La presencia de grupos y organizaciones de presión que han crecido al amparo del poder se ha convertido en un riesgo para la estabilidad y paz social de Oaxaca, pues con total impunidad toman las calles para exigir atención a sus demandas que no son otras que beneficios económicos para sus dirigentes. Han llegado a tal grado que lo mismo emplazan a presidentes municipales que al Gobierno del Estado con chantajes de violentar el orden y la tranquilidad.
Ante ello Oaxaca no puede seguir inmersa en la violencia y la anarquía de grupos que de abanderar demandas sociales se han convertido en verdaderos nichos de delincuentes, pues al margen de que salgan a las calles a expresar su sentir no pueden ni deben atentar contra los ciudadanos que de manera cotidiana salen a trabajar para generar las condiciones de progreso y desarrollo.
Es hora de acabar con tanta agresividad que solo genera más irritación ciudadana por la impunidad con que se pasean, porque la debilidad de un Estado de derecho que proteja la integridad física de las personas y de los bienes genera un ambiente poco propicio para la inversión y el comercio, lo que impacta negativamente la formación de capital, la competitividad de las empresas y la generación de empleos productivos.
Siempre se ha pregonado que nadie se opone a que ejerzan su derecho a manifestarse, pero siempre y cuando lo hagan sin lesionar las garantías de terceros, de empresarios y comerciantes que crean empleos, que no se meten con ellos. Pero sobre todo que deteriora la vida cotidiana de las personas que día a día ven disminuir la aplicación estricta de la ley en contra de quienes alientan actos delictivos, de quienes día a día deben realizar su mejor esfuerzo para salir adelante, de todos aquellos que arriesgan sus capitales para crear empresas, comercios, fuentes de empleo.
Un estado que como Oaxaca sufre los agobios de organizaciones políticas y sociales en medio de acciones al margen de la ley, de un vandalismo desatado por un grupo de personas en contra de inmuebles privados, edificios históricos y establecimientos comerciales, la ciudadanía demanda aplicar la ley para evitar que persista la impunidad y la anarquía. No se trata de otra cosa más que empezar a imponer orden y detener a quienes simplemente cometen delitos.
Desterrar impunidad
Oaxaca vive momentos decisivos y trascendentes en la impartición de justicia y el combate a la corrupción que permita desterrar la impunidad, tal y como ha sido el clamor de los oaxaqueños desde hace muchos años. Sin duda esta titánica tarea conlleva desafíos para alcanzar una transformación cultural de fondo, que implica dejar atrás inercias y prácticas arraigadas en un sistema que se mantuvo vigente a lo largo de años.
Hoy el Poder Judicial debe estar preparado para afrontar no sólo los retos que entraña el nuevo régimen de justicia penal, sino también las atribuciones que le confieren las modificaciones en materia de control de constitucionalidad. Ahora hay que comprobar que esta nueva forma de impartir justicia verdaderamente permite la aplicación de la ley de manera rápida y expedita.
Ante esa realidad, Oaxaca no puede quedar al margen ni echar las campanas al vuelo, pues existen casos muy claros y concretos de impunidad que durante mucho tiempo han lastimado a los oaxaqueños. Casos que merecen la aplicación estricta de la ley para evitar que se repliquen y exhiban que la aplicación de la ley y la vigencia de un Estado de derecho sigue siendo un verdadero pendiente por atender.
En el país se vienen dando durante los tiempos más recientes diversas expresiones indicadoras de que la corrupción y la impunidad, que antes parecían inmunes a cualquier investigación y persecución legal, están cada vez más expuestas a ser descubiertas y quedar sometidas a la justicia.
No tienen ninguna validez los argumentos trillados que quieren denunciar “persecución política” cuando lo que hay es investigación en marcha sobre comportamientos sospechosos de abuso y de aprovechamiento indebido, que han sido tan comunes y que quieren seguir siéndolo.
Es indudable que lo que se necesita en Oaxaca y lo que se requiere en el país es superar definitivamente los viejos esquemas del quehacer institucional, en función de potenciar la transparencia, desarticular la corrupción y desterrar la impunidad. Y esto demanda sensatez, madurez y responsabilidad por parte de todos los actores nacionales y por supuesto de los locales.
Sin duda, acabar con esta práctica tomará tiempo, pero nadie puede dudar que la sociedad mexicana ya no tolera ni permite la corrupción. De ahí la necesidad de asumir un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva forma de actuar.
