Pobladores del municipio de Magdalena Teitipac denunciaron a los gobiernos federal y estatal por actos de persecución policial emprendidos en su contra desde que en el año 2013 iniciaron la lucha en contra de la minera Plata Real, a la que expulsaron de su comunidad tras contaminar el río principal de la comunidad.
Blas Hernández Molina, director de Salud de Teitipac e integrante del comité en contra de la minería, señaló que desde 2013 se abrieron expedientes judiciales en contra de Pablo Aguilar García e Hipólito Alvarado Velasco, por presuntas lesiones calificadas en contra de Marcelo Fructosa Martínez y Daniel Hernández Ignacio. Los expedientes han tratado de ser reabiertos recientemente para detener la oposición en contra de la minera.
“Marcelo Fructosa Martínez pretendió otorgar una nueva licencia a la minera para que operara, por la oposición se han fabricado delitos contra nuestros compañeros. Inicialmente fueron siete de nuestros compañeros acusados, ya hemos resuelto cinco casos que se desecharon por falta de pruebas. También hubo una denuncia por tentativa de homicidio que ya fue resuelta”, explicó Hernández.
“Hay amenazas judiciales contra 40 personas más, de las que no hemos obtenido sus nombres, ellos siguen formulando delitos, eso es lo que ya no queremos, el pueblo ha demostrado que está trabajando de manera pacífica y lo que menos queremos es problemas que nos dividan más”, agregó.
Autoridades de Teitipac han denunciado además que el gobierno del estado y la Secretaría de Economía se han negado a informar sobre el estado que guarda la concesión de la mina que se encuentra en su territorio, si ha sido adquirida por una nueva compañía y si está proyectado que reinicie operaciones.
Día contra la minería
Luego de que el pasado fin de semana se realizara el encuentro estatal contra la minería en Teitipac, representantes y autoridades de 60 comunidades del estado determinaron que el próximo 22 de julio se realizará el día estatal de rebeldía contra la minería para denunciar las afectaciones que esta actividad ha generado en la entidad.
“La industria minera es una de las más contaminantes, más depredadoras del medio ambiente y además está generando violencia, persecución, asesinatos hacia defensores comunitarios; entonces, el primer acuerdo tomado durante el encuentro es promover a nivel estatal la denuncia de los daños, también fortalecer las asambleas y autoridades comunitarias y nos vamos a aglutinar en un frente estatal contra la minería”, aseguró Neftalí Méndez, integrante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.
Méndez acusó que el diálogo con autoridades federales como la secretaría de Economía, medio Ambiente y Gobernación, está roto debido a la negativa a presentar información sobre los proyectos vigentes en el estado.
