Lo que marca como “grandes corruptos” a los dos más recientes dirigentes del sindicato de burócratas del gobierno del estado, Juan Rafael Rosas y su sucesor Felipe Cruz Pinacho, son sus excesos.
Primero, su descarado colaboracionismo con el que fue secretario de administración Alberto Vargas Varela de quien recibieron dinero público a raudales. Hay algo más infamante que me cuenta uno de sus compañeros disidentes. Para tenerlos contentos, en cada negociación o conflicto, les pagaba vacaciones. Me dicen que hubo momentos en que hasta puso a su disposiciones el avión oficial con damas de compañía. Era el método del “chachalaco” para corromperlos y obligarlos a abdicar.
Sobre estos métodos de perversión sindical habló ayer en conferencia de Prensa, el burócrata discrepante Constantino de Jesús Valeriano. Sin dar mayor explicación pidió “investigación a fondo para destapar la cloaca”. Lo que dijo es apenas la punta de la madeja de la gran corrupción en el sindicato que agrupa a los chupatintas.
Segundo, el negocio multimillonario que hicieron con la venta de plazas los presentará siempre como unos timadores, con el fierro de $ en la frente. En las últimas auditorías en Administración, han descubierto casi 800 plazas de puestos burocráticos que traficaron los dos dirigentes sindicales en connivencia con el que fue director de Recursos Humanos José Juan Pérez Maya y el ex director Administrativo Pablo Arturo Negrete Santiago. Lo que más les preocupa en este momento es que el contralor estatal tiene en sus manos, al menos dos denuncias penales. Se trata de personas que pagaron entre 200 y 250 mil pesos por una plaza que no pudieron formalizar. El dinero tampoco lo devolvieron.
Mis informantes reconocen la astucia del anterior secretario de administración que hizo ilícitos negocios multimillonarios sin dejar huella. Algunos sindicalizados me comentan que lo acusan de ratero no de tontejo. Por ejemplo, los que aparecen como operadores en la compra, venta y cobro por las plazas, son Pérez Maya, Negrete, Bárbara e Isaí. Implementar los métodos outsourcing fue lo que más lucro les significó, en perjuicio de los trabajadores.
La socarronería más acabada de “el chachalaco” Vargas Varela, se manifiesta en la construcción del llamado “citibús”. Muchos se preguntan ?Porque en las pesquisas no le encuentran aún responsabilidad al ex secretario de administración? Me dicen que lo que hizo, unos días antes de dejar el cargo, fue pagar por adelantado los más de 600 millones de pesos de tal obra. Al ser requeridas, las empresas aceptan que ya cobraron y se comprometieron a concluir los trabajos. Lo que calculan los sabuesos es que Vargas Varela pago a precios alzados, obtuvo su moche y adiós. No hay delito que perseguir porque la obra la terminarán los que cobraron anticipadamente.
PERTURBADOS
El sistema normativo de Usos y Costumbres, aunque reconocido como la expresión más pura de la democracia, ha sido trastocado en las comunidades indígenas de Oaxaca. Así lo reconocen autoridades y líderes de organizaciones de la Sierra Juárez, que se reunieron en el Foro de Análisis para el Desarrollo Integral de los Pueblos Zapotecos, Chinantecos y Mixes.
En el evento convocado por Jerónimo Zanteno, presidente del Consejo coordinador para el desarrollo de los pueblos Zapotecos, Chinantecos y Mixes, se analizó el fenómeno que genera enfrentamientos (Choápam con once muertos por su conflicto electoral entre las agencias y la cabecera municipal), atraso y una gran corrupción.
Estuvieron presentes Genaro Ernesto García, presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos; Rafael Velasco, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas, y Antonio Juárez, presidente de la Federación de Organizaciones y Comunidades de la Sierra Juárez y cerca de un centenar de autoridades municipales y agrarias. La mayoría externó su preocupación por el sesgo que está tomando la costumbre milenaria de que en asamblea comunitaria el pueblo elija a su gobierno municipal.
Con la sabiduría que identifica a los líderes serranos, todos se sumaron a una exigencia: pedir al gobierno del estado que las decisiones no se tomen más desde los escritorios y que en sus disposiciones para la conformación de los gobiernos comunitarios, recojan primero la opinión de los pueblos y las tesis jurídicas que han surgido en el mundo para contrarrestar la política injerencista por parte de los tribunales electorales.
El veterano maestro Romualdo Pacheco, propuso la urgencia de que los tribunales rectifiquen en muchas de sus decisiones en los conflictos pos-electorales para mantener la unidad y el desarrollo de los municipios indígenas.
Recordó que “la posibilidad de contar con sus propios ayuntamientos provocó que, en muchos casos, como sucedió en el municipio de Ixtlán de Juárez, diversas comunidades se unieran con el objeto de conformar un Pueblo y así estar en la posibilidad legal de contar con su propio órgano de gobierno que era el ayuntamiento. Esto, sin que cada comunidad perdiera su derecho a tener al menos un alcalde y un regidor; alcalde que posteriormente se convirtió en agente municipal o agente de policía, acompañado de sus propios regidores comunitarios.
“La tradición autonómica y el respeto mutuo que se tenían las comunidades entre sí, lograron que en la práctica la cabecera municipal eligiera a su Ayuntamiento que gobernaba solo a la cabecera, y cada agencia eligiera y elija libremente a su agente y demás integrantes del cabildo comunitario. Este respeto político mutuo se conoció como el principio de reciprocidad, el cual nos permitió una convivencia armónica como Municipio durante casi doscientos años.
“El reconocimiento constitucional del Municipio como un nivel de Gobierno en 1999, y la creación de los fondos de aportaciones federales en la Ley de Coordinación Fiscal a partir de 1998, de los cuales los fondos III y IV alteró la armonía. En los nombramientos de concejales del 2001 las diferencias se multiplicaron. Del 2007 al 2013 las comunidades indígenas de Oaxaca, sufrieron una política injerencista por parte de los tribunales electorales, pues se vieron obligadas a trastocar sus usos, costumbres y cultura”. Esto es lo que hay que rectificar con base en las nuevas tesis jurídicas”.
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