de julio de 2015, el conocido como Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO), arremetió con más fuerza y desde entonces se ha empoderado más, aprovechando el temor del gobierno para aplicar la ley.
Sindicatos delictivos
Cuando el gobierno de Alejandro Murat tomó la decisión de poner cotos a los sindicatos que controlan el transporte concesionado en Oaxaca, a través de los instrumentos legales que han tenido las autoridades, se creyó ingenuamente que ese mal estaba superado. Pero nos equivocamos.
El Sindicato “Libertad”, quien se dice está permeado por grupos criminales, hizo de las suyas el pasado viernes. En el pasado fueron los ajustes de cuentas, degüellos y ejecuciones de sus miembros entre “Libertad” y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ahora el enemigo a vencer es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), un gremio que al menos para los oaxaqueños, nunca ha tenido presencia en el estado. Pero por las razones que sean, ahí está.
El otorgamiento de un contrato para la ejecución de una plaza comercial desató los demonios y “Libertad”, ahorcó en más de diez puntos, la ciudad capital, con bloqueos que montaron sus camioneros, taxis y moto-taxis. Los oaxaqueños volvimos a vivir el infierno vial al que parece que ya nos estamos acostumbrando. Por fortuna, el operativo de la Policía Estatal apoyada por el Ejército Mexicano desactivó el insano propósito del chantaje del referido sindicato.
El gobierno de Murat Hinojosa ya no debe permitir otra vez, esta clase de atentados en contra de las garantías individuales y el derecho a la libre circulación. Debe irse sin temor alguno en contra de aquellos que a la menor provocación cierran carreteras o cruceros. Nos referimos a transportistas, maestros, normalistas o comuneros. Pero también en contra de aquellos que secuestran a servidores públicos.
Un asunto de corte electoral, que debe ser resuelto en los órganos jurisdiccionales correspondientes, es motivo para agredir físicamente a trabajadores, mujeres u hombres. Lo vimos hace unos días cuando pobladores de Santiago Xanica, pertenecientes a una organización denominada Consejo para la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), machete en mano, impidieron la salida de los (as) empleados (as) del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO).
Al día siguiente estuvieron en el edificio del Congreso del Estado y más tarde, intentaron hacer un teatro similar en la Ciudad Administrativa. Con gente como ésta no queda más que usar la fuerza del Estado y la ley. No hacerlo deja un pésimo precedente de impunidad y burla a la ciudadanía.
