Es evidente que el gobierno de Alejandro Murat tendrá que echar mano de recursos adicionales, ante el burocratismo que prevalece en la entrega de los correspondientes al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), para restablecer la vida cotidiana de los oaxaqueños.
Por ejemplo, ha calado hondo en quienes viajan hacia o desde el Istmo de Tehuantepec saber que el puente de Tequisistlán tardará al menos dos meses en ser reparado. En efecto, se trata de una obra costosa y de hecho no será sólo rehabilitada sino construida de nuevo pues los daños a la estructura fueron gravísimos. La mayor parte de las columnas que lo sostienen resultaron fracturadas. Pero no es lo único en lo que el gobierno estatal debe aplicarse. En la Sierra Sur, decenas de comunidades quedaron por completo aisladas de los centros urbanos al ser destruidos por los derrumbes y deslaves, caminos y carreteras. Las obras de rehabilitación no habían podido avanzar la semana anterior ante la persistente lluvia. Tampoco esta semana, ante la cercanía en el Océano Pacífico de “Calvin”. Ha trascendido que Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), ha dispuesto de su parque de maquinaria y los módulos que se encuentran distribuidos en todo el estado para poder agilizar las obras y restituir la normalidad de los oaxaqueños resultaron afectados directa o indirectamente.
Las gestiones ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB) deben agilizarse a fin de poder contar en el menor tiempo posible con los recursos del FONDEN. El erario público, como mucho hemos dicho en este mismo espacio editorial, está desfondado. La anterior administración dejó las arcas estatales en ceros y con grandes adeudos. Para mala fortuna de esta administración tendrá hoy que capotear los onerosos gastos de la reconstrucción. Para ello y a fin de abreviar la normalización de la vida oaxaqueña, las áreas respectivas del gobierno estatal, en coordinación con las de la Federación deben trabajar a marchas forzadas. La carretera 190, que conduce al Istmo de Tehuantepec es una de las más importantes de la entidad. No es benéfico para el estado que se suspenda la circulación por tanto tiempo, provocando serias afectaciones en tiempo, dinero y esfuerzo a vehículos cisterna que transportan combustible de Salina Cruz, alimentos, ganado para sacrificio y otros, obligando a los transportistas a dar rodeos de más de mil kilómetros, con el costo adicional que ello representa. Competa a la Federación o al gobierno estatal, los trabajos de rehabilitación carretera deben agilizarse.
Aplicar la ley sin más
La detención del ex titular de la Secretaría de Salud en el entidad, Germán Tenorio Vasconcelos, hace poco más de una semana y la liberación de órdenes de aprehensión de otros coacusados, conlleva una lectura irrebatible: no hay crimen sin castigo y, más tarde que temprano, el brazo de la justicia alcanza a aquellos que obraron mal y, sobre todo, para aquellos que lucraron con los recursos destinados a los más pobres. Sin duda, por tratarse de un delito que puede alcanzar fianza, no dudemos que algunos lograrán librar la prisión, pero ello no les quitará el estigma que ya llevan detrás. Según trascendió la semana pasada, entre las acusaciones que se hacen a Tenorio, está la falta de terminación de sanitarios ecológicos en diversas regiones del estado, además de la supuesta terminación de obras que jamás se concluyeron. No es un secreto que el sector salud ha sido visto desde hace décadas, como un venero de riqueza. Obras, adquisición de medicinas, de equipo médico, etc., se han convertido en instrumento para lucrar y obtener ganancias millonarias. La labor de rapiña de los socios del ex gobernador Gabino Cué, que saquearon el presupuesto destinado al sector salud, no debe quedar en la impunidad. Debe ser castigado conforme lo dispone la ley vigente.
Sin duda alguna, no tardará en que caigan los cómplices que participaron en la compra fraudulenta de medicina; quienes obtuvieron grandes ganancias con la construcción de obras que nunca existieron; con aquellos que para silenciar a Rafael Pérez-Gavilán, ex Subdirector General de Administración y Finanzas, tuvieron que asesinarlo. En fin, la Fiscalía General del Estado y el Juez Segundo Penal del distrito del Centro, tienen elementos adicionales para proceder conforme a derecho sobre la serie de delitos que se les imputan a Tenorio y coacusados. Lo que el pueblo oaxaqueño urge es que haya castigo ejemplar o procesos resarcitorios, a fin de que a esta devastada economía se le devuelva algo de todo lo que se robaron.
Siempre dijimos que no era suficiente imponer sanciones como la inhabilitación que resulta ser una burla, habida cuenta de que con el saqueo millonario, los corruptos bien pueden poner los negocios más rentables y asegurar su supervivencia sin trabajar en la administración pública estatal o federal. Lo que siempre llevarán es el estigma de que le robaron al pueblo y aunque libres, sabrán que eso es un delito de lesa humanidad.
