Oaxaca enfrenta, al igual que su vecino Chiapas, un serio problema con los flujos migratorios que se han dado en los últimos tiempos. La más lacerada por este problema social y humanitario es la región del Istmo de Tehuantepec. La semana pasada, por ejemplo, se reportaron conductas agresivas de centroamericanos que vienen en Caravana, a su paso por Matías Romero. En efecto, más allá del lado estrictamente humanitario y a diferencia de las primeras caravanas, hoy la ciudadanía se ha mostrado más apática para ayudar a quienes han salido de su país en busca del llamado “sueño americano”. Ya no se ven con simpatía o tristeza como antes, en parte porque entre gente de bien viajan jóvenes o adultos que se dedican a robar, drogarse o a ingerir alcohol. Se ha notado asimismo, una actitud de desprecio hacia lo que la gente les puede regalar, como ropa o calzado. El arribo de cientos o miles de personas a comunidades pequeñas, no es algo que tengamos que aplaudir, pues al día siguiente de su estancia se advierte suciedad y basura. No se trata desde luego de una postura xenófoba ni discriminatoria, por supuesto, sino una realidad lacerante, de la que sólo obtienen beneficios o reconocimientos algunos, como es el caso del padre Alejandro Solalinde Guerra.
La ruta de los migrantes por la zona istmeña y en otras ocasiones hasta por la región de los Mixes o la Cuenca del Papaloapan, no es nada nuevo. Las oleadas ilegales buscan por todos lados evitar ser localizados tanto por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) como por las corporaciones policiales. Otros han encontrado que hacerlo por mar es más peligroso pero seguro en lo que respecta a las posibilidades de deportación, que cada vez se ha convertido en una remota posibilidad, porque el fenómeno se ve como algo normal e inclusive, legal. Obviamente no es así. El gobierno federal en la actual administración se ha visto demasiado tolerante con los flujos migratorios viendo solamente, como ya hemos dicho, el lado humanitario. Si bien es cierto que la migración es un fenómeno mundial, también lo es que en Oaxaca nos pega con más dureza que en otras partes del país o el mundo. Poco se sabe de ello, pero en la zona limítrofe con Chiapas, la población tiene muchas reservas en torno a los ilegales, pues su paso por esa región ha incrementado los robos, los asaltos y la incursión en ranchos ganaderos que son objeto de ilícitos.
Inversiones versus inseguridad
Llaman la atención los discursos del gobernador del estado, Alejandro Murat, en torno a la promoción que ha realizado para atraer al estado inversiones, particularmente de empresas extranjeras, aunque también nacionales. Está el caso de la Eólica española que invertirá en la zona del Istmo de Tehuantepec, más de 200 millones de dólares o la del Grupo Posadas, que construirá un hotel en Huatulco. Y decimos que llama la atención pues ello implica posibilidades de crecimiento económico y generación de empleos, rubro en el cual Oaxaca, más allá de los mensajes oficiales, está a la zaga a nivel nacional. Sin embargo, existe un factor que tal parece que no se toma en cuenta cuando de inversiones se trata. Y es el tema de la inseguridad que lacera duramente al Estado. Creemos que nadie en su sano juicio, no obstante la confianza que tenga en el gobierno, arriesgará sus capitales en una entidad que sigue fustigada por bandas delictivas locales o grupos de delincuencia organizada. Lo más grave es que la estadística criminal y de homicidios dolosos y ejecuciones se da en las regiones que mayores expectativas representan para la inversión: el Istmo y la Cuenca del Papaloapan.
Pero hay un ingrediente más que no es atendido por las autoridades estatales y a menudo lo minimizan: la soterrada protesta de maestros, comuneros, organizaciones sociales y otros que, a la menor provocación cierran carreteras o ahorcan el estado. Desde hace meses por ejemplo, no hay un solo día en que los istmeños puedan vivir en paz. Vecinos del Bajo Mixe, como San Juan Guichicovi o comunidades mixes han encontrado en la carretera Transístmica el desfogue de su frustración o el chantaje. Dicha vía a menudo está bloqueada. Sólo hay que imaginarse si se hace realidad el Proyecto que trae entre manos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que los transportistas y las empresas no tendrán paz. Cualquier motivo, así sea entre vecinos de la misma comunidad, es razón para bloquear la carretera. Un caso similar ocurre con el Puente de Fierro en la entrada de Santo Domingo Tehuantepec. Padres de familia, taxistas, moto-taxistas, empleados municipales, etc., ya lo tomaron como rehén, casi como los juchitecos con el llamado Canal 33. Por ello decimos que, de no aprobarse una ley que prohíba de una vez por todas el bloqueo carretero no tendremos esperanzas de salir del atolladero.
