De manera inédita a la vida institucional de Oaxaca, los homicidios dolosos se han disparado en los últimos tiempos. Hay colegas periodistas que han documentado cerca de 800 crímenes de enero a octubre de este año. Las ejecuciones han estado a la orden del día. Por ejemplo, el miércoles 21 de noviembre se cometieron en un solo día al menos diez homicidios, incluyendo el de seis personas de una sola familia, que fueron acribilladas cobardemente en el interior de su domicilio en la Colonia María Luisa de Tuxtepec. Por la mañana del mismo día, un joven abogado oaxaqueño, que trabajaba para una empresa que genera energía eólica fue asesinado en el interior de su vehículo en La Ventosa, justo cuando se dirigía a la empresa. En fin, el catálogo de crímenes es impresionante. Lo grave de todo ello es que sólo forman parte de estadísticas, pues los responsables jamás son encontrados y menos castigados. Se insiste por ejemplo en que los crímenes que se cometen en Tuxtepec son producto de la vecindad con el estado de Veracruz, dado que sicarios y miembros del crimen organizado se vienen a vivir a territorio oaxaqueño, sin embargo, los asesinatos y ejecuciones se cometen en nuestro estado y ello ha generado no sólo preocupación sino terror en nuestra antes tranquila región de la Cuenca del Papaloapan.
Algo similar ocurre en el Istmo de Tehuantepec. Juchitán de Zaragoza sigue siendo un vertedero sangriento. No importa si son hombres, mujeres, niños o ancianos quienes son sacrificados. La saña con la que se asesina no tiene límites. Y es la inseguridad lo que puede hacer abortar cualquier proyecto gubernamental de gran envergadura como es el Proyecto Transístmico del que ya hemos hablado. En tanto no se dispongan de operativos policiales o mixtos, para otorgar seguridad a las inversiones y a la ciudadanía, cualquier buen propósito gubernamental se estampará con un mapa criminal sin solución. Los grupos que pululan y operan en la zona istmeña están bien identificados. Tienen vertientes en el robo de gasolina, cuyas operaciones están focalizadas en comunidades como Asunción Ixtaltepec, Chivela, Santa María Petapa, Rincón Antonio, Matías Romero, y otras comunidades más. Ante la impunidad con la que operan dichos grupos criminales, con la evidente complicidad policial, el crecimiento en lugares de ordeña de ductos ha crecido de manera exponencial. Sólo en los dos o tres últimos años, los sitios en donde se extrae combustible se han multiplicado.
Afrentas al Pacto Federal
Con un Congreso cautivo, como en los peores tiempos de la dictadura de un solo partido, el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, ha tomado actitudes en realidad cuestionables. Por ejemplo, la designación de los llamados súper delegados, que serán distribuidos en todo el país, con atribuciones que vulneran el Pacto Federal, así como la autonomía y la soberanía de los estados de la Unión. No se trata de algo simple. Es una afrenta a la vida institucional y democrática del país. Más lo es, otorgarles poderes meta-constitucionales como ser por ejemplo, los responsables en materia de seguridad, además de representar al presidente del país, en el manejo del presupuesto que se otorga a cada entidad en el ámbito de los programas federales. La respuesta de los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) no se ha hecho esperar. Se trata de una política de agresión a los poderes estatales constituidos. La respuesta fue más contundente, luego de la declaración del controvertido senador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien emplazó a los gobernadores a aceptar a los llamados súper-delegados o atenerse a las consecuencias, “pues desde el Senado se puede decretar la desaparición de poderes”.
Hay pues tanto en el Congreso de la Unión como en el equipo de gobierno y aún en la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), un intento insano de agredir a la sociedad y a los poderes establecidos, porque independientemente que estemos ante un escenario de partido único, ello no implica atropellar los derechos de los estados que conforman el país. Por supuesto que los aludidos súper delegados están fuera de la ley; que son figuras que no emergen de un proceso electoral sino que son nombradas de manera directa en las atribuciones que le corresponden al presidente de México. Pero ello no implica que cualquiera pretenda avasallar a los poderes estatales, con el ardid de que si no los aceptan pueden desaparecer los poderes. Hay pues en el equipo de López Obrador un intento insano de jugar con fuego; de trastocar la vida institucional del país; de pretender con el bono democrático demoler –valga la redundancia- la vida democrática del país. Esperemos que esto no sea sólo una llamarada de petate y que durante el arranque se vaya corrigiendo el rumbo. Antes de iniciar ya se han cometido varios errores. Algo nunca visto en el país, pero que puede traer consecuencias funestas.
