En las últimas tres décadas, México se ha convertido en uno de los países más letales para el ejercicio periodístico. Es hoy, un oficio de vida o muerte. Del año 2000 a 2025, algunos organismos civiles como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras han registrado 181 homicidios. Sólo en Veracruz, el estado con mayor índice sangriento, se han documentado 33. En lo que va de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha visto sucumbir a 7 comunicadores (as). La pregunta es: ¿y dónde está la certeza del soberano discurso de respeto a la libertad de expresión?
La Sociedad Interamericana de Prensa, en su famosa Declaración Chapultepec, concluyó que: “no puede hablarse de democracia, en un país en donde se conculca la libre expresión”. Sólo en las dictaduras se considera a los medios de comunicación y su labor informativa enemigos del poder en turno. El discurso de odio alentado desde la tribuna mañanera de 2018 a 2024, no sólo polarizó al pueblo de México, sino que alentó aversión, descalificación y denuesto en contra de medios y periodistas.
Pocos oficios han sido tan denostados e injuriados como el nuestro. Hoy, cualquier ente, desde el anonimato, insulta, agrede, descalifica. La labor periodística es, pues, como el trabajo del cohetero: haga bien o haga mal, “cualquier idiota le chifla”. Con una bajeza absurda miden a todos con el mismo rasero: chayoteros. Su ignorancia supina no les permite ver que decir la verdad incomoda y, muchas veces, se paga con sangre.
El pasado 22 de julio, frente a su domicilio del Fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR, fue ejecutado de manera cobarde por sicarios enviados a silenciar una voz incómoda al poder en turno. Su columna, “El Zumbido del Moscardón” se convirtió, de 2023 a la fecha, en un referente que develaba día a día, a veces de manera abierta y frontal, el clima de podredumbre en el gobierno de Salomón Jara.
Frente al nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, los grupos criminales y los poderes fácticos como los sindicatos mafiosos, traslapados con actores políticos, LEYVA AGUILAR puso sobre la mesa la realidad lacerante de un estado, Oaxaca, en el limbo de la inseguridad, la extorsión, el cobro de piso, el huachicol y la presunta complicidad gubernamental. En ese sentido, como periodista que ha ejercido el oficio por más de seis décadas, no puedo sino condenar enérgicamente este atentado en contra de la libertad de expresión.
Me sumo a las voces que, a nivel estatal, nacional e internacional se han pronunciado para reprobar este acto deleznable. Y como ciudadano y parte del gremio, tengo el deber moral de exigir a la Fiscalía General de la República (FGR), a su contra parte estatal, la FGEO, así como al gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y en Oaxaca, Salomón Jara, una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el móvil del crimen, identificar y sancionar a todos los responsables y evitar que este nuevo caso se sume a la persistente impunidad que rodea los ataques contra periodistas en el país.
¡Este es el estigma del actual gobierno!
ATENTAMENTE
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR EMÉRITO DEL DIARIO “EL IMPARCIAL”
