El agua volvió a colocarse en el centro de una disputa que rebasa su disponibilidad: quién la administra, quién decide sobre ella y qué papel deben tener las comunidades indígenas cuando una obra, concesión o proyecto amenaza sus fuentes de abastecimiento.
Autoridades comunitarias y agrarias, defensoras y defensores del territorio, así como organizaciones civiles reunidas en Juchitán exigieron que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos reconozca de manera efectiva el derecho de las comunidades a participar y decidir sobre el agua y los territorios que habitan.
Durante el encuentro nacional “Hacia una propuesta de Capítulo Normativo sobre Derecho al Agua de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, realizado los días 19 y 20 de septiembre en Juchitán de Zaragoza, representantes de comunidades de Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Estado de México plantearon que la legislación no debe limitarse a reconocer derechos en el papel, sino establecer mecanismos que permitan ejercerlos.
La exigencia central fue directa: que las decisiones relacionadas con aguas, bienes comunes, obras y proyectos que impacten los territorios indígenas no se tomen sin la participación de quienes viven en ellos.
“EL AGUA, BIEN COMÚN, NO MERCANCÍA”
Las organizaciones participantes colocaron como uno de sus principales reclamos evitar que el agua sea tratada únicamente bajo una lógica económica.
Defendieron el reconocimiento de los sistemas comunitarios mediante los cuales distintas poblaciones administran, distribuyen y protegen sus fuentes de abastecimiento,. Además de sus propias formas de organización y toma de decisiones.
La propuesta contempla proteger manantiales, ríos, acuíferos y otras fuentes de agua que mantienen una relación histórica, cultural y territorial con las comunidades.
Maira Olivo Paz, abogada especialista en derecho indígena y coordinadora del programa Tierra y Territorio de Fundar, planteó que el debate enfrenta dos concepciones distintas sobre el recurso.
“Nos encontramos frente a una disputa global entre dos visiones: quienes entendemos el agua como un bien común y quienes pretenden convertirla en un producto que puede mercantilizarse”.
La especialista sostuvo que el objetivo es que la nueva legislación incorpore las voces de las comunidades y garantice sus derechos colectivos.
ADVIERTEN RIESGOS POR PROYECTOS EXTRACTIVOS
El encuentro también sirvió para expresar preocupación por proyectos de infraestructura y actividades extractivas que, de acuerdo con las organizaciones participantes, pueden modificar las condiciones ambientales y el acceso al agua en distintas regiones del país.
Entre los temas señalados estuvieron el fracking, la extracción de hidrocarburos, las presas, los trasvases y las denominadas zonas de sacrificio.
Nadir Hernández Quiroz, coordinador de Proyectos del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, cuestionó que algunas de estas iniciativas sean presentadas como soluciones de gran escala mientras persisten cuestionamientos relacionados con la protección ambiental, la transparencia y su viabilidad técnica.
“Nos preocupan el impulso al fracking, los proyectos de extracción de hidrocarburos, las zonas de sacrificio, las presas y los trasvases presentados como grandes soluciones”, expresó.
A la par, señaló una contradicción que, desde la perspectiva de las organizaciones, debe ser atendida por las autoridades: mientras se impulsan grandes proyectos, las comunidades continúan sosteniendo buena parte de las tareas de abastecimiento y cuidado del agua sin recibir, dijeron, un respaldo gubernamental suficiente.
TERRITORIO INDÍGENA, MÁS ALLÁ DE UN TÍTULO
Otro de los reclamos planteados en Juchitán fue ampliar la concepción legal del territorio indígena.
Las organizaciones consideraron que los derechos colectivos de los pueblos no deben quedar condicionados exclusivamente a la existencia de títulos de propiedad agraria o privada.
Desde esta perspectiva, el territorio también comprende la relación histórica, cultural, social y ambiental que las comunidades mantienen con los espacios que habitan y con los recursos naturales que forman parte de ellos.
Por ello, solicitaron que la nueva Ley General reconozca esa dimensión territorial al momento de regular el agua. Así como establecer los mecanismos de participación de los pueblos.
PIDEN FRENAR CUALQUIER RETROCESO
Las organizaciones participantes también demandaron que la nueva legislación respete los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos.
El planteamiento implica que las nuevas disposiciones deberán armonizarse con los derechos reconocidos en la Constitución, las leyes nacionales, las resoluciones judiciales y los tratados e instrumentos internacionales relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos.
El objetivo, señalaron, es evitar que una nueva legislación termine reduciendo derechos que las comunidades ya han conquistado mediante procesos jurídicos, sociales y políticos.
La discusión, por tanto, no se limita a crear nuevas reglas para administrar el agua, sino a definir hasta dónde llega el derecho de los pueblos a participar en las decisiones que pueden transformar sus territorios.
“LA LEY DEBE CONSTRUIRSE CON LOS PUEBLOS”
Uno de los puntos que generó mayor énfasis durante el encuentro fue la forma en que se construye la nueva legislación.
Las organizaciones advirtieron que la participación indígena no puede reducirse a reuniones informativas, foros o asambleas cuyos planteamientos posteriormente desaparezcan del proceso legislativo.
“La ley debe construirse con los pueblos y desde los pueblos”, señalaron.
En ese sentido, solicitaron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) establecer un mecanismo público de trazabilidad para seguir el destino de cada propuesta surgida durante las consultas y mesas de trabajo.
La petición incluye conocer qué planteó cada asamblea, comunidad o mesa; cómo fueron sistematizadas las propuestas; cuáles fueron incorporadas al proyecto de ley y cuáles quedaron fuera.
Pero también demandan que, cuando una propuesta sea descartada, exista una explicación pública sobre las razones de esa decisión.
EL DEBATE AHORA ES CÓMO SE GARANTIZARÁ EL DERECHO
El encuentro realizado en Juchitán coloca una presión adicional sobre el proceso de construcción de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Las comunidades no sólo reclaman ser escuchadas, sino que sus planteamientos tengan efectos verificables en el contenido final de la legislación.
En el caso del agua, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible: se trata de determinar cómo convivirán los sistemas comunitarios de gestión con las decisiones gubernamentales, las concesiones, las obras de infraestructura. Así como los proyectos que puedan modificar las condiciones de los territorios indígenas.
La exigencia planteada desde Oaxaca es que esa discusión no se resuelva únicamente desde oficinas gubernamentales ni bajo criterios administrativos. Las organizaciones sostienen que los pueblos deben participar en las decisiones que afectan sus fuentes de agua, sus territorios y sus formas de vida.
Finalmente, el desafío para las autoridades será convertir esa participación en mecanismos concretos y verificables, capaces de demostrar que las propuestas comunitarias no sólo fueron escuchadas, sino consideradas en la legislación que finalmente se apruebe.
