En 2001, a raíz de la realización de un seminario denominado: “Acceso a la información y democracia”, se dio cita en la capital oaxaqueña un nutrido grupo de periodistas, académicos, investigadores, editores y otros, que acudieron a la convocatoria del Dr. Ernesto Villanueva, a la sazón investigador de la Universidad Iberoamericana e impulsor de la temática referente a la transparencia y el acceso a la información pública. Participaron entre otros: Francisco Acuña, Juan Francisco Escobedo, Jenaro Villamil, Jorge Islas, Miguel Carbonell y otros más, aunque aquello que le dio verdadera fuerza fue la participación de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. (AME), que presidía Benjamín Fernández Pichardo, director y gerente general de esta casa editorial. El seminario fue sólo un pivote para cristalizar lo que sería el llamado “Grupo Oaxaca”, cuyos trabajos, cabildeo y labor institucional, habría de consolidarse un año después en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, promulgada en 2002, por el ex presidente Vicente Fox. El “Grupo Oaxaca” pues, se perfiló como el principal promotor e impulsor de la legislación al respecto, además de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy INAI.
El citado grupo concretó su lucha con un razonamiento nada complejo: había que acabar con la discrecionalidad y la secrecía en el quehacer público, para hacer realidad el derecho ciudadano a saber. He ahí el quid de la transparencia y el acceso a la información pública. Para los miembros del “Grupo Oaxaca”, se trató de una conquista de la sociedad civil, jamás de una gratuita concesión ni del gobierno, ni de los legisladores, mucho menos de los partidos políticos. Fue pues, una conquista ciudadana. Todo este espectro daría lugar a la creación en cada estado del país de los respectivos órganos garantes, algunos de ellos permeados por el autoritarismo gubernamental. De hecho, el órgano local que fue creado en el gobierno de Ulises Ruiz, fue otorgado en pago a favores políticos, lo que motivó serios cuestionamientos de nuestra parte. Hoy, a las 11 horas, en el Casino del Teatro “Macedonio Alcalá”, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), entregarán a los fundadores del citado grupo, un reconocimiento a su labor que, para muchos, no ha sido ponderada.
Municipios conflictivos
San Dionisio del Mar, población en donde habita el grupo étnico huave, conocido como Ikoot, se ha caracterizado por ser una comunidad violenta e ingobernable. Mucho ruido se hizo para la celebración de las elecciones extraordinarias para el cambio en el ayuntamiento de la población y de los esfuerzos del órgano, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), para llevar a cabo un proceso limpio, con civilidad y apego a derecho. Nada se pudo lograr. Desde el sábado pasado arribaron a la población sujetos armados, prestos a alentar la violencia y la muerte entre los huaves, identificados como miembros de la Asamblea Popular y manejados por COMUNA. Éste fue, entre otros, uno de los motivos por el cual el IEEPCO decidió suspender la elección, ante la imposibilidad de instalar las casillas para la elección correspondiente. Y no es la primera vez que esto ocurre. Hay que revisar sólo la historia de los comicios municipales para darse cuenta que dicha comunidad tiene un lastre de violencia e ingobernabilidad. Sin embargo, hay en este régimen una excesiva tolerancia con este tipo de actitudes y acciones. Nada, absolutamente nada, justifica que por un cargo en el Cabildo la gente pueda ser asesinada o herida.
Ya es tiempo de que el Congreso del Estado asuma su papel y de no haber condiciones para la elección, designar administrador o en su defecto, castigar conforme a la ley a quien trastoque o violente el clima electoral. Este municipio acaba de ser gobernado por una mujer joven. Sin embargo, el lugar de alentar la civilidad y la cordura la sumergió en un clima de violencia y confrontación. La población se polarizó en virtud de que existe un sinfín de intereses. Por otro lado, la Secretaría General de Gobierno no ha podido encontrar la forma de disuadir las formas de violencia que despliegan los grupos opositores. Sin embargo, con lo ocurrido el domingo pasado, se entiende que el IEEPCO ya hizo su mejor esfuerzo para llevar a cabo las elecciones extraordinarias, pero ante la situación que prevalece, hizo lo correcto en evitar un baño de sangre o un zafarrancho. Es más, se dio el secuestro de un empleado de dicho órgano, Edgar Jiménez, como medida de presión para que los grupos violentos lograran su objetivo. En opinión de muchos esta situación debe terminar. No es posible que un municipio, de pocos habitantes y en un universo de 570, ponga al gobierno estatal de cabeza.
