Las víctimas no forman parte de las estadísticas pero existen, tampoco hay delincuentes aprehendidos, ni procesados, mucho menos sentenciados, pero igual existen y se enriquecen increíblemente cada semana.
Operan en la carretera federal 190 Huajuapan-México, en territorio del estado de Puebla y límites con Oaxaca. Las autoridades poblanas y oaxaqueñas podrían saber quiénes son, lo que hacen con las víctimas, sus robos millonarios, pero guardan silencio y permanecen inmóviles.
Al menos el 80 por ciento de habitantes de Huajuapan de León, primer municipio oaxaqueño que colinda con Chila de las Flores, Puebla; se dedica al comercio. Esta situación es aprovechada para el robo de vehículos de carga principalmente y algunos particulares.
El modus operandi es perfectamente conocido por habitantes de la Mixteca poblana y oaxaqueña y podría serlo por sus respectivos gobiernos: un grupo de vigilantes o halcones, permanecen durante el día en las carreteras detectando los carros vacíos que van a Puebla o México por mercancía.
En cuanto los comerciantes regresan, principalmente entre las 23:00 y las 2:00 horas, los delincuentes se colocan en puntos estratégicos carentes de señal de telecomunicación, bien conocidos para ellos hasta en completa obscuridad, donde con una torreta encendida, ordenan a quien será su víctima que se detenga.
Una vez que el conductor se estaciona, es amagado por varios hombres de 25 a 50 años de edad que portan armas largas, y obligado a descender de la unidad de motor.
Luego de despojarlo de todas sus pertenencias, para evitar ser delatados, los responsables del ataque revisan la mercancía, se la llevan junto con el camión por diversas veredas hasta llegar a un lugar que podría funcionar como su bodega.
La víctima es interrogada, la mayoría de veces golpeada, algunas ocasiones desnudada, y todo el tiempo intimidada y amenazada, de acuerdo con el testimonio de las mismas víctimas.
Tras asegurarse de que no se cuenta con un geolocalizador o de que ya fue desactivado, comienzan la descarga de los productos y el daño a las víctimas sigue, el cual se puede prolongar hasta el amanecer (de cuatro a seis horas).
Una vez que se aseguran de haber despojado de todo a su víctima, las pocas de las veces, ésta es acercada a la carretera que transitaba, la mayoría es abandonada en el cerro.
En un acto de “buena onda”, a veces le entregan unos 100 pesos para su pasaje, para que se regrese a su lugar de origen, no sin antes dejar en claro que está perfectamente identificada, dónde trabaja y el lugar en el que vive, advirtiendo que no debe presentar su denuncia ni delatar a quienes participaron en el atraco.
Las pérdidas que han sufrido habitantes de Huajuapan de León, Tlaxiaco, Mariscala de Juárez, San Miguel Amatitlán, Santiago Juxtlahuaca, entre otros lugares de este estado principalmente y aunque en menos ocasiones, del mismo estado de Puebla, como Acatlán de Osorio, Salitrillo, Chila de las Flores e Izúcar de Matamoros, se calculan entre uno y tres millones de pesos por persona u empresa.
Cemento, lácteos, jugos, abarrotes, material para construcción, entre muchos otros productos, son hurtados por igual sin que ninguna autoridad haga nada al respecto.
Lo increíble de este contexto, es que la segunda semana de junio, las autoridades del estado vecino pusieron en marcha el Operativo Escudo Zaragoza, en Acatlán de Osorio; que presuntamente involucraría a las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Con esta estrategia, el gobierno poblano informó que combatirían la delincuencia “de manera frontal con la participación de 15 municipios de la Mixteca, 87 policías con 12 patrullas, 90 elementos de seguridad estatal con 15 patrullas y un helicóptero”.
El mayor problema que denuncian las víctimas, sobre las increíbles pérdidas materiales, es el daño físico y psicológico que les generan los atracadores que muchas veces son de seis a ocho operadores de armas de grueso calibre, al mantenerlos en zozobra al cometer estos robos con violencia.
Otro conflicto, lo enfrentan en los lugares en los que tienen que reportar estos delitos. Algunas veces siendo habitantes de la Mixteca oaxaqueña, pero al ser hurtados en el estado vecino, presentan su denuncia en instancias poblanas, donde temen que podría haber complicidad entre el gobierno y la delincuencia.
En Puebla, tras un engorroso trámite que a veces les ocupa todo un día, se archiva su denuncia y jamás se presentan avances en las investigaciones, pero las víctimas deben hacerlo porque es un requisito forzoso para recuperar al menos una décima parte de lo que perdieron, con el seguro, en caso de contar con él.
JUSTICIA, UNA PANTALLA
En el mes de julio del 2017, hace un año y por estas fechas, tras una presentación en Huajuapan de León, a través de diversos medios de esa región se dio a conocer el robo de dos caballos de Pedro Domecq con un valor de 30 mil dólares cada uno.
Dos semanas después, la Fiscalía General del Estado de Puebla en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), realizaron un cateo en una propiedad en donde fueron encontrados.
También hallaron animales exóticos y cabezas de ganado enlistados de la siguiente forma: Un gato montés, tres correcaminos, 10 codornices, 13 toros de lidia, una yegua, un tucán, un águila, cuatro pavorreales, cuatro halcones, tres avestruces, 11 palomas blancas, 20 borregos, 20 cabezas de ganado y 10 conejos.
En un comunicado, la Fiscalía informó que también fueron encontrados y decomisados 13 vehículos (camionetas y vehículos de lujo, así como camionetas de carga), tres motocicletas de carrera, tres cuatrimotos, dos motonetas y tres motocicletas, todos con reporte de robo.
Asimismo, localizaron un arma de fuego tipo escopeta, dos cargadores abastecidos con cartuchos calibre R15, y 10 cargadores vacíos. No hubo ninguna persona detenida.
El único gran golpe de los últimos años en esa zona se olvidó de inmediato, pues a decir de los lugareños, los robos no cesaron más que unos 15 días, aunque el problema comenzó a notarse más hace cinco años y se recrudeció hace tres.
Por temor a que la delincuencia haga efectivas sus amenazas, las víctimas siguen siendo anónimas (pues denuncian dando los menores detalles posibles para no ponerse en riesgo y sólo cuando es necesario), así como las autoridades continúan omisas ante esta problemática.
Las personas que han estado a punto de perder la vida por los golpes recibidos en estos atracos, han cambiado de trabajo y en algunas ocasiones han preferido emigrar a los Estados Unidos, pues aseguran que la procuración de justicia, la seguridad y en sí, el Estado de Derecho en México, es un simple y mero discurso.
