La terna de candidatos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) está conformada por tres abogados: dos han trabajado para Morena y han sido cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que otro fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México cuando el tabasqueño fue Jefe de Gobierno.
La terna presentada este jueves por el mandatario fue: la abogada Loretta Ortiz Ahif; Celia Maya García, magistrada del Tribunal de Justicia del estado de Querétaro – ambas colaboradoras de Morena – y el exmagistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, “esta terna anunciada genera ciertas dudas sobre los perfiles y su cercanía con el Ejecutivo Federal, lo que pone en entredicho su independencia”.
Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, procesos de designación que aseguren que jueces, juezas, magistrados y magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial.
Para el Observatorio, la terna de candidatos debe ser integrada solo por mujeres −para lograr reducir la brecha de desigualdad política por razones de género−, y con perfiles independientes.
“La asimetría entre los perfiles además de atentar contra la igualdad de condiciones impide contar con los mejores perfiles y sean equivalentes entre sí, con lo que se genere un amplio proceso deliberativos alrededor de sus méritos y capacidades”, alertó el Observatorio.
En opinión de Catalina Botero, integrante del panel y exrelatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la democracia no se fortalece si en la Corte hay una persona que es amiga del presidente o aliada de los partidos.
“Cuando el poder político no tiene freno puede abusar y termina pagando la ciudadanía al no tener jueces, ministros independientes”, comentó a Animal Político.
Para la designación del nuevo ministro, dijo Botero, el Legislativo debe exigir que se cumplan al menos tres requisitos: que sea una persona moralmente intachable; que técnicamente esté muy capacitada y sepa del manejo en derechos humanos, tener amplio conocimiento en derecho constitucional, y de perspectiva de género; además debe ser independiente del poder político.
Para Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, cualquier terna que se presente siempre va a ser susceptible a críticas.
“El Senado es el que decide y quien tiene que garantizar que el elegido guarde independencia del poder Ejecutivo. La cercanía con un partido indudablemente puede afectar la autonomía, y es algo que sin duda se tiene que discutir”, sostuvo.
Pese a tener cercanía con los candidatos, López Obrador dijo tener confianza en los tres y los calificó de personas honestas; además, señaló que los senadores elegirán al futuro ministro con toda libertad, ya que no dará ninguna línea.
En entrevista con Enrique Hernández para W Radio, Loretta Ortiz dijo que no ve un conflicto de interés en que siendo militante de Morena esté en la terna para ocupar un lugar en la Suprema Corte.
“(En caso de ser elegida) estamos asumiendo el cargo el comportarnos y esa es una de las funciones principales. (…) No creo que haya conflicto de interés”, aseguró.
Al cuestionarla sobre cómo analizaría las propuestas del presidente que llegarán a la Corte, explicó que estudiaría los proyectos desde el punto de vista constitucional y si no se ajustan a lo que dice la Carta Magna, procedería a la inconstitucionalidad.
Añadió que otros ministros han tenido cercanía con el partido político en el poder, y citó el caso de Eduardo Medina Mora, quien dijo, es cercano al PAN, pues fue procurador durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Tomaríamos el compromiso que implica el cargo, con independencia y autonomía”, aseguró.
Dijo que analizaría renunciar a su militancia a Morena si resulta elegida, aunque dijo, “no veo que sea un obstáculo, es un derecho político que tienen las personas”.
Estos son los candidatos propuestos por el presidente:
Juan Luis González Alcántara Carrancá
Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo una maestría y un doctorado. Tiene maestría en Derecho Corporativo en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y maestría en derecho Civil y Mercantil por la Universidad en Barcelona y en Tufts, de Harvard.
Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México cuando López Obrador fue jefe de gobierno (2000-2005).
Ha sido académico en instituciones públicas y privadas como la Universidad Iberoamericana y el ITAM.
Fue magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia capitalino
Esta es la segunda ocasión en que López Obrador nomina a González Alcántara Carrancá para ocupar un puesto en su gobierno. Antes formó parte de la terna para la Fiscalía General.
El abogado fue acusado de presunto tráfico de influencias, e implicado en un escándalo del exministro Genaro Góngora Pimentel relacionado con la pensión de sus hijos, en 2013.
González Alcántara Carrancá revocó la sentencia de un juez en materia familiar que determinó que Góngora Pimentel debía pagar una pensión mensual equivalente al 35 % de sus ingresos, es decir, poco más de 116 mil pesos mensuales −de los 350 mil que percibía al mes−, para sus dos hijos que padecen autismo, pero ordenó reducirla a 50 mil pesos.
En ese entonces Góngora Pimentel solicitó a un tribunal capitalino tomar en cuenta que sus hijos pertenecen a un estatus social “medio bajo”, que están enfermos de autismo, por lo que “están imposibilitados para divertirse”, según dio a conocer una investigación de Noticias MVS. Por pedido del ministro Góngora, González Alcántara también autorizó practicarle a los niños un análisis psicológico con el que pretendía corroborar un supuesto maltrato.
Ana María Orozco Castillo, madre de los dos hijos del exministro Góngora Pimentel, acusó a quien podría ocupar un cargo en la Corte de ser imparcial y de tráfico de influencias al ayudar a su amigo Góngora a reducir la pensión y luego quitarle a los niños. La queja por este asunto llegó a la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
Celia Maya García
La abogada y contadora Celia Maya García ha sido una colaboradora cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador desde antes de que Morena se constituyera como partido político, aunque no ha tenido ningún cargo dentro de éste.
En 2014, cuando Morena aún era una asociación política nacional – el paso previo para convertirse en partido – López Obrador describió a Maya García como “una mujer con muy buena preparación, es una abogada destacada, (…) se trata de una mujer con dimensión social y con honestidad”, de acuerdo con un boletín del movimiento.
Maya García coordinó en 2014 parte de la recolección de 2 millones de firmas para solicitar que se realizara una consulta popular en materia energética.
La abogada ha buscado dos veces la gubernatura de Querétaro: en 2003 por el PRD y en 2016 ya con Morena. En 2012 buscó un escaño en el Senado por la alianza PRD-PT-MC, pero perdió. Este 2018, volvió a contender, ahora por Morena, pero tampoco logró ganar, pues no encabezó la lista de primera minoría de su estado.
Durante su campaña destacó las propuestas del entonces candidato presidencial, López Obrador. En varios eventos pidió a los ciudadanos apoyar con el voto a los candidatos a legisladores de Morena, pues “López Obrador requiere del Congreso para poder gobernar y dar resultados de manera evidente y en el corto tiempo”, dijo, según el Diario de Querétaro.
Celia Maya es maestra en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal y en Impuestos por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde también estudió un Doctorado en Derecho.
En el servicio público se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro; Juez en Materia Civil titular del Juzgado Tercero de la ciudad de Querétaro y Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.
También ha sido docente en la UAQ en las facultad de Contaduría y Administración, en el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y en la Escuela de Derecho del Instituto Liceo de Estudios Superiores.
Loretta Ortiz Ahlf
Es cercana a López Obrador, y junto con su esposo, el consejero para la Constitución moral, José Agustín Ortiz Pinchetti, ha apoyado a López Obrador desde la primera vez que se postuló para presidente de la República.
Ortiz Ahlf fue diputada federal por Morena en 2013, y durante el periodo de transición fue designada por el presidente López Obrador como coordinadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional, promotora de la criticada propuesta de amnistía a criminales.
La doctora Ortiz fue abogada de varias quejas por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vinculadas con la violación del derecho de voto por el fraude de 2016, de acuerdo con su currículum, publicado en el sitio web de Andrés Manuel López Obrador.
Ortiz es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad a Distancia de España, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, donde se desempeña como docente desde 1979.
También trabaja como profesora en la Universidad Iberoamericana de la licenciatura y maestría en Derechos Humanos desde 1981 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.
Es la cuarta mexicana en impartir un curso en la Academia de Derecho Internacional de la Haya en 2012, sobre derechos de indocumentados, y actualmente es la responsable del Área de Derechos Humanos y Migrantes del Servicio Social de la Universidad Iberoamericana.
Anteriormente se desempeñó como Directora Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como asesora de la Dirección General Adjunta del Banco de México y fue consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Cómo se elige a los ministros
Los candidatos comparecen ante la Comisión de Justicia del Senado, la cual elige a un candidato. La propuesta se envía al pleno, donde los legisladores votan por cédula (de manera anónima en una urna).
Para ser designado ministro de la Suprema Corte debe obtener las dos terceras partes de los votos de los presentes en la sesión. El Senado tiene 30 días para resolver y votar.
Si la Cámara Alta no lo hace, se designará como ministro a la persona de la terna que elija el presidente, detalla el artículo 96 constitucional. Si el Senado rechaza la terna propuesta, el presidente enviará una nueva; si esta también es rechazada el titular del Ejecutivo podrá elegir al nuevo ministro.
