Más que la falta de recursos o las dificultades técnicas, el principal obstáculo que ha tenido la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos ha sido “la poca responsabilidad que han tenido los gobiernos”, señaló David Cervantes Peredo, seleccionado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como responsable del Programa de Reconstrucción Nacional.
Luego de su participación en la gira de agradecimiento del presidente electo en Ciudad Ixtépete y Juchitán de Zaragoza, Cervantes señaló a EL IMPARCIAL que en el caso de Oaxaca, la inacción oficial ha agravado la situación de los damnificados a más de un año del sismo.
“La magnitud de los daños fue enorme y más ahora que a un año no se han hecho las cosas, las afectaciones a los pobladores de las comunidades son mucho mayores”, expresó.
Asimismo acusó que el equipo de transición de López Obrador carece aún de un diagnóstico completo sobre los daños que causaron los sismos de septiembre en ocho estados del país, pues el gobierno federal solo ha entregado información parcial sobre los trabajos realizados.
“Tenemos una aproximación de un diagnóstico, hicimos un muestreo porque no hay información oficial suficiente, en eso vamos a trabajar en los próximos meses, hemos tenido acceso a información parcial”, señaló en entrevista.
De entre la baraja de futuros funcionarios públicos que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha presentado ininterrumpidamente desde su triunfo electoral el pasado 1 de julio, Cervantes Peredo fue seleccionado ayer para tomar la palabra ante los pobladores de Ciudad Ixtepec y Juchitán de Zaragoza, a quienes explicó que el plan de reconstrucción nacional contará con un presupuesto base de 10 mil millones de pesos, que se complementarán con los recursos que el Congreso de la Unión etiquete en el presupuesto de egresos para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Estos recursos se destinarán 70% para la reconstrucción de viviendas y 30% para infraestructura de educación, salud y patrimonio cultural.
“En el caso del patrimonio cultural, se tendrá cuidado en reconstruir no solo los monumentos históricos como templos, capillas y otros edificios catalogados, sino también en la compensación de la arquitectura popular y de sitios que dan identidad y son parte del patrimonio de las comunidades”, explicó.
Cervantes descartó que el hecho de que pobladores damnificados hayan recibido recursos de apoyo para la reconstrucción impida que tengan más apoyos a través del programa de reconstrucción.
“Vamos a continuar lo que esté en proceso y a iniciar las obras nuevas que falten, vamos a revisar con el censo que levantó Andrés Manuel, vamos a revisar caso por caso, los que no recibieron tarjeta, los que recibieron tarjetas pero no recurso, en fin, caso por caso”, señaló.
De igual forma, señaló que desde la asistencia técnica hasta el control de precios de materiales para la construcción son objetivos que los gobiernos federal y estatal pudieron haber logrado. “Muchas cosas se podían haber hecho de otra manera. De aquí a diciembre vamos a preparar todo, convenios con privados, con gobierno, empezando ya va a estar todo listo, vamos a empezar con todo, no es primero una cosa y luego otra”.
El decálogo
A diferencia de muchos de los integrantes del gabinete de AMLO, Cervantes carece de una destacada trayectoria académica o en la función pública; ha sido asambleísta en el Distrito Federal, diputado federal por el PRD y, de acuerdo con el presidente electo, todo su trabajo se ha dedicado a luchar por las causas justas y “ha sido una línea recta”.
Ayer, ante pobladores de Ixtepec y Juchitán, Cervantes presentó el decálogo que como primer punto coloca a la reconstrucción como un programa nacional que involucrará a todos los niveles de gobierno y estará guiado por un convenio tripartito en el que se establecerán las acciones que cada autoridad deba llevar a cabo.
El plan será coordinado desde una comisión intersecretarial que atenderá cuatro rubros: vivienda, salud, educación y patrimonio cultural.
El tercer punto indica que atendiendo a la Constitución, la perspectiva de derechos humanos será una guía primordial.
De forma adicional, el plan de reconstrucción implicará que se fortalezcan los servicios públicos y se atienda además la generación de empleo y la reactivación económica.
“Se establecerán acuerdos y convenios para evitar el encarecimiento de la mano de obra y se adoptarán medidas para simplificar trámites en la autorización y realización de obras”, explicó.
También se vigilará que la reconstrucción material se hará garantizando que lo que se construya “sea más adecuado y más seguro que lo anterior”, por lo que se evitará reconstruir en zonas de alto riesgo.
