La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel “Quetu” S. A., abrió un nuevo frente para el gobierno de Oaxaca: garantizar que el municipio no quede paralizado mientras su alcalde enfrenta acusaciones por presunta participación en actividades criminales.
Ante este escenario, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que solicitará al Congreso del Estado la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y el nombramiento de una persona encargada temporalmente de la administración municipal.
En un mensaje difundido en redes sociales, Jara sostuvo que la situación exige “decisiones firmes” y justificó la medida como una vía para preservar la gobernabilidad, la seguridad y la continuidad de los servicios públicos.
“Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, afirmó el gobernador.
La solicitud, sin embargo, tendrá que ser procesada por el Congreso local y deberá sujetarse a las disposiciones legales correspondientes.
CAPTURAN AL ALCALDE POR EXTORSIÓN AGRAVADA
Miguel S. A., conocido como “Quetu”, fue detenido el 23 de septiembre durante un operativo coordinado en el que participaron fuerzas federales y estatales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el presidente municipal contaba con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por su parte, señaló que las investigaciones lo relacionan con “Los Cromos”, una célula identificada por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo.
Según la Fiscalía, el edil habría participado, fomentado o encubierto actividades delictivas en la región. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser acreditados ante las autoridades judiciales.
El alcalde fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano. Donde permanece sujeto al proceso judicial correspondiente.
Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme.
El pueblo de Juchitán no está solo. pic.twitter.com/SVqIdmI5Ky
— Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026
JUCHITÁN SE QUEDA SIN RELEVO
El problema político y administrativo se agravó porque el suplente del presidente municipal, Mariano Rosado López, no se ha presentado para asumir el cargo.
Reportes periodísticos señalan que el suplente permanece sin aparecer públicamente y que incluso habría denunciado un cateo en su domicilio.
Con el alcalde detenido y el suplente ausente, el gobierno municipal quedó en una situación de vacío político que amenaza con complicar la operación cotidiana del Ayuntamiento.
Ese escenario es precisamente el argumento central utilizado por Jara para solicitar al Congreso una salida institucional.
“LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES REQUIEREN DAR UN PASO MÁS”
En su mensaje, el gobernador aseguró que su administración ya mantiene presencia de las fuerzas de seguridad en la zona, pero reconoció que el escenario actual exige ampliar la intervención estatal.
“Durante los últimos meses hemos estado y seguiremos estando presentes con las fuerzas de seguridad”, afirmó.
Y añadió:
“En los próximos días vamos a incrementar y reforzar nuestra presencia territorial y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal”.
La declaración ocurre mientras fuerzas federales y estatales mantienen operativos en Juchitán después de la captura del alcalde.
Además, un día después de la detención del edil fue arrestado el excomisario de la Policía Municipal, John Keny Moreno Segura. A quien las autoridades investigan por su presunta relación con la estructura criminal de “Los Cromos”.
DESAPARECER EL AYUNTAMIENTO: UNA DECISIÓN DE FONDO
La propuesta de Jara no es menor. Solicitar la desaparición de un Ayuntamiento implica intervenir de manera extraordinaria en la conducción política y administrativa de un municipio.
El gobernador explicó que, una vez que el Congreso procese la solicitud, se buscaría nombrar a una persona encargada de conducir temporalmente el gobierno municipal.
“La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, sostuvo.
La medida, por tanto, pretende resolver el vacío de autoridad y garantizar la continuidad de los servicios y asuntos públicos mientras se define una salida institucional.
Pero la decisión también coloca al Congreso ante una responsabilidad política y jurídica relevante: analizar si existen las condiciones previstas por la ley para desaparecer el Ayuntamiento y determinar el mecanismo para garantizar la gobernabilidad.
LA SEGURIDAD YA NO ES EL ÚNICO PROBLEMA
La captura de Sánchez Altamirano colocó a Juchitán frente a una crisis que rebasa la situación personal del presidente municipal.
Las autoridades investigan una presunta estructura criminal que, según la Fiscalía, habría utilizado mecanismos de protección y relaciones dentro del aparato municipal para facilitar actividades delictivas en la región.
Además del alcalde, las investigaciones han alcanzado a otros funcionarios o exfuncionarios municipales.
Esto abre una interrogante de mayor alcance: ¿hasta dónde llegó la presunta red de protección y qué otras áreas del gobierno municipal pudieron haber sido utilizadas o infiltradas?
La respuesta corresponderá a las investigaciones ministeriales y judiciales.
Por ahora, lo confirmado es que la crisis ya provocó la detención del presidente municipal y de un exmando policial. Mientras tanto, el gobierno estatal busca asumir temporalmente el control administrativo de Juchitán.
“JUCHITÁN NO ESTÁ SOLO”
Jara cerró su mensaje con una frase dirigida directamente a la población del Istmo:
“Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”.
El gobernador aseguró que su administración garantizará la seguridad y la continuidad de los servicios públicos.
Ahora la decisión está en manos del Congreso de Oaxaca.
Los diputados deberán determinar si procede la desaparición del Ayuntamiento y qué mecanismo permitirá mantener funcionando al municipio mientras avanza el proceso judicial contra el alcalde detenido.
La crisis, por lo pronto, deja a Juchitán ante un escenario inédito: un presidente municipal detenido, un suplente que no ha asumido el cargo, investigaciones que alcanzan a integrantes de la estructura municipal y un gobierno estatal que busca intervenir directamente para evitar un vacío de autoridad.
La seguridad de Juchitán ya no es solamente un asunto policial. También se convirtió en un problema de gobernabilidad.
