La estadística criminal de Oaxaca va en franco crecimiento. En los últimos días por ejemplo, Tuxtepec llegó a su homicidio doloso número cien, justo cuando aparecían en una comunidad cercana, San Juan Lalana, los cadáveres desmembrados de tres sujetos. Los narco mensajes son aquí algo común. La crueldad y el sadismo de los grupos criminales no tiene límite, como es el caso de un joven de la comunidad istmeña de Chahuites, quien es videograbado cuando recién le fueron cercenadas las extremidades superiores e inferiores. Aún así es interrogado. El video circuló en internet y redes sociales, visto con un escepticismo insultante. Hace unos meses una persona es degollada en los rumbos de la Cuenca, luego de rendir una especie de declaración ante sus victimarios. El salpicadero de sangre se ha hecho algo común y tirios y troyanos lo vemos como algo normal. Es decir, nos hemos hecho insensibles a este tipo de prácticas que al circular en las redes, parecen generar en algunos modelos criminales, en tanto que en otros, podrían producir una especie de placer insano. Nada pues de qué sorprendernos de lo que ocurre en otras entidades del país, habida cuenta de que Oaxaca va caminando de prisa para estar en situación similar.
Pero de todo ello, lo que se ha convertido en ofensa a la sociedad civil, es la forma tan superficial en la que los funcionarios que tienen el compromiso de salvaguardar la seguridad pública, ven este mapa criminal. Y no nos referimos sólo a la célebre frase del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, en el sentido de que la percepción de inseguridad es “mediática”, sino a todo el entorno de parálisis oficial que gira en lo que se refiere a la seguridad pública. Tuxtepec, el Istmo y la Costa, ello sin omitir las otras regiones en que se registra una actividad criminal menor, han devenido en los últimos tiempos, vertederos de sangre y dolor. Pero quienes tienen en delicado encargo de salvaguardar la seguridad ciudadana, no hacen absolutamente nada, salvo irse por los lugares comunes, como es informar a la opinión pública, cuántas personas que consumieron alcohol fueron detenidas o armas decomisadas a campesinos. Esto es, le escurren al bulto en el combate a la delincuencia que sigue poniendo a Oaxaca a los ojos de México como un estado violento, con la consecuente mala imagen ante el turismo y a los inversionistas reales o potenciales.
Centro Histórico: Un estercolero
El viernes 10 de agosto, las redes sociales se dieron vuelo para mostrar la fotografía de un sujeto defecando en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. No se trata de un hecho inédito, habida cuenta que ni en el mes de julio, llamado con eufemismo de fiesta, las autoridades tanto estatales como locales, pudieron darle una imagen de limpieza a éste que es el corazón de nuestra capital. La indignación saturó materialmente las redes sociales ante la incapacidad o apatía de las autoridades. En efecto, el zócalo de la capital ha sido en los últimos años no sólo remanso de protestas como la que sostienen los triquis supuestamente desplazados, que se apropiaron prácticamente de los pasillos del Palacio de Gobierno, sino hasta de indigentes y alcohólicos crónicos que lo han tomado como sitio de descanso, para defecar, orinar y hasta mantener relaciones sexuales. Ninguna dama puede pasar por ahí sin que sea objeto de insinuaciones morbosas o miradas lascivas. En diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos, se ha tocado el tema sin respuesta de las autoridades. Sólo para ejemplificar, entre los triquis que han hecho de este sitio público su vivienda, han nacido 42 niños (as). Esto es, no sólo es lugar de su protesta sino que es utilizado como hotel de paso.
En víspera de los festejos de julio insistimos en este mismo espacio editorial en la urgente necesidad de desalojar zócalo, Alameda de León y en general todo el Centro Histórico. Nada ocurrió y menos habrá de ocurrir, salvo los festejos Patrios, para que las autoridades procedan a darle a nuestro corazón citadino su imagen ancestral. Se trata de grupos sociales de vividores que perviven de la limosna y del chantaje. Sólo hay que ver los escenarios que construye Lorena Merino o Reyna Martínez, dos de las lideresas de los llamados “cautelados”, por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para darse cuenta de que su lucha no es genuina sino un vil negocio. Amén de estas lacras, el gobierno municipal debe proceder a la brevedad a desalojar a los indigentes y miembros del “Escuadrón de Muerte” que ahí ha sentado sus reales, para restituir un poco la deteriorada imagen de nuestro zócalo capitalino. Da pena ajena que adultos y jóvenes alcoholizados o drogados insistan en recibir la moneda de parte de propios y extraños. La imagen es deprimente y poco contribuye a lo que los medios difundimos de nuestra capital.
