Oaxaca es el quinto estado que mayores recursos recibió del gobierno federal en 2017 a través del Ramo 23, un rubro del presupuesto que de acuerdo con la organización México Evalúa, es utilizado por el Poder Ejecutivo de la nación “para premiar o castigar” a los gobiernos estatales, para reforzar o retomar “el control político”.
En este caso, el año previo a las elecciones presidenciales la entidad, cuyo gobierno recuperó el Partido Revolucionario Institucional en 2016, se convirtió en una de las consentidas.
El reporte Arquitectura del ramo 23 señala cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto canalizó mayores recursos a entidades el año previo a la elección de gobernador. El Estado de México recibió en promedio entre 2009 y 2012, mil 584 millones de pesos; entre 2013 y 2017, con un gobierno federal priista, a la entidad hacienda le entregó en promedio 8,327 millones de pesos anuales.
Chihuahua, mientras fue gobernado por el priista César Duarte, recibió cada año alrededor de 874 millones de pesos; en 2016, con la elección de gobernador, el estado recibió 1,573 millones de pesos; tras perder el poder, con el panista Javier Corral Jurado, la SHCP envió solo 70 millones de pesos.
Oaxaca, los primeros dos años del gobierno de Gabino Cué, 2011-2012, con Felipe Calderón en la presidencia, recibió a través del ramo 23, reconocido por la Secretaría de Hacienda como “provisiones salariales y económicas”, 672 millones de pesos en promedio. A partir de la llegada de Peña Nieto a la presidencia la cifra se elevó y el año pasado llegó a 2,928 millones. En seis años la cantidad aumentó 887.2%. ¿Para qué fueron utilizados esos recursos? Se desconoce.
A diferencia de otros ramos como el 28 y el 33, a través de los cuales la Federación transfiere recursos a entidades y municipios, el 23 no se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal. Este ramo está compuesto por dos fondos principales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) y Programas Regionales, no obstante, al carecer de normativa, sus objetivos y su operación quedan a discrecionalidad de los gobiernos.
Estos recursos, de acuerdo con el informe, se entregan “sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad”, siendo la Secretaría de Hacienda la que decide “a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo”, “por medio de convenios que la misma secretaría define, los cuales en su mayoría no se publican”.
Adicionalmente, el gobierno federal crea fondos con entidades federativas con diversos objetivos. Con la Ciudad de México, por ejemplo, creó el fondo DIF-CDMX; con Oaxaca nueve estados más creó el Fondo Regional, cuyo objetivo es:
“Apoyar a los 10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos; complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, a través de: Programas y/o proyectos de inversión en salud; de inversión en educación; y en infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica”. En la entidad estos fondos han sido utilizados para generar infraestructura deportiva concesionada a empresas privadas, una de ellas la que opera al equipo de futbol del Ascenso MX Alebrijes de Oaxaca.
Entre 2013 y 2017, aunque a este fondo el Congreso de la Unión le ha etiquetado 21,231 millones de pesos, efectivamente se han entregado a las entidades 26,639 millones. El sobregasto respecto a lo autorizado por el Congreso de la Unión en 2015 fue de 80 mil 76 millones de pesos respecto a los 4,502 millones de pesos aprobados.
