La crítica ciudadana que se volcó sobre la administración de Alejandro Murat luego del II Informe de Gobierno, fue en el sentido de que urge ya el manotazo del ejecutivo estatal para que su equipo deje la modorra y la comodidad o, en su defecto, que se hagan los cambios y enroques necesarios para tener en el gabinete a personas comprometidas con los problemas de los oaxaqueños. No ha sido la primera vez que diversos sectores sociales y opiniones confluyen en que el equipo gubernamental no ha estado a la altura de las necesidades de los oaxaqueños. Y no es algo fortuito. Áreas claves como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) o el Comité de Planeación para al Desarrollo del Estado (COPLADE), entre otras, requieren de nuevos aires. Quienes han estado al frente definitivamente no han respondido ni a las expectativas ciudadanas ni, mucho menos, al compromiso y confianza del gobernador. Y sólo mencionamos dos áreas, pero hay otras más que urgen de cambios en su estructura o de titular. De esta suerte, la responsabilidad de que haya vacíos y pendientes ante el pueblo, es compartida entre el ejecutivo y su equipo de trabajo que, como ya hemos dicho, definitivamente no ha funcionado.
Entre las críticas que se han vertido, figura también la tendencia de corrupción que sigue permeando en ciertas áreas, sobre todo aquellas ligadas a la construcción. En el pasado, mucho se criticó al gobierno de Gabino Cué haber privilegiado a menos de diez empresas, todas foráneas, a quienes se le encargaron las principales obras. Con cinismo decía el ex titular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Netzahualcóyotl Salvatierra, que “se había beneficiado al 90% de las constructoras locales”. Lo que no decía que era con sólo con el 10% del presupuesto. Pues hoy, tal parece que siguen las mismas prácticas, además de pedir el clásico “moche”. Las denuncias están a la orden del día sin que se sepa de responsables o acciones enérgicas frente a esta situación. Hay pues necesidad de un ajuste y evitar que dichas prácticas sigan permeando y afectando la imagen del actual régimen, que ha iniciado ya su segundo tercio de gestión. Un balance estricto sobre lo que cada quien ha hecho en su área de competencia, podría dar luz a quien manda para tomar las decisiones adecuadas.
¿Y los corruptos del pasado?
Uno de los temas que parecen haber pasado ya en el ánimo del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa es el ofrecimiento de llevar a prisión a los corruptos del pasado. En efecto, salvo Germán Tenorio Vasconcelos, ex titular de los Servicios de Salud en el estado, al menos otros tres de los ex titulares detenidos por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos, llevan el proceso en su casa. ¿Y los demás? Nadie sabe. Uno de los factores que ha incidido en que no rindan cuentas ante la justicia es el pésimo papel que ha jugado en esta trama el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, quien se pasea por todas partes con un ostentosa escolta de elementos policíacos, pero paradójicamente se queja de que no tiene personal a su servicio para emprender las tareas de investigación en expedientes, sobre los malos manejos en la pasada administración. Se sabe que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental tiene ya listas decenas de expedientes para ser consignados ante la Fiscalía. No obstante, las cosas no caminan, justamente porque no existe interés en ir por los corruptos. Pretextos no han sobrado para justificar la impunidad.
Recientemente el Senado de la República aprobó una importante iniciativa que tiene que ver con la extinción de dominio, con lo cual se pueden asegurar propiedades y bienes de quienes hayan incurrido en actos de corrupción. Tampoco se sabe de procesos resarcitorios para recuperar parte de lo que quienes han sido señalados de corruptelas se agenciaron. En fin, se trata de uno de los capítulos pendientes en la agenda gubernamental, que tiene que ser desahogada para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones, pues en el imaginario colectivo existe una tesis muy difundida: hubo arreglos con el pasado para no consignar a quienes quebraron prácticamente el erario estatal, cuyos efectos han sido letales en la actual administración. Dejar pasar esta situación impune, algo tiene de complicidad. Se trata de un quebranto que de manera conservadora se estima en 14 mil millones de pesos, pero que algunos estiman en más del doble. Y es el saqueo más grande que se haya cometido en contra de las arcas estatales, con lo cual, el actual gobierno pudo haber emprendido cientos de acciones de educación, salud, vivienda, desarrollo social y otros. Hay que ir hacia delante pues y no dejar este crimen de lesa humanidad en la absoluta impunidad.
