Aún sin terminar, el 2017 ya es el año más violento de la historia reciente de México con un total de 23 mil 101 homicidios dolosos durante los primeros once meses del año, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con 23 mil 101 homicidios perpetrados entre enero y noviembre, este año se convierte en el más mortífero de México de los últimos veinte años, fecha desde que se tiene registro, superando así al 2011, el cual había sido el más violento con 22 mil 409 carpetas por este delito.
A pesar de que en el mes de noviembre se iniciaron menos carpetas de investigación por homicidio doloso, 2 mil 212, en comparación con octubre que registró 2 mil 371 asesinatos y que lo convirtió en el más violento del año, este delito ya rompió récord sin culminar el 2017 con un promedio de 69 homicidios perpetrados al día.
La mayoría de los asesinatos, el 66.4 por ciento, fueron realizados con arma de fuego y le siguió el arma blanca representando un 11.4 por ciento.
Las entidades que reportaron un incremento en los homicidios son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
En cuanto a la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes más alta son Colima con 83.31, seguido de Baja California Sur con 61.62, Guerrero con 58.60, después Baja California con 53.42 y San Luis Potosí con 40.96.
LA ESTRETEGIA DE PEÑA FALLÓ
La decisión de Peña Nieto de limitarse al choque frontal contra el crimen organizado como estrategia de seguridad parece haber sido asumida una vez tomó el cargo y desde ahí nunca fue abandonada.
El 10 de enero del 2012, cuando recién culminaba el año con más homicidios de la historia, el entonces candidato presidencial daba esbozos de un enfoque integral para abordar la violencia, que más tarde llamaría “México en Paz” dentro del Pacto por México.
“La estrategia ha sido insuficiente y pobre en sus resultados. La tasa de homicidios de la que teníamos hace diez años, que es un indicador universal, por cada 100 mil habitantes ha ido más del doble”, dijo en ese entonces Peña Nieto.
Si en algún momento se pensó que la guerra del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa llegó al punto más álgido de víctimas posible, el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional la superó.
Una vez que los niveles de violencia superaron diversos marcas históricas que dejó el Gobierno anterior, el Presidente Enrique Peña Nieto salió a culpar a las autoridades estatales y municipales de las carencias para proteger a la ciudadanía.
Durante la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada el 30 agosto, el Presidente de la República despotricó contra las fuerzas policiales locales: “Las entidades federativas en muchos casos no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables, y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones”. No era la primera vez que lo hacía.
El Presidente indicó que la asistencia de las fuerzas federales brindan a las autoridades locales “no puede, ni debe ser permanente”, pero no ha mostrado ni aplicado otra estrategia que no sea la del fracaso.
La Secretaría de Gobernación anunció en 2016 que priorizaría operaciones en los 50 municipios con más homicidios dolosos, que en su conjunto suman el 42 por ciento del total de todos asesinatos internacionales.
Un conteo hecho por SinEmbargo mostró que después de implementar la estrategia, los homicidios incrementaron. Entre enero y julio del 2016 sumaron 4 mil 909 carpetas de investigación por ese delito en los municipios antsndidos. En tanto que en los mismos seis meses del 2017 hubo 6 mil 113 carpetas de investigación.
“Desafortunadamente, hoy no tenemos ningún indicador que nos permita pensar que esta crisis que estamos viviendo va a mejorar. No hay algo que te muestre una identificación clara del problema y una toma de decisiones diferente a la acostumbrada”, alertó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El legado de violencia del Presidente Enrique Peña Nieto ensombrece los casi cinco años que ha permanecido como titular del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2013 y 2016 hubo 87 mil 778 defunciones por homicidio, estas son 19 mil 355 personas más que en el mismo periodo del mandato de Felipe Calderón.
Para ponerlo en perspectiva, solo en los primeros cuatro años de la Presidencia de Peña Nieto han sido asesinadas la misma cantidad de personas que llenarían el Estadio Azteca.
Aunque el horror apunta a ser mayor, los nueve meses de 2017 – que son los que hasta el momento tienen registro oficial- perfilan a este año como el año más violento de la historia reciente: de enero a septiembre hubo 18 mil 505 carpetas, un cúmulo que no encuentra precedentes en ese lapso mensual, y que supera las 17 mil 382 carpetas de los primeros nueve meses del 2011, el año más violento de las últimas dos décadas.
El profesor Alejandro Martínez Serrano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló para SinEmbargo en noviembre pasado que Peña Nieto continuó la misma estrategia de lucha frontal contra el crimen de su predecesor en el cargo, que únicamente cambio en palabras.
“La actual administración trató de matizar mucho el discurso. La anterior [de Felipe Calderón] le daba adjetivos de guerra, y la actual, a partir de su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 utiliza el concepto de ‘México en Paz’”, explicó Martínez.
El Gobierno federal actual se jactaba hasta mayo de haber neutralizado a 106 de 122 objetivos prioritarios del crimen organizado, una estrategia que fragmentó a los cárteles en diversas células, pero ¿qué tanto colabora el descabezamiento del crimen organizado a menguar su poder y al incremento de los homicidios ?
–Fundamentalmente, es la razón de la violencia. El país pasó de tener 6 mega-estructuras con territorios definidos, rutas, operadores y pactos muy estables a tener 400 organizaciones criminales, micro-cárteles, que son todo lo opuesto a lo anterior. Son volátiles, mucho más violentos y además incursionan en otros delitos– explicó el consultor de seguridad David Martínez-Amador.
Desde el punto de vista del consultor, Peña Nieto tenía no estaba obligado a continuar la lucha frontal contra el crimen organizado de la misma manera que se viene haciendo desde el 2006, “tenía dos opciones. La primera, que la ha cumplido a medias, tolerar los pactos corporativos entre el narco y las diferentes niveles del gobierno. La segunda, cambiar la estrategia y reforzar la agenda de perseguir los flujos ilícitos de capital que, en esencia, son la base de las organizaciones criminales. Pero es muy claro que la segunda opción, la correcta, implicaba no poder disfrutar del jugoso dinero que aceita los procesos de corrupción política”.
En agosto del 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación, como uno de los cárteles más poderosos. Y meses más tarde, el 19 de enero de 2017 -un día antes de la toma de posesión de Donald Trump- el Gobierno federal decidió extraditar al líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” acrecentó su poder durante la administración peñista. Mas el modelo en el que un solo grupo podía monopolizar el crimen organizado pareciera haber terminado en los últimos 12 años.
“Si quisiera retornarse a esa modalidad, el juego es un juego de suma cero, porque la única forma de desplazar a los ‘chicos’ es que el ‘grande’ los saque violentamente. Es una salida darwiniana, seria un larguísimo proceso de violencia acumulada”, dijo Martínez-Amador.
Hoy el CJNG -según el más reciente reporte de la DEA- es el grupo criminal que más crece en México y que opera en varios estados de México la Unión Americana.
