• Morena sin el PT
• Estrategia Fallida
Cuando la ley electoral define de forma muy estricta qué es un “acto anticipado de campaña”, normalmente pedir el voto explícitamente o presentar una plataforma electoral antes de tiempo, los políticos simplemente le cambian el nombre al juego. En lugar de llamarlos candidatos o precandidatos, los partidos crean títulos alternativos. Usan tecnicismos como: “Coordinadores de la defensa de la transformación/de la cuarta república”, “Representantes de frentes ciudadanos”.
Al ampararse en que se trata de la vida interna del partido o de asociaciones civiles, argumentan que la ley electoral general no aplica en ese momento. La legislación suele castigar si dices “Vota por mí este domingo”. Para evitar la sanción, los aspirantes llenan las calles con espectaculares, bardas y revistas bajo el pretexto de promocionar un libro de su autoría que casualmente tiene su foto gigante en la portada.
Dar una “conferencia magistral” sobre un tema de gobierno general o aparecer en entrevistas de medios de comunicación que pagan pautas publicitarias en redes sociales. Técnicamente no están pidiendo el voto, pero el efecto real de posicionamiento de marca e imagen es exactamente el mismo.
Esto exhibe los vacíos en la fiscalización de redes sociales y espectaculares, pues el rastreo del dinero es el talón de Aquiles de las autoridades electorales. Es muy fácil para un aspirante deslindarse de la publicidad diciendo que “fueron expresiones espontáneas de simpatizantes” o que una casa editorial pagó los anuncios de su revista. Probar el origen del dinero y el vínculo directo con el político toma meses, y para cuando hay una resolución, la campaña real ya empezó o incluso ya terminó.
Hoy los tribunales electorales -particularmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- se encuentran atrapados en una encrucijada jurídica compleja. Por un lado, deben proteger principios constitucionales como la equidad en la contienda; por el otro, deben garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de autoorganización de los partidos políticos.
… A VUELO DE PÁJARO
Mientras el Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca convocó a sindicalistas de la Sección 22 de la CNTE, jubilados, madres y padres de Familia, a participar en las Mesas de Reflexión: Pensiones Dignas para el Magisterio, el gobernador Salomón Jara Cruz canceló toda posibilidad de alianza de cara a las elecciones de 2027. En los últimos días el partido que encabeza Benjamín Robles Montoya ha endurecido sus críticas y señalamientos en contra de la administración estatal. Aunque a nivel nacional el PT mantiene su coalición con Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación, en el plano local la situación es de confrontación directa. Este quiebre se aceleró drásticamente a raíz de la consulta de revocación de mandato
Verdades
El Gobierno el Estado a través de la Semovi reiteró la disposición de mantener el diálogo con los transportistas, como parte de las acciones de reordenamiento del transporte público en el Centro Histórico de la ciudad. Si bien se asegura que la estrategia no busca afectar a ningún sector, sino poner orden en la circulación vehicular y generar mejores condiciones para peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público. Sin embargo, choferes y concesionarios como comerciante han denunciado públicamente que se les intenta imponer afiliaciones obligatorias acompañadas de cuotas mensuales exorbitantes que alcanzan hasta los 4,500 pesos mensuales por cajón o espacio de estacionamiento utilizado
Orgánica
La comunidad universitaria de la UABJO esperan que el rector Farid Acevedo López impulse una nueva ley orgánica. La legislación vigente data de 1988 -con casi cuatro décadas de rezago- y ha sido señalada repetidamente por académicos, juristas y la propia comunidad universitaria como un marco jurídico superado que ya no responde a las necesidades de una institución de educación superior moderna. El fondo de la exigencia gira en torno a transitar de un modelo de constante conflicto político hacia uno enfocado en la excelencia académica, la transparencia y la estabilidad institucional. El modelo actual fomenta la creación de clientelas políticas internas, la fragmentación en sindicatos y “colectivos”, y costosas campañas electorales que emulan los vicios de la política constitucional.
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