Estamos cumpliendo ya el mes de que el ejecutivo estatal, Alejandro Murat Hinojosa entregó el proyecto de Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022 (PED), a la comisión respectiva del Congreso del Estado y se cumplen siete meses de haber iniciado la actual administración sin que el gobierno tenga un eje rector de las acciones que debe emprender en los diversos rubros de la gestión pública.
Sorprende que en un equipo de funcionarios con niveles altos de formación académica, reconocimientos de experiencia laboral y probada capacidad, hasta la fecha se esté privilegiando la inmediatez y la superficialidad, en ausencia de un documento que todo gobierno emanado de un proceso democrático necesita, como guía de sus acciones institucionales.
A diferencia de otros gobiernos, que prácticamente iniciaron su gestión con un plan de desarrollo o de otras administraciones que le dieron cuerpo durante las campañas políticas, es lamentable que en éste no se hayan tomado las providencias necesarias para entregar este instrumento al pueblo oaxaqueño. Desde el inicio de este gobierno trascendió que quien estaba a cargo de la elaboración del PED era Celestino Alonso, que sabe del tema y tiene experiencia en el mismo. Sin embargo, poco se supo de foros de consulta o temáticos para darle cuerpo.
El PED ha sido históricamente, al menos durante los últimos treinta años, una recopilación de demandas y necesidades, las cuales son planteadas o perfiladas en foros de consulta. Se trata de un ejercicio de inclusión, democrático, de consulta popular, en el cual participan profesionistas, legisladores, académicos, productores, presidentes de organismos empresariales, maestros, etc.
No es un ejercicio de escritorio, de gabinete, ni mucho menos, que sea elaborado en base a ocurrencias o propuestas jaladas de los pelos de personas que no conocen la realidad local. En ciertos sectores sociales muchos se preguntan qué ha pasado con el PED, del cual, salvo declaraciones esporádicas de algunos legisladores, nadie sabe el destino del citado plan estatal.
Una mala señal, sin duda alguna. La inmediatez y la celeridad siempre dejan muy mal sabor de boca. Por fortuna, en el ámbito de la política social, la reciente entrevista en esta casa editorial, del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), despejó muchas dudas.
Ignorancia supina
El pasado miércoles se dio uno más de los hechos delictivos deleznables que se han vuelto comunes en la capital oaxaqueña: un asalto a un cuenta-habiente de una sucursal bancaria. Este hecho derivó en el asesinato de quien custodiaba una fuerte cantidad, la detención de cinco delincuentes y el traslado de otra persona al hospital, dada las heridas que recibió.
La oportuna y también afortunada presencia de la Policía Municipal motivó la persecución de los delincuentes y la detención de cinco personas, cuatro varones y una mujer, todos ellos originarios de Veracruz, Chiapas y Tabasco. De los detalles de este operativo policial dieron cuentas diversos portales de noticias, las páginas electrónicas de medios impresos y se convocó a una conferencia de prensa, por parte del Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Jorge Alberto Guillén Alcalá. Sin embargo, es evidente que la celeridad e ignorancia que aún prevalece en todo lo que se refiere al nuevo sistema de justicia oral, también conocido como sistema acusatorio adversarial, motivó que se expusieran situaciones que, en el debido proceso, pueden ser utilizadas por los asaltantes y criminales para librarse de la acción de la justicia. Se sabe que esa misma tarde, los delincuentes solicitaron el amparo de la Justicia de la Unión.
Nadie duda que se tratara de una operación eficaz de la corporación municipal, presionada seguramente por la crítica ciudadana, dado los constantes asaltos que se han cometido en la ciudad capital y el área conurbada. No obstante, la celeridad y posiblemente el protagonismo de mostrar al pueblo que en una acción valiente detienen en flagrancia a peligrosos delincuentes, pudo haber generado situaciones irregulares que pudieran convertir un éxito policial en un fracaso legal.
Existe una serie de tesis jurisprudenciales de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a los pormenores de la detención de delincuentes, así sean los más desalmados, y su vinculación a proceso por parte del Ministerio Público. Más allá de la crítica y la descalificación que no es este caso, es importante la capacitación de los cuerpos policiales para adecuar sus acciones al nuevo sistema judicial. De ninguna manera es para minimizar el éxito de una acción valiente que permitió, al menos por ahora, desmantelar una peligrosa célula criminal. De ello no hay la menor duda que se actuó con valentía y diligencia.
