Es el órgano de “investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional”, su comité directivo está integrado por legisladores, presidido por Manuel Bartlett; advirtió sobre los riesgos de la Ley de Seguridad Interior pero no fue atendido. El Instituto Belisario Domínguez del Senado está integrado por reconocidos investigadores mexicanos especializados en temas como migración, desarrollo social y seguridad nacional, sin embargo, su voz fue silenciada.
A pesar de que señaló que la iniciativa de ley aprobada por la Cámara alta permitía que protestas sociales o político-electorales fueran señaladas por las fuerzas armadas como un riesgo para la seguridad interior y en consecuencia permitir su represión, los documentos que publicó no fueron atendidos.
El instituto advirtió a los senadores que la iniciativa representaba además riesgo para la transparencia y los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos incluso con acciones básicas de seguridad. “La instalación de retenes en vías públicas y la revisión de automóviles sin mandamiento judicial que lo autorice implican la suspensión de facto de algunos derechos”, señala el informe entregado a legisladores.
Asimismo reportó que esta ley significa el fracaso en la estrategia de mejora de las policías federales y estatales, así como del sistema de justicia penal, que tiene como objetivo generar una sociedad con menos índices delictivos.
Además del informe en la revista Pluralidad y Consenso, publicada por el instituto, el investigador en Ciencias Políticas, Raúl Zepeda expuso el régimen global de prohibición a las drogas en el que se inscribe la Ley de Seguridad Interior, mismo que ha facilitado la militarización de diversos países.
En su análisis sobre las iniciativas que buscan una mayor participación del Ejército en diversas tareas, señala que aunque efectivamente “el poder de fuego y las capacidades letales de las organizaciones criminales han planteado una auténtica crisis de seguridad en México, “el conjunto de las iniciativas de Ley de Seguridad Interior buscan justificar la participación de ambas secretarías en tareas que van más allá de sólo actividades de apoyo”.
De acuerdo con el investigador, la Ley de Seguridad Nacional y las iniciativas de Ley de Seguridad Interior reflejan la intención de hacer legal el estado actual de retraimiento del control civil sobre el militar, “de afectación a la seguridad jurídica por medio de la expansión del concepto de seguridad interior y nacional, y de suplantación de las obligaciones de seguridad pública del Estado mexicano”.
