Si bien han pasado casi dos años de que inició esta administración gubernamental, los efectos de la descapitalización que dejó su antecesora, siguen afectando la labor gubernamental. Es cierto que ya la ciudadanía no comparte la tesis de que la culpa de todo la tiene el de atrás, pues se presume que se ha puesto a prueba la capacidad de gestión y negociación del actual gobierno. He ahí el por qué no obstante lo que se dice en los discursos oficiales, sigue habiendo hospitales sin medicinas ni atención en casos de emergencia, como es el caso del dengue, del que comentamos la semana pasada. La prueba fehaciente de la pobreza presupuestal se ha puesto de manifiesto en la incipiente labor de reconstrucción luego de los sismos de septiembre de 2017, que devastaron la zona del Istmo de Tehuantepec. La semana anterior, más por fijación política y ambición personal que en realidad querer cumplirle a sus paisanos, la presidenta municipal de Juchitán de Zaragoza, mantuvo en la capital oaxaqueña, durante dos días, su protesta para que el gobierno de Alejandro Murat le entregue una cantidad exorbitante de millones de pesos para atender, supuestamente, a los damnificados de la población teca.
Sin embargo, el problema no es sólo atender el gravísimo rezago en la reconstrucción y rehabilitación de decenas de municipios istmeños, sino hacer frente a la cuestión cotidiana en la tarea de gobierno. Es inconcebible que a punto de cumplirse un año, a los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), no se les haya cubierto el aguinaldo que por ley les corresponde o que a los empleados de confianza del Tribunal de los Contencioso, Administrativo y de Cuentas, no se les haya pagado su salario durante un mes. El pasado viernes, trabajadores del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física y Educativa (IOCIFED), tomaron las oficinas de la misma pues tampoco les han cubierto sus emolumentos. Una situación similar jamás se había dado en Oaxaca, ni en los peores momentos de los gobiernos anteriores. Lo que sí se advierte es un burdo soslayo a los que pasa en la entidad, de parte de funcionarios que ni conocen ni saben, mucho menos entienden la idiosincrasia del oaxaqueño común. Negarle el salario justo a un trabajador que lo ha devengado, es un delito de lesa humanidad, pero además, la retención de salarios está tipificado como un asunto de corte penal.
Industria mezcalera entrampada
La lucha de los productores de mezcal, los verdaderos mezcaleros de Oaxaca y de las regiones en donde se produce el destilado, por frenar la denominación de origen que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a Aguascalientes, Estado de México y Morelos, parece haber dado un giro inesperado. Hay que recordar que la inconformidad surgió de manera tardía, pues era ya sabido que más estados estaban siendo considerados por la Secretaría de Economía federal como productoras de mezcal ya agave. Hasta una marcha se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la que participó el gobernador Alejandro Murat. No obstante tal parece que ello fue como picar el avispero. De inmediato empezó un proceso de descalificación de la protesta de los mezcaleros oaxaqueños. La controversia constitucional que se interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue rechazada por inconsistencias, además de que la misma dependencia federal contribuyó a empañar más el horizonte de nuestra bebida ancestral. Más aún, tal parece que el panorama se ha complicado más de lo esperado, pues ahora los estados autorizados por el IMPI han iniciado su propia lucha jurídica.
A todo lo anterior hay que agregar la división que existe al interior de los mezcaleros. Por una parte, un grupo del llamado “sistema producto”, optaron por desconocer a Hipócrates Nolasco Cancino, presidente del Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam). Por otro lado, existe una Cámara Nacional de la Industria del Mezcal (Canaimez), que tampoco hace equipo con el citado consejo ni con otras organizaciones. A todo ello hay que agregar la aparición de organizaciones y uniones de productores en las diversas zonas en donde se produce nuestra bebida más tradicional. Bajo esta premisa difícilmente nuestra industria mezcalera podrá dar la batalla jurídica ante un panorama incierto y complejo, sobre todo porque la tendencia es abatir la producción artesanal y convertirla en una industria de mayor envergadura, ahora que ya las grandes trasnacionales del alcohol y el vino pusieron en la mira el mezcal. Hay que reconocer que nuestra defensa fue tardía y torpe. Ante el revire de la SCJN habrá de explorar nuevos caminos y alternativas que vayan más allá de la protesta callejera o mediática. Hay pues mucho por hacer, pero divididos y enconados; en un panorama que cada quien quiera llevar agua a su molino, la lucha será inútil.
