El pasado proceso electoral en Oaxaca no solo evidenció que el estado está entre los primeros sitios por los más altos índices de violencia política, sino también que las mujeres son las más vulnerables.
Apenas la semana pasada, en su reciente informe “Violencia política en México”, la consultora Etellekt mostró los resultados del periodo julio-agosto de 2018, donde Oaxaca ocupó el cuarto lugar de las entidades que presentaron mayor incidencia, después de Puebla, Guerrero, Michoacán y Veracruz.
Oaxaca obtuvo un 7.6 por ciento de índice de violencia política, mientras que Puebla tuvo el 16.5 por ciento, Guerrero 10.4 por ciento y Michoacán 7.7 por ciento, a diferencia del resto del país donde los porcentajes fueron mucho menores.
La violencia política contra la mujer también pone a Oaxaca en los primeros sitios con mayor incidencia, sobre todo por los recientes procesos de elección donde hubo mayor participación de las mujeres.
Aunque Oaxaca se convirtió en la primera entidad en tipificar la violencia política de género en febrero de 2016, ésta fue derogada en agosto de 2017 y a la fecha este tipo de violencia no es un delito.
Prevén “amenazas e incomodidades”
Rita Bell López, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), explicó que después de la anterior elección para presidencias municipales, cuyos cargos se asumieron en enero de 2016, los problemas empezaron a surgir cuando se acercaba la toma de protesta de las mujeres que ganaron un cargo público.
“Comenzaron a surgir denuncias y hasta el día de hoy no ha habido avances; las mujeres han ejercido sus cargos con amenazas e incomodidades, a punta de sentencias para que se les paguen sus dietas”, señaló la consejera electoral, que recordó al menos cinco casos.
En el reciente proceso electoral, Bell López no descartó en que se presente una situación similar conforme se acerquen las fechas de toma de protesta de las que serán nuevas presidentas municipales, síndicas o regidoras.
Caso Chiapas no se ha presentado en Oaxaca
Del caso ocurrido en Chiapas hace unos días, donde al menos 40 mujeres renunciaron a sus cargos de elección ganados el 1 de julio, con el fin de dejárselo a los hombres, la consejera electoral aseguró que hasta el momento en Oaxaca esto no ha ocurrido con alguna de las 52 presidentas municipales electas, 103 síndicas o 254 regidoras.
Es ‘invisible’ la violencia política
En su visita a la entidad, Dora Rodríguez Soriano, consejera electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, recordó que “en general” la violencia que viven las mujeres en el ámbito político es un tema que de manera reciente empezó a documentarse.
“De todos los ámbitos en los que vivimos violencia las mujeres, quizá la violencia política es poco documentada y más invisibilizada y más normalizada. Vamos atrasadas en este tema, pero en todo el territorio nacional”, expuso.
Agregó que la violencia política contra las mujeres tiene una razón de género: “nos violentan por ser mujeres, en la calle, en el trabajo, la escuela o en el ámbito político o familiar”, insistió.
Por la falta de tipificación en la mayor parte del país, expuso la necesidad de contar con el tipo penal que castigue la violencia política contra las mujeres, porque las afectaciones requieren medidas de intervención y atención diferentes.
“Si es golpeada al extremo de intentar quitarle la vida, es instrumentar medidas cautelares para que no haya un daño mayor o que los infractores dejen de hacerlo”, expuso.
Faltan criterios para sancionar
De la aplicación de justicia, integrantes del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres aseguraron en su momento que la falta de criterios claros para identificar y sancionar la violencia política de género, deja a las mujeres en total vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos políticos.
Esto en un contexto en que la incorporación de un mayor número de mujeres en las contiendas electorales y en los espacios de representación, se acompañan de mayor violencia por parte de actores y partidos políticos, y también de las instituciones, además de que no se garantiza el acceso efectivo a la justicia.
“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”, señalaron.
Del mismo modo, hace algunos meses, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) hizo un llamado para que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca continúe trabajando y termine con el déficit de participación política de las mujeres.
Así también, solicitó “un adecuado desempeño del cargo previa capacitación desde un enfoque de género, y en consecuencia, su participación sustantiva que mejore la situación de sus congéneres en las comunidades, la disminución de casos de violencia y una mayor presencia de mujeres en los cargos de toma de decisión”.
