De nueva cuenta vuelven a aflorar los conflictos entre los sindicatos y mafias que controlan el transporte concesionado en Oaxaca. Desde hace tiempo dijimos que el hecho de tratar primero de darle cobijo a unos y después darles la vuelta y ponerlos contra la ley e incluso que grupos delictivos asesinaran a otros dejando al camino abierto para que se posesionara en Oaxaca la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), iba a traerle al gobierno de Alejandro Murat muchos problemas, se ha cumplido puntualmente. Sin embargo, en otra vertiente hay otros aspectos que se deben contemplar respecto a la protestas de concesionarios y operadores de taxis que en la semana protestaron bloqueando Avenida Universidad o las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOVI). Hay fuentes que revelan que les están cobrando cuotas excesivas que no corresponden a lo que establece la ley, adicionalmente, se oponen a los operativos en contra de los taxis piratas que ya pululan por todas partes. Y es que vuelve a aflorar algo que desde hace mucho se creía estaba ya superado: el conflicto entre sindicatos y mafias por el control de rutas y concesiones.
Lo anterior resulta contradictorio respecto a lo que afirmó hace unos días la inexperta titular de la dependencia, Mariana Nassar Piñeyro, a que no habría ninguna concesión más. La muestra del hartazgo respecto a ciertas modalidades, como las moto-taxis, por ejemplo, se han manifestado en algunas ciudades del interior del estado, como Pinotepa Nacional. En otras, es un exceso absurdo la cantidad de unidades que circulan, como por ejemplo Juchitán de Zaragoza. Y son grupos, organizaciones y sindicatos los que a sangre y fuego mantienen el control de dicho medio de transporte que, como ya hemos dicho, sirve para muchas cosas, menor para trasladar pasajeros de un lado a otro, sino para el trasiego de droga y otros delitos graves. Esta situación ha puesto en serio riego la gobernabilidad en la entidad. No obstante, tal parece que las autoridades no han discernido la dimensión de esta situación por la que atraviesa el sector transporte que, ya lo hemos dicho, es un serio asunto de seguridad estatal, pues parte de la inseguridad se cocina en el transporte concesionado.
Una visión sesgada
El pasado martes compareció ante el pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez. Luego de dar a conocer los avances obtenidos en dicha instancia autónoma y dar los pormenores respecto a los ilícitos que se cometen en la entidad, dejó en claro que la dependencia no tiene a su cargo la prevención ni, mucho menos, evitar la comisión de delitos, sino investigarlos y consignar a los presuntos responsables. Siempre hemos dejado en claro que la Secretaría de Seguridad Pública no cumple con su papel en la prevención de delitos, mucho menos en disuadir la comisión de robos, crímenes, asaltos y otros. En el salón de plenos del Congreso estuvieron decenas de personas que acudieron con pancartas y anuncios respecto a casos sonados de feminicidios, cuyos presuntos responsables están libres, como es el caso de la joven Sylvia Ivana Mingo, quien muriera de manera trágica cuando en presunto estado de ebriedad, el novio Alfredo Delgado Cervantes, chocó con un árbol, provocando la muerte instantánea de la joven, luego de lo cual fue materialmente abandonada en las puertas del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”.
Sin embargo, poco se repara en el papel que desempeñan en el nuevo sistema de justicia penal adversarial, los jueces de control, que son aquellos que al aplicar la ley de manera subjetiva, liberan a los presuntos responsables incluso cuando hay pruebas contundentes de su culpabilidad. Uno de los casos más sonados es el de uno de los presuntos autores materiales del asesinato de nuestra compañera periodista, María del Sol Cruz Jarquín, quien fue masacrada junto con Pamela Terán y otro persona del sexo masculino, en Juchitán de Zaragoza, el pasado 2 de junio de 2018. La Fiscalía detuvo a uno de quienes los elementos apuntaban a que era el responsable material. Pero por esas cuestiones de la justicia que se vende al mejor postor o se condiciona al momento político, el sujeto, pariente de cristianos de la zona de La Ventosa, Juchitán, fue liberado sin más. Un caso similar lo tenemos con el crimen ya citado de Sylvia Ivana. No es pues la responsabilidad sólo de la Fiscalía General del Estado, sino que hay que voltear a ver el papel de los jueces, muchos de ellos, verdaderamente corruptos. Aquí es donde se puede encontrar la hebra de la justicia diferida, manipulada, condicionada o politizada.
