Al señalar un “proceso de coordinación” para recabar la información necesaria, el Gobierno Mexicano solicitó a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) más tiempo para defenderse de las acusaciones por violar la normativa ambiental debido a los múltiples derrames de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz, Oaxaca.
A través de un correo electrónico, que la comisión publicó en su sitio web y tiene fecha de 1 de octubre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dijo que podría responder la solicitud de información el 22 de noviembre. Es decir, un mes después del plazo fijado en la petición SEM-20-007, luego de que el 21 de agosto la CCA admitió la petición ciudadana y le solicitó una respuesta al Estado Mexicano.
Además de esta ampliación del plazo para el caso de Oaxaca, la Semarnat también pidió más tiempo para responder sobre los faltantes causados a laguna de Chalacatepec, en el estado de Jalisco.
A través de su Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, la Semarnat dijo que necesita más tiempo para “demostrar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental de manera sólida y exhaustiva”.
La exigencia de la comisión deriva de la petición hecha por un ex trabajador de Pemex, Aníbal Carrasco Sánchez, quien argumentó que México “incurre en omisiones en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales en lo que respecta a la contaminación generada por el derrame de hidrocarburos en la refinería de Salina Cruz en Oaxaca”.
En su exposición, Carrasco detalla que entre 2019 y 2022 emitió diversos reportes a distintas unidades administrativas de Pemex. Los reportes estaban “relacionados con derrames de hidrocarburos en los drenajes del interior de la refinería de Salina Cruz, así como en áreas externas de las instalaciones industriales, incluyendo en ecosistemas de playa, laguna y estero”.
Sin embargo, “ante la falta de atención y de medidas correctivas, el asunto fue posteriormente denunciado a las autoridades ambientales y a la Fiscalía General de la República. Según lo señalado por el Peticionario, estas acciones resultaron en represalias en su contra”.
Además de que “los derrames de hidrocarburos continuaron tanto al interior como al exterior de las instalaciones de la empresa, situación que posteriormente derivó en un incendio con consecuencias fatales”.
De acuerdo con Carrasco, el Estado Mexicano violó diversas leyes o normativas como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
