A propósito del inicio de funciones de la nueva administración municipal, es prudente hacer un recordatorio sobre una de la más sentida demanda ciudadana de los últimos tiempos. En este espacio editorial hemos abordado la urgencia de que el gobierno de la capital oaxaqueña, desaloje –sin violentar sus derechos humanos- a indigentes y alcohólicos que prácticamente se han apropiado del zócalo de la capital. Gracias a ello, el corazón de nuestra bella capital se ha convertido en mingitorio y excusado de dichas personas dedicadas a la mendicidad. Hay asimismo adictos que viven consumiendo droga o alcohol y han hecho de ese espacio público un coto, en donde cualquier transeúnte es molestado, sobre todo las damas, que son objeto de majaderías y bajezas. Desde hace algunos meses diversas voces exigieron a la anterior administración municipal su desalojo. El argumento para no hacerlo fue que se estarían vulnerando sus garantías individuales. Es más, en diciembre, una indigente falleció en una de las jardineras. Se desconoce si por hipotermia o por homicidio. Días antes, las redes sociales se dieron vuelo para exhibir fotografías de sujetos alcoholizados orinando en las mismas jardineras o una mujer bañándose en una de las fuentes que sobreviven ahí.
Pero el zócalo no es el único espacio que el municipio debe recuperar. Hay otros lugares que pueden servir para construir parques, jardines o sitios de esparcimiento y que, por una aberrante decisión, se convirtieron en propiedad privada o de grupos. Uno de dichos espacios es el que se ubica junto al Parque del Amor. Se dice que un presidente municipal le otorgó a particulares el usufructo de dicho espacio. La muestra de ello es que se han construido casetas para venta de diversos productos. Más aún: algunos grupos vinculados con sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se apropiaron de miles de metros cuadrados en las riberas del Río Atoyac. Ahí, los dirigentes guardan unidades como camiones de volteo, pipas, maquinaria pesada, etc. Los terrenos fueron apropiados por particulares, sin que exista algún decreto o ley que desincorpore dichos espacios de la propiedad municipal. De haberlo, tendría que haber sido autorizado por el Congreso del Estado. Hay pues muchos espacios que el gobierno capitalino, recientemente en funciones, puede recuperar para beneficio de la comunidad.
Alto a feminicidios
Sería injusto soslayar que a diferencia de la administración anterior, en ésta se han tomado medidas más enérgicas en contra de los feminicidios, habida cuenta de que la Fiscalía General del Estado, ha logrado ya no sólo vincular a proceso a decenas de detenidos por este ilícito sino inclusive, sentencias condenatorias para los criminales. Sin embargo, pese a los buenos oficios, la muerte violenta de mujeres continúa en fase ascendente. Por ejemplo, la semana pasada se habrían cometido al menos seis delitos de esta naturaleza. El 31 de diciembre, antes de que comenzara el Año Nuevo 2019, dos mujeres aparecieron en un terreno de la comunidad de Chahuites. Se trató de dos hermanas que fueron asesinadas y sus cuerpos fueron arrojados a un terreno baldío. Esa misma noche, sujetos armados asesinaron a una mujer joven, junto a su bebé, en una ranchería de la Cuenca del Papaloapan, en tanto que una menor de siete años de edad, al estar jugando en el patio de su casa de manera inocente, fue alcanzada por una bala perdida. Ello ocurrió en Santa María Petapa. No obstante el auxilio oportuno del gobierno estatal al trasladar a la menor a la Ciudad de México en la ambulancia aérea, la víctima no corrió con suerte y falleció ante la imposibilidad de que la bala alojada en el cráneo le fuera sustraída.
La carrera criminal en contra de las mujeres siguió. El 4 de enero, cuando sujetos desconocidos asaltaban un autobús que cubre la ruta Juchitán de Zaragoza-La Ventosa, una mujer aterrorizada por dicha acción se arrojó del vehículo en movimiento, siendo canalizada para atención médica en donde finalmente falleció. Asimismo, en el crimen de quien fuera dirigente del Partido Unidad Popular (PUP) en la costa oaxaqueña y maestro afiliado a la Sección 22, su esposa resultó gravemente herida. Este panorama ilustra con pelos y señales que los feminicidios o muertes violentas de mujeres, no obstante la acción de las autoridades, sigue viento en popa y sin aminorar. Tal parece que un mal fario nos persigue en ese sentido, habida cuenta de que la estadística mortal sigue en ascenso. Es cierto, no somos una entidad aislada del contexto nacional en este tipo de delitos, pero sí hay aún cientos de feminicidios que no se han resuelto, no obstante la presión de las familias. Un caso emblemático es el de nuestra compañera María del Sol Cruz Jarquín, acribillada de manera cobarde por un grupo armado en Juchitán, el 2 de junio de 2018. A más de siete meses de distancia el crimen sigue impune.
