La confrontación entre Alejandro Moreno y el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al ámbito internacional. El dirigente nacional del PRI informó que presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia contra tres consejeros electorales, luego de que el organismo mexicano le impusiera medidas cautelares por utilizar expresiones que relacionan a Morena con el narcotráfico.
Los consejeros señalados por Moreno son Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
A través de su cuenta de X, el priista sostuvo que las actuaciones de los funcionarios electorales deben ser revisadas bajo la llamada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que contempla sanciones contra personas extranjeras señaladas por graves violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción.
Sin embargo, la denuncia constituye hasta ahora una acción promovida por el propio dirigente priista y no implica que Estados Unidos haya abierto una investigación, impuesto sanciones o determinado alguna responsabilidad contra los consejeros denunciados.
EL CHOQUE POR LAS PALABRAS “NARCO”
El conflicto tiene su origen en las expresiones utilizadas públicamente por Moreno contra Morena.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó procedente una medida cautelar contra el dirigente priista y el partido que encabeza, luego de considerar que diversas publicaciones podían implicar la atribución de hechos o delitos falsos al partido guinda.
Entre las expresiones señaladas aparecen términos como “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.
La autoridad electoral ordenó retirar cinco publicaciones de la cuenta personal de Moreno y cuatro publicaciones o reposteos difundidos desde la cuenta oficial del PRI.
El argumento central fue que esas expresiones vinculaban a Morena con actividades relacionadas con el narcotráfico sin que existiera, en los contenidos denunciados, un sustento fáctico acreditado.
“ALITO” CONTRAATACA
Lejos de aceptar la determinación, Moreno decidió llevar el pleito fuera de México.
El dirigente priista aseguró que la actuación del INE representa una afectación a la libertad de expresión y acusó al órgano electoral de actuar sometido al gobierno en turno. Esos señalamientos forman parte de su posicionamiento político y no constituyen una resolución judicial que haya acreditado dichas acusaciones.
La denuncia ante Estados Unidos tampoco será, según anunció, su único recurso.
El PRI ya impugnó la determinación electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y anticipó que recurrirá también a organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
EL PRECEDENTE QUE UTILIZA EL PRI
Para justificar su recurso ante autoridades estadounidenses, Moreno citó el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos en 2025 bajo medidas relacionadas con la legislación Magnitsky.
El priista presentó ese episodio como un precedente para argumentar que funcionarios extranjeros pueden ser sujetos de medidas estadounidenses cuando se considera que han incurrido en determinadas conductas.
No obstante, la utilización de ese antecedente por parte de Moreno no significa que exista actualmente una sanción o procedimiento similar contra los consejeros del INE.
EL PRI BUSCA BURLAR EL VETO
La disputa tomó otro giro cuando la cuenta oficial del PRI difundió imágenes que aparentemente intentan mantener su mensaje contra Morena sin utilizar de manera directa las expresiones restringidas por la autoridad electoral.
En una de ellas aparece la frase “Morena es un”, acompañada de elementos gráficos que, al combinarse visualmente, permiten reconstruir el calificativo que el INE ordenó retirar.
El mensaje fue acompañado por una frase desafiante: “¡Lo seguiremos diciendo!”
Hasta ahora, el INE no ha establecido públicamente que esas publicaciones constituyan un incumplimiento de la medida cautelar.
UNA BATALLA QUE TRASCIENDE AL INE
La disputa dejó de ser únicamente un desacuerdo sobre propaganda electoral. Ahora enfrenta a uno de los principales dirigentes opositores del país con la autoridad electoral y amenaza con trasladarse a tribunales nacionales y organismos internacionales.
Mientras Moreno defiende su derecho a utilizar calificativos contra Morena, el INE sostiene que las expresiones cuestionadas pueden constituir imputaciones de delitos sin sustento acreditado.
El siguiente capítulo de esta confrontación dependerá de lo que resuelva la autoridad electoral jurisdiccional sobre la impugnación presentada por el PRI y, eventualmente, de la respuesta que tengan las instancias internacionales a las acciones anunciadas por el dirigente priista.
Por ahora, la batalla política continúa y el conflicto por una palabra —“narcopartido”— terminó convirtiéndose en una disputa que ya cruzó las fronteras de México.
