Desde hace mucho tiempo, el transporte concesionado salió prácticamente de control del gobierno estatal. Los sindicatos y organizaciones que controlan el transporte de pasajeros, llámense taxis o moto-taxis, así como el acarreo de materiales pétreos y otras, se han convertido en mafias criminales que todo tratan de resolver por la vía de las armas. Si hiciéramos un recuento de los crímenes que se han cometido en la lucha por la supremacía y el control de este negocio, habría muchas sorpresas. El mejor ejemplo está en la familia Luis Martínez, cuyos miembros han sido prácticamente exterminados a balazos, luego de que mantuvieran el control de varias organizaciones como la Confederación Nacional de la Productividad (CNP), el Frente Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO) o el famoso Sindicato “Libertad”, regenteado por unos mozalbetes: los hermanos Luis Villaseca, herederos de los primeros. Es sabido por todos que en el transporte concesionado se incuba parte de la delincuencia organizada, que utiliza a los operadores para el trasiego de droga, el narcomenudeo, el cobro de extorsiones o secuestros. Lo hemos dicho una y mil veces: el transporte es un serio asunto de seguridad.
Lo anterior viene a cuento a raíz de una reciente declaración de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOVI), en el sentido de que no habrá una sola concesión más. Es importante recordarle que desde el informe de los primeros cien días, el gobernador Alejandro Murat afirmó una cuestión similar, habida cuenta de la anarquía y la violencia que se ha incubado en dicho rubro. No es pues nada nuevo declarar en ese sentido. Lo grave es cumplir con ese propósito y no caer en el juego tanto de dirigentes como de organizaciones que llegan a pedir concesiones de transporte como una vía para negociar con las autoridades. El gobierno estatal debe fajarse los pantalones para no permitir más excesos de parte de los transportistas ni de sus dirigentes. Las balaceras, los asesinatos y hasta ejecuciones que de manera enfermiza se han difundido en las redes sociales, son parte de un permanente ajuste de cuentas y la insatisfacción de unos contra otros. Ya es tiempo de que eso termine. Y ello se logrará en la medida en que haya mecanismos de regulación y orden, que meta en cintura a cualquiera que pretenda saltarse las trancas. Pero para ello, el gobierno no debe ceder ni una concesión más. Veremos si hay decisión en ello.
Nuestro derecho a vivir en paz
Una de las conversaciones comunes en mercados, casas particulares, parques, restaurantes, etc., es la manera tan ruin en la que los oaxaqueños estamos permanentemente secuestrados por turbas. Hoy los maestros, mañana los normalistas y pasado por comuneros de tal o cual población. Hoy es el Cártel 22, mañana marchará el Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui o Sol Rojo o el Frente Popular “14 de junio”, con el consecuente cierre de calles y avenidas. O tal vez otro día, lleguen los vecinos de Santo Domingo Teojomulco o San Martín Peras o de Santo Domingo Yosoñama, Zimatlán de Lázaro Cárdenas, San Sebastián Nopalera o San Juan Mixtepec. Los vecinos, azuzados por sus dirigentes no se conformarán con realizar una marcha, gritar consignas y suavizar a las autoridades para que les pongan una mesa de diálogo para que ellos planteen sus demandas. No. La costumbre ya se hizo hábito: bloquean calles, cruceros, carreteras, oficinas públicas, dejando encerrados a los empleados y acciones que en otras circunstancias podían ser equiparadas a un vil secuestro. Esto es: conculcan nuestro derecho a vivir en paz y desarrollar las labores que hacemos a diario, en nuestra propia casa.
De ello están más que enteradas las comisiones o defensorías de los derechos humanos, pero éstas ven todo de manera sesgada, sean oficiales o no gubernamentales, porque sólo observan cuando hay acciones de fuerza y no la flagrante violación a las garantías fundamentales de la sociedad en su conjunto, quien se ve acorralada por minorías. Es decir, los menos sometiendo a los más. Desde el aciago año de 2006, ya nadie quiere intervenir con mecanismos de fuerza, pues existe en el ambiente el Síndrome del gobierno represor, de tal suerte que quienes protestan y hacen acciones en contra de la ley, lo hacen en absoluta impunidad. Ejemplos sobran: hace unos meses vecinos de Teojomulco, armados de resorteras y hondas para lanzar piedras, prácticamente mantuvieron bajo acoso a empleados (as) de Ciudad Judicial. En virtud del cierre de los accesos, la mayoría tuvo que abandonar el complejo de oficinas por las alcantarillas. Hace unos días el fenómeno se repitió, mientras en el gobierno hacían cuanto podían para montar la famosa mesa de diálogo a estos patanes, que previamente habían puesto cadenas a las puertas. Eso, por supuesto, sólo ocurre en Oaxaca, en donde la ley es una simple ficción.
