Durante un encuentro con comunicadores, el gobernador Alejandro Murat, reveló que la burocracia es el primer obstáculo para concluir dos de las obras más sentidas de los oaxaqueños: las supercarreteras al Istmo y la Costa que iniciaron hace tres sexenios.
Hemos encontrado, dijo, que “ni siquiera existe el proyecto ejecutivo”, ICA y otras constructoras iban haciendo los planos conforme iban construyendo.
Previamente, anunció que en los primeros días del próximo año, licitarán los trabajos para concluir esas vías de comunicación que deberán concluirse en menos de dos años.
La noticia despierta expectativas pero también recelos después de unos 18 años las obras no avanzan. La autopista Oaxaca-Puerto Escondido, que iniciaron en 2008 y sigue inconclusa. Igual sucede con la vía Oaxaca Tehuantepec.
El presidente Ernesto Zedillo ofreció la terminación del tramo al Istmo y falló, lo mismo que los sucesivos mandatarios. Allí sigue inconclusa la autopista Mitla-Tehuantepec proyectada en 338 kilómetros son dos carriles la cual reduciría el tiempo de traslado de cinco a la mitad.
Llama la atención que no exista proyecto ejecutivo para obras tan importantes cuando desde 2010 la empresa Autovía Mida-Tehuantepec, que forma parte del Grupo Ideal, perteneciente al magnate Carlos Slim, obtuvo la concesión de la SCT. Esta empresa está ligada a ICA la misma que dejó inconclusa la súper carretera a la Costa y que cedió sus derechos a cambio de que el Fonadin asumiera sus deudas millonarias con el Banobras.
El anuncio del gobernador Murat despierta expectativas porque aún siendo una obra largamente deseada, no avanza. De los 169 kilómetros solo han concluido 31. Con la creación de la Zona Económica Especial renace la esperanza de que la concluyan en uno o dos años siempre y cuando fluyan los 10 mil millones de pesos que costaría.
HONESTIDAD
La ciudad atestada de turistas en la Noche de Rábanos, sin plantones, bloqueos ni amenazas del cartel 22, confirma dos cosas: el tino de la nueva política de no negociar más en lo oscurito con los grupos de presión y el repunte de nuestra única industria, el turismo.
La afluencia de visitantes demuestra que cuando hay una política sensata, sobre todo de honestidad, la economía se reactiva y los del chantaje político se repliegan. La corrupción parte desde el gobierno. Vicio que practican dentro del mismo equipo del gobernante en turno. Prácticas tan perversas alcanzaron virulencia en el 2006 con Ulises Ruiz y su clímax fue con el gran ladrón Gabino. Hoy ha disminuido aunque persisten las nocivas prácticas de altos funcionarios que siguen usando a los grupos de presión. Saben que al repartirles dinero público se quedan con la mejor parte. El riesgo es que haya un repunte de estas prácticas.
CONTROL DE DAÑOS
Aunque los responsables de las finanzas estatales aseguran que el daño a la hacienda pública que heredaron del “gabinato”, está bajo control, la realidad es que el pago a proveedores sigue sin resolverse. El asunto se complica porque también los grupos de presión, acostumbrados al chantaje del “me pagas o me pagas”, están concentrando a sus huestes en la ciudad por lo que se avizoran problemas.
A esto hay que agregar las viejas mañas de los grupos “sociales” cuyos líderes estaban acostumbrados a recibir directamente el dinero supuestamente para obras sociales. Al no fluir más recursos del gobierno a fondo perdido y sin transparencia, anuncian para este fin de año una avalancha de protestas.
La llamada Asociación de Pueblos Indígenas (API) uno de los grupos más rijosos, aunque son menos de medio centenar, ayer cumplieron tres días de estar bloqueando las oficinas alternas de la Secretaría de Finanzas. Encabezados por el profesor Hugo García Osorio, utilizan la misma medida de presión ¿saben que pretenden?
Que les entreguen el dinero para 4 mil estufas ecológicas y apoyo para viviendas y otras “obras sociales”.
En lo mismo anda el Fep (Frente Estudiantil Popular) otro de los grupos de reciente elaboración del cartel 22.
El pretexto para movilizarse es la Ley de Seguridad Interior, cuya constitucionalidad tendrá que analizar la Suprema Corte.
RESISTENCIAS
Entre los que presionan con plantones y bloqueos, algunos tienen razón. Es el caso de las agencias municipales de Loxicha. Marginados, sin capacidad de gestión y olvidados por sus diputados, los presidentes municipales les birlan sus participaciones. Esta situación de olvido los empuja a los brazos de las “organizaciones sociales” que los explotan de peor manera. Un ejemplo:
Los agentes municipales de Tepetipana, La Ciénega, Río Candelaria, Miramar, Los Horcones, entre otros, tuvieron que recurrir al plantón en oficinas del gobierno para exigir que el presidente municipal, Fermín Ambrosio Pérez, se apegue a la ley y distribuya con equidad las participaciones municipales. El secretario general de gobierno los recibió pero, como siempre, no les resolvió nada.
Explicaron que este gobierno “parece que sólo reacciona con marchas y plantones”. Desde principios de este año pidieron que el presidente municipal de Candelaria, les entregara sus participaciones. No lo hizo. Han pedido la intervención de los diputados pero “como si no existieran”. El responsable de la política interna ni siquiera citó al edil Fermín Ambrosio Pérez, para conminarlo a que no se adjudique todos los fondos municipales. En este año “no hemos recibido un solo peso” de las participaciones en los ramos 28, 4 y 33 para obras de infraestructura social, dijeron.
Acusaron que el presidente municipal, por ser profesor, se burla de los agentes municipales y de las rancherías de Candelaria Loxicha. Les dice que la Sección 22 los protege. Otro de sus negocios ilícitos, dicen, es el tráfico de concesiones para transporte público en ese municipio donde están confabulados este edil, su hermano del que heredó el cargo y el diputado Óscar Valencia, para saturar de camionetas para el servicio mixto y taxis.
NOTA: Esta columna reaparece hasta enero próximo. Gracias a los lectores y amigos por acompañarme un año más. Felicidades y éxitos.
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