El sistema de extradiciones mexicano es sumamente benévolo, tanto así que Javier Duarte de Ochoa prefirió dar el beneplácito para ello, antes que seguir luchando desde una cárcel de Guatemala contra los delitos de los que se le responsabiliza.
Sabe que en una cárcel mexicana, sin importar de cual se trate tendrá mejores condiciones de vida que en algina del extranjero, sobre todo por las riquezas acumuladas en el ejercicio de sus funciones.
El sistema carcelario mexicano ha mostrado sus fisuras, tantas que las fugas son constantes, algunas de personajes de la delincuencia organizada y otras más de delincuentes comunes que en masa logran escaparse de los reclusorios.
Con dinero, se ha mostrado una y otra vez, las condiciones de vida en los reclusorios son placenteras, ya que se tiene acceso estándares de lujo en las celdas, teniendo, incluso, hasta bares.
Todo eso lo sabe Javier Duarte de Ochoa, quien debe ser considerado como un reo de alta peligrosidad, con riesgo de fuga, basado en la fortuna personal con que cuenta y que podría abrirle las puertas de cualquier prisión, como sucedió en otros casos. Incluido el de Joaquín Guzmán Loera, quien logró fugarse de dos reclusorios de alta seguridad.
Sin embargo, la seguridad que tiene Duarte de Ochoa de que los delitos de los que se responsabiliza son fáciles de desmentir es lo que le hizo aceptar su traslado a México, vía la extradición.
Lavado de dinero y delincuencia organizada son los dos delitos fincados por la Procuraduría General de la República a los que tendrá que responder el exgobernador de Veracruz quien se encuentra consciente que tiene los argumentos para rebatirlos.
Es cierto que existen otra serie de delitos que le son imputados por el gobierno de Veracruz, pero la extradición se basa en los federales y son los que tendrá que responder en una primera instancia.
Pero si de algo está cierto Javier Duarte de Ochoa es que dependiendo de los abogados y de lo que esté dispuesto a invertir en su defensa, será su estancia en prisión.
Hay claros ejemplos de que los políticos y los empresarios son una clase aparte que en poco tiempo salen de prisión a gozar del dinero, eventualmente, mal habido que los llevó a sufrir de prisión por un tiempo.
El proceso de extradición es aceptado por los presuntos responsables de diversos ilícitos, ya que saben que los delitos que les son imputados, son, generalmente, vinculados con fraudes, lavado de dinero, desvío de recursos, peculado, etc., por los que purgan unos cuantos años de cárcel, incluso la mayoría de las veces, salen sin ser sentenciados.
Los ejemplos abundan, ya que se trata de sujetos buscados por el todo el mundo, con alerta roja de Interpol que ni siquiera se ocultan bien, pero que, extrañamente, se vuelven ilocalizables para las autoridades.
En México se hace escándalo con ellos y se convierten de héroes en villano, en una fracción de minutos.
Son empresarios que saltan e la medianía de sus vidas, algunos de ellos viven con lujos, pero nada comparable a los imperios que construyen en unos cuantos años (sexenalmente) y aunque son detenidos, encarcelados, al poco tiempo salen a disfrutar de enormes fortunas que no les son decomisadas o incautadas.
Los escándalos por supuestos fraudes cometidos por poderosos empresarios y empresas nacionales y transnacionales son pan de cada día y sin embargo, ellos siguen haciendo negocios con gobierno y particulares, sin mácula de sus empresas o nombres.
Solamente como un ejemplo se encuentran algunos casos como OHL México, al que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó con 71.7 millones de pesos.
Wal-Mart fue culpada de cohecho para acelerar permisos en la apertura de tiendas hace una década, mientras que Grupo Higa fue señalada en una denuncia ciudadana por posible conflicto de interés en su relación con la Presidencia de la República.
Oceanografía y sus directivos se vieron envueltos en un escándalo millonario, donde el empresario Amado Yáñez Osuna, señalado como uno de los presuntos responsables enfrenta el juicio en libertad, merced a una fianza de 7. 5 millones de pesos.
Eduardo Legorreta, hermano de unos de los dueños de Banamex fue acusado a finales de los 80 de fraude por administración y violación a la Ley del Mercado de Valores.
Los anteriores son grandes empresarios o empresas que enfrentaron la acción de la justicia en territorio nacional, sin necesidad de ser extraditados.
Hay otros como Ángel Isidoro (El Divino) Rodríguez que si fue extraditado y al poco tiempo de ser traído a México obtuvo su liberación.
Carlos Cabal Peniche, otro empresario que creció desmesuradamente en menos de una década fue extraditado y ahora es de nuevo próspero empresario.
En cuanto a los políticos, Arturo Durazo Moreno, exjefe de la policía capitalina, fue extraditado de Puerto Rico y cumplió una condena de ocho años.
Pocos son los casos de políticos extraditados, aunque actualmente Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá, podría seguir el mismo trámite en poco tiempo, mientras que Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, será extraditado de Italia, pero con destino a Estados Unidos.
Habrá que ver en los meses siguientes lo que sucede con Javier Duarte de Ochoa y si es cierto que tiene las pruebas para refutar las acusaciones que le fincó la PGR y las que a su vez dice tener el gobierno de Veracruz, las que fueron consideradas como irrisorias por el propio Javier Duarte de Ochoa.
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