El proceso de consulta para validar el derecho de 16 comunidades de los distritos de Ocotlán-Zimatlán a administrar los recursos hídricos que han renovado y conservado desde 2008, dio un paso vital ayer, cuando representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), realizaron un recorrido de observación, en el que expresaron su respaldo y admiración por este proyecto.
A pesar de las constantes violaciones al derecho a la consulta cometidas por las dependencias federales vinculadas al proceso –la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)-, con esta misión el trabajo de las comunidades integradas en la Comisión de Pueblos Unidos para la Defensa del Agua (Copuda), alcanza un nivel de atención internacional. De avanzar la consulta y ser avalado el proyecto, la Conagua dejaría de tener el control sobre el uso del agua, cuya administración pasaría a mano de las comunidades.
“Los representantes de la ONU están sumamente asombrados por la capacidad organizativa que se ha mantenido durante 13 años en la Copuda, el recurso del agua está siendo claramente recuperado, desde 2008 los campesinos ya no han sufrido por su falta. Los representantes de la ONU se comprometieron a dar difusión a este proyecto, a fundamentar desde sus objetivos las recomendaciones para las instancias de gobierno federal y estatal, nos lo dijeron claramente, ellos son observadores internacionales del respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, expresó tras el encuentro Carmen Santiago Alonso, directora de la organización Flor y Canto, que ha dado asesoría legal a las comunidades desde el año 2007.
Ayer los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos recorrieron seis de las comunidades involucradas y sostuvieron una asamblea con pobladores y autoridades en el municipio de San Antonino Castillo, donde escucharon las quejas en contra de autoridades estatales y federales que han entorpecido la consulta.
En 2007, autoridades y pobladores de comunidades iniciaron un proceso para revertir la grave disminución del agua captada por los mantos freáticos de la subcuenca de Ocotlán a la que pertenecen. Con asesoría técnica de diversas instituciones, las comunidades han construido obras de captación con las que han recuperado el agua que desapareció de sus ríos y pozos.
Conagua, por ley, sin haber participado en el trabajo comunitario, pretende mantener el control sobre el agua que las comunidades recuperaron e incluso cobrar por su uso.
Al pedir la intervención de la justicia federal, el Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa ordenó el 8 de abril de 2013 a Conagua valorar la procedencia de la solicitud de las comunidades para proponer al Ejecutivo federal una modificación del decreto de veda del acuífero de Valles Centrales. Desde entonces Conagua y CDI han generado diversos obstáculos para que la consulta se retrase, entre ellos la inasistencia a reuniones con las comunidades, como ocurrió el pasado 6 de abril.
