En los últimos 10 años Oaxaca creció en promedio 2 por ciento anual, mientras que el país lo hizo a un ritmo de 2.4 por ciento, posicionándose como el quinto estado con la menor tasa de crecimiento durante ese periodo. La producción en Oaxaca ha estado caracterizada por amplias variaciones en sus tasas de crecimiento, alcanzando un máximo de 5.9% durante el cuarto trimestre de 2011 y un mínimo de -4.5% durante el segundo trimestre de 2009.
Si bien las Zonas Económicas Especiales (ZEE) parten de la promesa del sexenio de incrementar la productividad y son una oportunidad para elevar la productividad laboral en Oaxaca desde ambos ámbitos, la principal tarea del gobierno federal y de la administración estatal durante los próximos meses será definir la estrategia de implementación que cada estado en específico requiere para incrementar su productividad laboral, en lugar de asumir que el mismo diseño funcionará con todos por igual.
Tienen el acierto de enfocarse en eliminar la brecha de crecimiento y productividad que divide al norte y sur del país, pero la debilidad de ser una política que pretende utilizar la misma fórmula para impulsar a todos los estados donde será aplicada. Ahora hay que conocer cómo se van a operar, en especial en nuestra entidad en donde muchas inversiones se han frustrado por la incursión de organizaciones sociales que lejos de promover su inserción en el desarrollo y progreso se han opuesto a los proyectos.
La estrategia para que Oaxaca logre mejorar sus indicadores económicos debe tener como base el impulso a la productividad laboral. Actualmente, un trabajador en Oaxaca produce el equivalente a 70 pesos por hora trabajada, mientras a nivel nacional cada hora trabajada genera un valor de 133 pesos. Es necesario definir claramente el enfoque que debe tener el impulso en productividad en cada estado para que se traduzca en beneficios de largo plazo.
La pobreza laboral en Oaxaca se incrementó durante la última década y se ha mantenido como el segundo estado con el más bajo desempeño en este indicador, de ahí que el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral pasó de ser 59.7 por ciento de la población del estado en 2006 a 63.2 por ciento el año pasado. Hoy existen casi 446 mil personas más en pobreza laboral que las que había hace 10 años con el reto de dar respuesta a quienes ya están en edad de incorporarse a las tareas productivas.
Malas señales
Es indudable que los oaxaqueños hemos sido excesivamente tolerantes con los tres órdenes de gobierno que han permitido la impunidad, la violencia y la percepción de que en nuestro México y en especial en Oaxaca cualquiera puede violar la ley sin recibir castigo. Ha llegado el momento de exigir la cabal aplicación del Estado de Derecho para evitar que las acciones beligerantes de organizaciones sociales y sindicatos generen un ambiente de inquietud y confrontación.
Desde hace mucho los oaxaqueños nos hemos colocado con una pésima imagen que repercute sensiblemente en los esfuerzos para recuperar la estabilidad y paz social, pues los malos ejemplos se han colocado por encima de las cosas buenas que se hacen para trascender. Tan es así que hoy dos o tres personas violentan los derechos de terceros al bloquear calles, tomas carreteras y retar a las autoridades con ilícitos como el secuestro de personas en oficinas públicas.
Los derechos humanos han sido violados de forma reiterada a los oaxaqueños, el derecho a la salud y a la vida, derecho al trabajo, a la educación, a la alimentación, a la propiedad y derecho al libre tránsito. Un cúmulo de agravios que sólo se podrán resarcir cuando haya la voluntad del gobierno federal a respaldar las acciones de la administración estatal, en especial cuando los grupos radicales de la Sección 22 de la CNTE persisten en cometer actos al margen de la ley.
De poco o nada ha servido denunciar públicamente las afectaciones ocasionadas por el movimiento magisterial, que se resiste a perder prebendas y privilegios, como tampoco insistir en presentar una denuncia colectiva en la que se exija a la CNTE la reparación de todos los daños y perjuicios generados a todas las empresas o personas físicas con actividad empresarial. Arropados en la impunidad siguen y actúan en franco agravio de la sociedad oaxaqueña.
El año pasado se presentaron ante las autoridades judiciales juicios de amparo contra las acciones de la CNTE y por las omisiones de las autoridades municipales, estatales y federales que violan los derechos humanos. Y como siempre sucede no pasó absolutamente nada y por eso los grupos de presión y chantaje deambulan arropados en la impunidad y la corrupción.
