Diversas medidas han sido aplicadas por el gobierno de Estados Unidos para tratar de atender el conflicto social que constituye la posible repatriación de los hijos de ciudadanos mexicanos radicados en la vecina nación que adolecen una situación migratoria irregular, pero que han nacido en aquel país, hablan inglés y han cursado estudios en la Unión Americana, los llamados dreamers.
Las implicaciones de una medida de esos alcances obliga a examinar algunos aspectos específicos de los dreamers como potenciales ciudadanos mexicanos, así como las medidas de política pública que habrían de tomarse a fin de preparar la llegada de tales personas a nuestro país y su inserción en la vida pública nacional. Uno de esos aspectos es el relativo a su ingreso al sistema educativo de nuestro país.
En el proceso de consolidación de las instituciones públicas se ha privilegiado el tema de la educación y de la formación de talentos que aseguren el desarrollo científico y tecnológico a fin de garantizar tanto la estabilidad en la transmisión del conocimiento como el crecimiento económico.
Oaxaca en el ciclo escolar 2015-2016 estuvo en el lugar 19 en matrícula de educación superior del país con un total de 77 mil 829 alumnos que incluye licenciatura y posgrado, lo que equivale al 1.8% del total nacional. Esto representa un 19.7 por ciento de la cobertura de jóvenes en edad de 18 a 22 años en la entidad, 16 puntos porcentuales por debajo de la cobertura a nivel nacional.
En materia de género, del total de la matrícula, el 48 por ciento fueron hombres y 52 por ciento mujeres, en tanto que por tipo de modalidad de los programas educativos el porcentaje de la modalidad escolarizada es de 92 por ciento, por encima del promedio nacional en seis puntos porcentuales.
En ese mismo ciclo escolar la matrícula de licenciatura, los egresados y titulados de las instituciones de educación superior de Oaxaca representaron alrededor del 1.9 por ciento de los totales nacionales para estos tres conceptos. La relación entre el número de titulados con respecto al total de egresados para este ciclo es de 66.1 por ciento, lo que representa que se titulan seis de cada 10 egresados, un titulado menos que el promedio nacional.
Acabar la impunidad
Es necesario erradicar de tajo la impunidad con que muchos dirigentes de organizaciones actúan, sin temor a ser aprehendidos para rendir cuentas ante la justicia por la serie de ilícitos cometidos. Esta situación que cada día irrita más a los oaxaqueños se debe combatir con la aplicación estricta de la ley, pues debido a su impuntual ejercicio aumenta el descontento entre la población que demanda el respeto de sus garantías.
Los oaxaqueños coinciden que uno de los mayores pendientes es la reactivación de la economía, pues las pérdidas económicas entre los prestadores de bienes y servicios siguen siendo muy severa. Las marchas, manifestaciones y actos vandálicos protagonizados no sólo por integrantes del magisterio sino también por organizaciones sociales merecen la aplicación puntual de la ley para empezar a desterrar estos actos que han quebrantado progreso y desarrollo.
En momentos en que la delincuencia parece ganar la guerra a los gobiernos es importante sumar esfuerzos, instituciones y sociedad, para impulsar resultados concretos, pues al margen de los atracos cotidianos es necesario desalentar la presencia de líderes de organizaciones sociales que han encontrado en la impunidad la mejor manera de cruzar la línea de la demanda social a la delincuencia.
Hoy no se puede entender la gestión pública sin la participación de la sociedad civil, que impulse y alimente la cultura de la legalidad como la vía para frenar la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción en México. Si bien los gobernados debemos cumplir la ley por convencimiento, la autoridad está emplazada a que con sus acciones ponga el ejemplo.
Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas y al mismo tiempo pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad.
Diversas voces se han alzado para demandar al gobierno federal su respaldo para garantizar la paz y seguridad que se requiere para la participación ciudadana, sino que este clima se generalice, porque la vida cotidiana de miles de personas se está viendo afectada.
Los oaxaqueños demandan seguridad física y patrimonial, tanto para la vida diaria porque todos salen a trabajar, tienen hijos en la escuela y quieren un ambiente sano lejos de la violencia, como por ser un elemento indispensable para alcanzar progreso y desarrollo.
