Un subejercicio de 81.9% de los recursos convenidos entre el gobierno federal y la administración estatal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es una de las principales causas de la creciente violencia que vive la entidad.
A pesar de que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se comprometió a lograr a través de este fondo una mezcla de recursos de 286.011 millones de pesos, entre los recursos comprometidos, los que no se han aplicado y los que no se han ministrado, son 228.9 millones de pesos que no se han visto reflejados en mejoras para la seguridad pública de Oaxaca, la entidad número 12 del país en la que mayor número de homicidios dolosos se han registrado en 2018.
De forma paralela en esta crisis de violencia que enfrenta la entidad cinco municipios oaxaqueños se han convertido en los más violentos durante la actual administración al concentrar el 25.65% de los mil 425 homicidios dolosos registrados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tan solo Tuxtepec y Juchitán de Zaragoza concentran el 14.73% de estos crímenes de alto impacto.
La violencia generada en estas comunidades refleja además la proliferación de armas de fuego entre criminales. En Tuxtepec, de 2017 a julio de 2018 se registraron 137 homicidios dolosos, 113 de ellos se cometieron con arma de fuego; en Juchitán de Zaragoza en 65 de los 73 homicidios se utilizó también un arma.
En la lista de los municipios con mayor inseguridad del estado continúan Oaxaca de Juárez en el lugar tres. En la capital del estado se ha cometido el 4.49% de los homicidios reportados por la Fiscalía. En 2017 el registro fue de 30 y en lo que va del año suman 34. 57.81% se cometió con arma de fuego.
Villa de Tututepec es el cuarto municipio más inseguro del estado, con 49 registros en ambos años; le sigue Putla Villa de Guerrero, con 39 registros. En estos municipios se ha cometido uno de cada cinco homicidios dolosos durante la administración de Alejandro Murat Hinojosa.
La cartografía de la violencia en la entidad podría modificarse drásticamente, pues el reporte entregado por la Fiscalía al Secretariado Ejecutivo en 2017 integró 363 registros de homicidios, el 42.85% del total, en la categoría “otros municipios”, lo que implica que realizó el reporte sin que las investigaciones hayan esclarecido el lugar donde ocurrió el crimen. El registro de homicidios dolosos cometidos en “otros municipios” de 2018 presenta cero casos.
Baja eficacia para prevención
La creciente violencia en el estado ha ido acompañada también por una baja eficacia para la aplicación de los recursos destinados al combate a la inseguridad. El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha observado que aunque la prevención del delito de alto impacto es un programa con prioridad nacional, el Gobierno del Estado de Oaxaca ha logrado una eficacia de solo el 7.5%.
Los únicos rubros para los cuales ha comprometido recursos en mezcla con el gobierno federal son unidades antisecuestro, para las cuales se convino ejercer 17.97 millones de pesos-11.31 del gobierno federal y 6.4 de aportación estatal- y para la policía cibernética, a la que este año se le asignaron 880 mil pesos, todos de la Federación.
En total, para la prevención en el estado de delitos como homicidio doloso, culposo, secuestro, extorsión o robo con violencia, la mezcla de recursos alcanza los 18.7 millones de pesos, de los cuales únicamente se han pagado, ejercido y devengado 1.4 millones, el 7.4% de los recursos totales.
Falla en infraestructura y equipamiento
En general, el promedio de avance del gobierno estatal en el seguimiento a programas de prioridad nacional es de 18.1%.
En el rubro de infraestructura y equipamiento el gobierno estatal dejó todo el peso presupuestal en la Federación y la eficacia que ha logrado en la utilización de recursos es de 24.3%. De los 133.64 millones de pesos comprometidos en mezcla de recursos, la administración de Alejandro Murat ofreció aportar únicamente 10.82%.
En fortalecimiento local la Federación aportaría 88.3 millones de pesos y el gobierno estatal 3.9. Para la red de radiocomunicación la mezcla sería de 11 por 7.8 millones. Del total de esos recursos, faltando cuatro meses para el cierre de año, solo se ha utilizado 24.32% del dinero convenido.
Para la certificación policial, uno de los programas vitales para el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay convenidos 39.66 millones de pesos, de los cuales únicamente se han devengado 10.5 millones.
Dos rubros de los 11 que consideran los programas nacionales del FASP tienen un avance cero en ejecución de recursos, ciencias forenses y búsqueda de personas; para el primero de ello se convino aplicar 5.99 millones de pesos y para el segundo, 449 mil pesos, todos federales.
