Hace un año, cuando un grupo de mentores bloqueaban la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura de la comunidad de Asunción Nochixtlán, se dispuso un operativo policial para desalojarlos. Era un día domingo, el día destinado a realizar la plaza, como se le llama en nuestros pueblos.
Día también de guardar y de ir a misa. Con un plan orquestado de manera torpe llevó al gobierno a entramparse en uno de los conflictos más oscuros y tortuosos que hasta hoy, a un año de distancia, sigue en la opacidad, la confusión y las verdades a medias. En el desalojo hubo ocho muertos.
Ninguno de ellos maestro de la Sección 22, aunque de manera perversa, ésta se montó sobre las víctimas y cual buitre se aprovechó de los fallecidos para crear un famoso Comité de Víctimas, manipulado por pseudo asesores indígenas, como Maurilio Santiago o cuestionados dirigentes sociales, como Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de un membrete denominado COMUNA.
El caso Nochixtlán pues, se convirtió en una pila de agua bendita, en donde todo mundo metió la mano, manipulando, torciendo la verdad y buscando más que el apego a la ley, el fin político. Hasta el día de hoy, sólo ha devenido en una bandera del llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO).
La capitalización de las víctimas reales o imaginarias, devino la responsabilidad que todo mundo anunciaba: el Estado se auto erigió en verdugo, asumiendo una culpa que le competía a medias, habida cuenta de que sólo entre la Policía Federal y la Estatal, se contabilizaron al menos 150 heridos. ¿Quién los hirió y con qué armas? Hasta la fecha, sólo se ha sabido la verdad que los grupos opositores al gobierno liderados por Andrés Manuel López Obrador, han querido manejar.
El asunto se politizó y fue capitalizado por las eternas víctimas de la represión: maestros y dirigentes de la Sección 22, los mismos que siempre obstaculizaron la realización de peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR), de la investigación a fondo del problema por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el insano propósito de diferir la verdad y responsabilizar de los hechos al Estado.
A los medios locales siempre les fue prohibido el paso, porque la crítica se volcó sobre los instigadores del movimiento, como el Movimiento Agrarista Indígena Zapatista (MAIZ), que encabeza Omar Esparza; de COMUNA, que dirige Flavio Sosa; del Frente Popular Revolucionario (FPR), de Germán Mendoza Nube y otros.
Ejecuciones sin límite
Los últimos diez días, no han sido la excepción en la tendencia criminal. La región de Tuxtepec parece haberse convertido en el terreno favorito para las ejecuciones o los desmembramientos que enfermos y criminales realizan con sadismo. En un lapso de 48 horas fueron descubiertos los cadáveres destazados de dos personas, flotando en la presa Miguel Alemán; al día siguiente, una persona más fue asesinada al interior de una refaccionaria.
Sólo en los primeros días del mes de junio, los ejecutados fueron contabilizados en una decena, si se toman en cuenta la ejecución de dos comerciantes en San Juan Lachigalla, Ejutla de Crespo; otro sujeto asesinado más en Jamiltepec y otros más en diversas regiones de la entidad. A todo ello siempre nos preguntamos: ¿y qué hacen nuestras corporaciones para otorgar seguridad, tranquilidad y la vigencia de sus derechos humanos de los oaxaqueños que viven en esas regiones, teatros constantes de operaciones criminales? Es un hecho que Oaxaca ya no es sitio de tránsito de la droga que proviene de Centro y Sudamérica. No. Hoy es productora y sitio privilegiado de los cárteles criminales para el trasiego de droga; para el cultivo de amapola; para el transporte de la misma. He ahí el quid de las ejecuciones, de los ajustes de cuentas y de los crímenes dolosos que nos ubican en el país, como una de las entidades más violentas.
Nuestro estado ya no es pues, una de las entidades más seguras del país, con lo que se vanagloriaban antes los gobiernos priistas. Hoy, lamentablemente, hemos devenido una entidad violenta, con un aumento creciente de ejecuciones y asesinatos dolosos.
Tres regiones se han caracterizado por su violencia: Tuxtepec, la Costa y el Istmo. Ello no implica que las demás estén a salvo. Por supuesto que las operaciones criminales han invadido por completo la geografía oaxaqueña. Hace días por ejemplo, un grupo de sujetos baleó a un elemento de la Policía Federal que cumplía con su labor de vigilancia en el tramo carretero Oaxaca-Totolapan. Es evidente que toda mirada indiscreta de la autoridad representa para muchos que, disfrazados de campesinos, se dedican al cultivo de estupefacientes. He ahí el por qué la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado golpes espectaculares en la erradicación de cultivos ilícitos, con el apoyo de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas.
