No puede ser calificado de otra forma, sino como un vil y abominable chantaje el ejercido por vecinos de la agencia municipal “Vicente Guerrero”, para cerrar el tiradero municipal y lograr del gobierno de Alejandro Murat, prebendas en las que ellos están sumergidos. Hasta dicho lugar llegó el ejecutivo estatal el pasado miércoles para dialogar con los inconformes, que están en contra de todo aquello que huela a Frente Popular “14 de junio”, encabezado por Francisco Martínez Sánchez, conocido como “Don Panchito” o “Pancho Mugre”.
Lo grave de todo ello es que las autoridades cayeron en el juego, pues no tarda en que los mismos esquemas del delincuente aludido serán puestos en práctica por quienes se erigieron en los salvadores de los colonos. En el fondo de todo -se sabe- hay intereses muy delimitados desde el punto de vista político y hasta criminal. Capítulo aparte merece la ausencia de negociadores oficiales y la parálisis que en materia de mantener la gobernabilidad detenta la Secretaría General de Gobierno, razón por la cual se ha arriesgado la presencia del gobernador en un territorio de violencia, a donde deberían acudir primero los subordinados que tienen a su cargo de las tarea de mantener la paz y el orden.
El tiradero municipal ha sido desde hace al menos una década, moneda de cambio de grupos y organizaciones que llegaron a poblar esa zona perteneciente a la Villa de Zaachila. La mayoría de ellos son invasores y paracaidistas. La regularización de la tenencia de la tierra -tenemos la certeza- no ha pasado por las colonias “Zapoteca”, “Guillermo González Guardado” o “Vicente Guerrero”. Esta última de manera extraña tiene la categoría de agencia municipal, tratándose de un asentamiento irregular.
La lección de chantaje que hemos padecido en los últimos días, con una ciudad llena de basura, debe llevar a las autoridades a reflexionar sobre la construcción de un nuevo relleno sanitario que no sea el resorte del arreglo político, en donde se siga imponiendo la ley de unos cuantos dirigentes corruptos y convenencieros. No se puede imponer la voluntad de unos cuantos, empecinados en afectar a la capital oaxaqueña justo cuando se observa la presencia de cientos y cientos de visitantes del país y el extranjero. El gobierno debe sentar un presente de autoridad y fuerza para desactivar acciones como éstas, que degradan a la autoridad, ante una recurrente apatía.
Hacer valer la ley
En ocasión del Día del Abogado, el gobernador Alejandro Murat, pronunció un discurso cuyo extracto puede servir como guía de lo que hace falta en Oaxaca. “Existen normas jurídicas -dijo- que cuando no se aplican se tornan ineficaces, una ley eficaz, fortalece el Estado constitucional de Derecho. Convoco al foro jurídico oaxaqueño a que conjuntamente construyamos la eficacia de las normas”.
El ejecutivo estatal, posiblemente sin querer, tocó uno de los puntos que más preocupan a la ciudadanía oaxaqueña: la nula vigencia en Oaxaca, del Estado de Derecho. Aquí no se puede hablar de ley, porque el término es, sencillamente, una falacia. Y lo hemos visto todos los días, con los constantes atropellos a los derechos civiles; afrentas a la paz social y a la gobernabilidad democrática. Es paradójico que en nuestro estado, en donde se forjó una generación de liberales encabezados por don Benito Juárez, que le dio sentido a la norma jurídica y contribuyó a hacer de México un país de leyes y de derecho, esto sea una falacia. El discurso de Murat Hinojosa debe calar hondo en su equipo de colaboradores, pero particularmente en la Secretaría General de Gobierno, que parece haber abdicado de su responsabilidad al dejar que la ciudadanía esté bajo la tutela y acoso de turbas de mentores fanáticos, normalistas vándalos, sindicatos criminales o colonos chantajistas.
No se trata pues de hacer escarnio público de lo que pasa en Oaxaca o tomar a guasa nuestra realidad lacerante. Nuestra insistencia aquí y en otros espacios es la crítica a la falta de voluntad política para aplicar la ley. Gobernantes y subordinados están materialmente enajenados con no ser tomados como represores; que se repita la historia del pasado y pasar limpios y sin mácula, aunque tengan la descalificación de un pueblo, permanentemente mancillado y vilipendiado. Ese síndrome es lo que ha afectado al menos a las tres administraciones, incluyendo ésta. Si lo que se trata es de reflexionar sobre la teoría del Estado o la doctrina del derecho, está bien. Lo que hace falta es aplicar esa doctrina y hacer eficaces las leyes para que tengan validez. Es evidente que una ley que nunca se aplica jamás podrá probar su eficacia. Quien gobierna debe sacudirse de una vez por todas, la gravitación y el temor del pasado. Cuando se haya agotado el diálogo la única alternativa racional es la aplicación de la ley, con la fuerza que sólo el Estado tiene.
