De no tomar el Cabildo Municipal de la capital oaxaqueña las medidas necesarias y urgentes para acotar el comercio en la vía pública, no hay duda que los espacios disponibles para el tránsito de personas y vehículos, se habrán de transformar en un gigantesco mercado difícil de controlar. Sorprende que quienes tienen sus negocios en los mercados “20 de noviembre” y “Juárez Maza”, no hayan protestado ante esta invasión urbana y silenciosa. Antiguamente, los días sábados de tianguis, se instalaba en las principales calles del Centro Histórico. Con el paso del tiempo el fenómeno creció de manera anárquica, hasta llegar a calles de Galeana y Mier y Terán. De igual manera ha crecido el comercio en la vía pública, no sólo en el primer cuadro del casco urbano, sino que se ha extendido de manera brutal. Por ejemplo, en el zócalo de la capital o la Alameda de León se pueden encontrar puestos no sólo de comestibles como elotes, esquites, hoy dogs o hoy cakes, por mencionar sólo unos cuantos sino también discos, fundas para celulares y uno y mil productos que también se expenden en los negocios establecidos.
La tarea pues para el edil Oswaldo García Jarquín y el Cabildo Municipal, no será fácil, pues también se toparán con la vendimia que han instalado en la vía pública y los pasillos del Palacio de Gobierno, los indígenas triquis, supuestamente desplazados. Aunque quienes tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son sólo unos cuantos, todos quienes ahí viven desde hace al menos tres años se asumen intocables. En efecto, las referidas medidas no sólo comprometen al gobierno estatal en salvaguardar su integridad física sino hasta tienen que mantenerlos y darles dinero cual si fueran becarios. Al calor de los abusos que cometen los triquis, en su afán de invadir más calles del Centro Histórico, las demás organizaciones y grupos de ambulantes insisten en copar por completo todo el centro de la capital, dando con ello un espectáculo deprimente y reflejo de la impunidad de los citados grupos. No obstante lo anterior, el Cabildo Municipal debe ir tomando las medidas pertinentes para evitar que los grupos que se han apropiado ahora de nuestras calles, ya no sigan incrementando sus membresías, pues al paso que vamos, en algún momento, todos seremos ambulantes.
Ilícito mortal
La explosión de un ducto en la comunidad de Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado viernes, cuando pobladores y curiosos llenaban sus garrafones de gasolina robada, entre ellos mujeres y niños, gozando del hurto a la paraestatal, hasta este domingo tenía un saldo preliminar de al menos 85 muertos y decenas de heridos. No es la primera vez que explota un ducto cuando los grupos criminales hacen su labor, tampoco que se hayan llenado de sangre al estar el combustible a exposición del aire y el fuego. Sin duda alguna se trata de una dura lección que debe servir a quienes viven de esta acción criminal y robo a la Nación. Sin embargo, es la hora en que el gobierno federal no da a conocer al menos una lista preliminar de algunos de los responsables de la ordeña de ductos, el robo de gasolina y su comercialización. El pueblo mexicano está obligado a saber en qué estaciones de servicio de gasolina se vendía huachicol y qué empresarios han estado coludidos con esta actividad ilícita, pues al comprar combustible robado, también participaban de manera indirecta en este robo a la Nación. Amén de la crisis que ha propiciado el desabasto y los accidentes como el ocurrido el pasado viernes, poco se sabe de los beneficios que ha tenido el gobierno federal desde que inició esta cruzada contra los huachicoleros.
Mucho hemos insistido en que las autoridades saben quiénes son los que roban combustible y en dónde lo hacen. No es difícil saber en qué comunidades del Istmo, la Cuenca del Papaloapan y la Mixteca, está enquistado el fenómeno del robo de combustibles. Tampoco las autoridades ignoran cuándo y a qué horas se cometen los hurtos. En muchos sentidos ha sido la corrupción la que ha hecho crecer este daño patrimonial al país y la responsabilidad de la compra de millones y millones de barriles de gasolina a los Estados Unidos. La perforación de ductos y los daños al medio ambiente, la flora, la fauna y al patrimonio del país, son en el Istmo algo común. Pero todo ello se hace en las mismas barbas de la Policía Estatal. ¿Cómo se explica por ejemplo que una ex presidenta municipal de una de las principales cabeceras haya abierto recientemente una estación de servicio, aún sabiendo las autoridades de que su familia está metida a fondo en el robo de combustible? Es decir, el ilícito se ha hecho con la complacencia o complicidad de las mismas autoridades, quienes en el mejor de los casos se han hecho de la vista gorda o simplemente no han querido intervenir en ejercer acción penal.
