El México que se construyó después de la Revolución fue un país de instituciones. La Constitución de 1917, con todas las reformas hechas a lo largo de las últimas décadas, establece claramente la división de poderes y el equilibrio entre los mismos. Sin embargo, entre los mexicanos hay preocupación. Tal parece que se quiere reinventar el país y destruir a las instituciones. El diferendo sobre los salarios, lo cual ha impactado duramente al Poder Judicial de la Federación (PJF) y a muchas otras instancias en donde trabajadores y funcionarios; jueces, magistrados y ministros, ganaban salarios superiores a cualquiera de los altos servidores públicos del Poder Ejecutivo, ha llevado a una confrontación entre dos poderes. El Ejecutivo –todos los sabemos- tiene bajo su mando al Legislativo. Sin embargo, la inestabilidad que ello ha prohijado, aunado a varias medidas autoritarias asumidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacen pensar que se avecina una fuerte crisis constitucional, en la que mucho tienen que ver senadores deslenguados y corifeos irresponsables. México no será otro si se trata de borrar el pasado de un plumazo. La seguridad, la paz social y la economía –dijo alguien por ahí- deben ser la prioridad y no el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya o la Refinería.
Existe pues en el país tensión, que no es lo que el pueblo esperaba. La gasolina no ha bajado un solo centavo y las expectativas creadas en las promesas de campaña parecen irse al vacío, ante una serie de medidas y declaraciones arbitrarias, sin sentido o hechas al vapor, que en nada contribuyen a forjar la anhelada paz y unidad que requerimos los mexicanos. Amenazas con desaparecer algunas instituciones que han nacido como una conquista de la sociedad democrática, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) o el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), enviar la iniciativa para abrogar la Reforma Educativa y por un lado arropar a los sindicaros charros y por otra, declarar que habrá que ir por ellos, denotan un doble discurso preñado de deseo de venganza y rencor. Nada, absolutamente nada se ha escuchado en los mensajes recientes que conlleven a pensar que hay que restañar heridas y resarcir agravios. Hay pues en el país preocupación. La demolición de las instituciones es de suma gravedad.
Minería: ¿Territorio prohibido?
Oaxaca es un estado con una gran riqueza minera. Hay yacimientos de minerales metálicos, no metálicos y algunos estratégicos como el uranio. Si bien ya se han otorgado muchas concesiones que actualmente operan en toda la entidad, en los últimos tiempos, grupos y organizaciones, de ésas que abundan en Oaxaca, con líderes venales y corruptos, han hecho declaraciones torpes y absurdas como aquella de que la entidad es “territorio prohibido para la minería”. La pregunta es: ¿y éstos a qué comunidades o municipios representan, que hablan en nombre de comunidades que ni siquiera han sido consultadas al respecto? El famoso convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que para explotar los recursos naturales de una comunidad, no se debe hacer de manera arbitraria, sino siempre bajo el consentimiento de la misma. En nuestra cultura, quien debe decidir sobre el destino de sus recursos, es la asamblea comunitaria, igual si se trata de explotar la energía eólica, que los productos forestales o los recursos minerales. La asamblea comunitaria es la máxima autoridad, ¿de dónde salen pues esos falsos redentores sociales que hablan en nombre de los pueblos y negocian a sus espaldas?
Como mencionamos hace al menos un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio un duro revés a una llamada Asamblea de las Comunidades Indígenas del Istmo de Tehuantepec, que se oponían al establecimiento de un parque eólico en el municipio de Juchitán. Los ministros demostraron que dicha autorización había sido objeto de una consulta comunitaria, la cual sí se había dado. Bajo esta premisa, los pueblos que tengan yacimientos mineros en sus territorios pueden autorizar su explotación. Oaxaca –insistimos- ha sido a lo largo de su historia un estado con grandes recursos minerales. Es un absurdo que los oaxaqueños de las zonas rurales sigan viviendo en la miseria, asentados sobre vetas de oro o plata. Se trata de banderas de sujetos sin escrúpulos que buscan el beneficio económico, a través de contratos con el gobierno o con empresas privadas. Las comunidades indígenas en su mayoría los tienen perfectamente identificados. Vividores y falsos redentores sociales. Desafortunadamente están metidos por todos lados, lucrando con una supuesta defensa de los derechos o los recursos de las comunidades indígenas.
