El Gobierno de México asumió el compromiso de llevar hasta las últimas consecuencias la investigación por el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, luego de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, recibiera a sus familiares en las oficinas centrales de la dependencia.
Durante la reunión, celebrada el pasado 3 de agosto, la funcionaria federal aseguró que el crimen no quedará impune y que la Federación dará seguimiento permanente al caso, considerado de relevancia nacional.
Además, instruyó el otorgamiento de medidas de protección para los integrantes de la familia Leyva Aguilar. Quienes manifestaron preocupación por el contexto de violencia que enfrentan tras el homicidio del comunicador.
“El crimen no quedará impune”, fue el compromiso asumido por la titular de Gobernación durante el encuentro con los familiares del periodista.
FAMILIA EXIGE QUE LA LÍNEA PRINCIPAL SEA SU LABOR PERIODÍSTICA
Durante la reunión, los familiares entregaron un documento dirigido a la secretaria de Gobernación en el que plantean una serie de exigencias para garantizar una investigación independiente y con resultados.
La principal demanda consiste en que las autoridades federales mantengan como eje central de la investigación el trabajo periodístico que Alejandro Leyva desarrolló a través de su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio desde el que documentó denuncias ciudadanas y mantuvo una postura crítica hacia el gobierno estatal.
Asimismo, solicitaron que se identifique y sancione tanto a los autores materiales como a los intelectuales del homicidio para evitar que el caso permanezca en la impunidad.
SEÑALAN OMISIONES DE AUTORIDADES EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Otro de los puntos expuestos por la familia fue la presunta omisión de diversas instituciones que, aseguran, fueron notificadas previamente sobre el riesgo que enfrentaba el periodista.
En el documento entregado a la secretaria de Gobernación sostienen que Alejandro Leyva cumplió con los procedimientos establecidos para denunciar amenazas y solicitar protección, pero afirman que dichas alertas no fueron atendidas oportunamente.
Los señalamientos alcanzan a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y al propio Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“¡Queremos respuestas puntuales!”, demandó la familia al presentar formalmente sus exigencias ante la titular de Gobernación.
PIDEN PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Como parte de sus peticiones, la familia solicitó que representantes de organismos internacionales participen como observadores en el seguimiento de la investigación.
Entre las instituciones propuestas se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, con el propósito de fortalecer la transparencia del proceso.
También solicitaron mantener comunicación permanente con las autoridades federales para conocer los avances de la investigación y garantizar las medidas de seguridad para los familiares.
ROMPEN CON EL GOBIERNO DE OAXACA
Al concluir la reunión, la familia dejó claro que ha perdido la confianza en el Gobierno de Oaxaca y manifestó que no desea mantener interlocución con las autoridades estatales.
En cambio, señalaron que depositan sus expectativas en la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Secretaría de Gobernación, instancias con las que acordaron realizar reuniones periódicas para dar seguimiento a las investigaciones.
Finalmente, la decisión refleja el nivel de desconfianza que existe entre los familiares de la víctima respecto de las instituciones estatales, al tiempo que incrementa la presión sobre las autoridades federales para esclarecer uno de los homicidios de periodistas que más atención ha generado en Oaxaca durante este año.
