El anuncio que hizo la semana pasada el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, que dicha institución haría un recorte de 3 mil empleados de confianza cimbró una vez más la endeble confianza en el llamado gobierno de la “Cuarta Transformación”. De un día para otro se lanza a la gente a la calle sin más, igual que a fines del mes de diciembre a miles de empleados del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Esta situación traerá consigo niveles impredecibles de desempleo o subempleo, habida cuenta de que si en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo saben, la actividad gubernamental es la principal empleadora en este país. Si bien es cierto que las medidas de austeridad alcanzarán a casi toda la burocracia gubernamental, las mismas deben tomarse con prudencia antes de evitar –eso sí- un estallido social, porque detrás del desempleo estará la delincuencia o la economía informal. Nada hay tan grave como lanzar al trabajador que ha empeñado parte de su vida en servir en diversas áreas de la administración pública, a la calle, sin mayor argumento que recorte al presupuesto para el pago de servicios personales.
Se desconocen aún las medidas que se tomarán en otras dependencias del gobierno federal, en donde también prevalece la confusión y el doble discurso, pues por una parte se dijo que las delegaciones federales en las entidades federativas habrían de desaparecer, por la otra se siguen designando “delegados” y “representantes”. Es menester subrayar que de aplicarse la descentralización de las secretarías y dependencias federales a varios estados del país, como ofreció AMLO, habrá un nuevo conflicto laboral. Miles y miles de empleados, inclusive de base, habrán de renunciar ante lo que implica cambiar de residencia. En lo que no ha reparado el gobierno de López Obrador es que se está trastocando la tranquilidad del país con medidas absurdas y arbitrarias que parecen atentar en contra de los derechos fundamentales. Los despidos masivos son violatorios en todos los sentidos a las libertades y a la propia supervivencia de los mexicanos. Sean cuales fueren las razones económicas o de restricciones presupuestales, los despidos deben ser conforme a derecho y de manera escalonada. La soberbia no conduce a nada. La historia de este capítulo está aún por escribirse.
Aplicar medidas enérgicas
Una vez transcurrido el capítulo del “Día de Reyes”, el repliegue de los comerciantes en la vía pública y la ratificación en el Cabildo Municipal de no permitir más vendimia en el Paseo Juárez “El Llano”, el gobierno de la ciudad debe ir avanzando en la construcción de acuerdos que permitan darle una solución definitiva al problema del comercio informal. No se trata sólo de pequeños paliativos temporales que resuelvan de manera momentánea la situación, sino de instrumentar medidas enérgicas para evitar que el fenómeno siga creciendo. El directorio de ambulantes se multiplicó en la pasada administración, sin control alguno. Es decir, tal parece que hubo pactos, lo que hace presumir que luego de la licencia del ex edil José Antonio Hernández Fraguas, aparece en escena el tristemente célebre Hugo Jarquín, con la amenaza ante las autoridades, que tomaría las calles con su organización “Ocho Regiones”. Durante el bienio pasado, a este sujeto le concedieron un área de gobierno en donde impuso a una mujer. Se entiende que fue un pago por favores políticos dado que su participación en la contienda municipal de 2016, permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantener la presidencia municipal de la capital oaxaqueña.
El comercio en la vía pública –ya lo hemos dicho- es una Hidra de Lerna. Un monstruo con muchas cabezas. Varias organizaciones se disputan la supremacía y los dirigentes venden los favores a las autoridades. Eso no es nada nuevo, se ha practicado desde hace al menos 30 años. Justamente por ello, algunos organismos están perfectamente identificados con partidos políticos o segmentos de tales. Su pertenencia y participación les ha permitido seguir medrando de los espacios públicos con absoluta impunidad. Los dirigentes, tal cual los que controlan el Mercado de Abasto se asumen propietarios de los espacios públicos, pero además, son los que solapan ilícitos como el narcomenudeo, el robo y otros. En dicha zona tienen el control asimismo de los estacionamientos de los que lucran a placer, pese a tratarse de espacios que pertenecen al municipio. Cualquier acción que trate de emprender el gobierno de la ciudad siempre se topa con resistencias operadas por los mismos dirigentes. Es decir, no permiten que nadie ponga en tela de juicio sus cotos de poder. Hacerlo es desafiar a una fiera que moverá todo cuanto esté a su alcance para poner contra la pared a la institución de gobierno.
