Hoy 5 de febrero se conmemora el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada en el constituyente de Querétaro en 1917. Fue el corolario del proceso revolucionario de 1910, cuyo objetivo fue la creación de un marco normativo que dirigiera por la vía de la legalidad al país. Nuestra Carta Magna es considerada, por el gobierno y pueblo mexicano, como la representación de las más altas aspiraciones de los mexicanos, por medio de la cual se rige las relaciones entre los poderes, órdenes de gobierno y los ciudadanos. Habitualmente se designa el lunes previo o posterior al 5 de febrero -de acuerdo al calendario de cada año-, como un día feriado a nivel nacional. La Constitución de México es la ley fundamental de nuestro país, pues establece la organización política y social de su territorio, así como los derechos, libertades y deberes que tienen tanto los mexicanos como los Poderes de la Unión y los estados que integran la Federación o nación mexicana.
En la información obtenida en internet encontramos que la Constitución de 1917 entró a reformar, casi totalmente, la Constitución del 5 de febrero de 1857. Su primera aprobación fue otorgada por el Congreso Constituyente el 1 de diciembre de 1916; pasó a ser firmada el 31 de enero de 1917, cinco días antes de su promulgación y entró a regir a partir del 1 de mayo del mismo año de su promulgación, acto realizado por Venustiano Carranza. A lo largo de su existencia ha tenido centenas de modificaciones, algunas de ellas han cambiado el fin original y se ha transformado al ritmo de los tiempos y de las modas sexenales. Por ejemplo, con el arribo del gobierno llamado de la Cuarta Transformación, ya la Cámara de Diputados y Senadores han estado atareados buscando modificar artículos y adiciones para adecuarlos a la ideas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, partiendo de la premisa de que su prioridad es el combate a la corrupción y de que ambas cámaras siguen a pie juntillas sus decisiones. Ello desde luego, no es un fenómeno nuevo. Así ha sido desde el inicio del periodo postrevolucionario, más aún durante el largo período de la dictadura de un solo partido. Pese a ello, la Constitución de 1917 sigue como la directriz de nuestro sistema jurídico mexicano y es la norma en la cual se cimienta nuestra democracia participativa.
Radicalismo enfermo
Las escuelas normales han sido, desde inicios del siglo XX, instituciones en donde se forman grupos radicales y la guerrilla. Eso no es un secreto sino una realidad. Hay razón de que muchos de los jóvenes estudiantes de ambos sexos actúen de manera disparatada, a veces sin darse cuenta de que trastocan la ley y se convierten en vulgares delincuentes. Está por ejemplo el caso de alumnas de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan del Progreso, Oaxaca, que fueron sorprendidas saqueando camiones de mercancía de una conocida tienda departamental de la Ciudad de México, vaciando electrodomésticos y muebles. Luego del hurto y sorprendidas en flagrancia, la lideresa afirmó que lo decomisado “era para paliar la falta de alimentos”. Pero otras veces han sido sorprendidas asaltando materialmente camiones de mercancías que luego venden en diversas comunidades. Le han hecho segunda a las bandas de asaltantes que asuelan la región Mixteca, algunas de las cuales ya han sido desmanteladas. Otra de sus hazañas –y ello se ha generalizado en otras normales, como la ENUFI en el Istmo- toman por asalto las casetas de cobro en Huizo, Suchixtlahuaca o Ixtepec. Ahí cobran el peaje que resulta ser de muchos miles de pesos.
No obstante lo anterior, las autoridades sólo ven el actuar delictivo sin poder actuar. Las y los normalistas es encuentran prácticamente blindados ante las autoridades. Después del affaire Ayotzinapa y de la desaparición de los 43 normalistas, son sencillamente intocables. He ahí el porqué, de manera temeraria, la semana pasada prendieron fuego a la puerta del auditorio del Hotel del Magisterio, ubicado en la calle Niños Héroes de Chapultepec, en el barrio del Ex Marquesado, justo cuando sus preceptores y maestros realizaban su asamblea estatal. Se trata, desde luego, de un hecho que tiene que estar penado por la ley y una dura lección para que los radicales que están enquistados en el Comité Ejecutivo Seccional (CES) tomen precauciones. Las acciones de chantaje y sabotaje que cometen a menudo los grupos radicales del magisterio han tenido un buen aprendizaje en las escuelas normales. Ya vimos la forma en la que un grupo menor de “formadores de docentes” secuestran prácticamente a la ciudadanía de la capital durante al menos cuatro días la semana anterior. Si bien es cierto que su desaparición no se atisba en el horizonte en el corto plazo, no estaría por demás que las autoridades educativas monitoreen a dichas instituciones para evitar que se desvíen hacia el radicalismo enfermo.
