El “sueño americano” de José Andrés Joaquín Modesto duró apenas catorce días. A sus 29 años, este joven originario de San José Chiltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, emprendió el viaje hacia Estados Unidos con un objetivo idéntico al de miles de compatriotas: trabajar arduamente para sostener y brindar una vida digna a su esposa y a sus dos pequeños hijos, de quienes era el único sustento económico.
Sin embargo, dos semanas después de cruzar la frontera, el anhelo de prosperidad se transformó en una tragedia familiar que hoy retrata, con crudeza y a detalle, las barreras económicas, legales y logísticas a las que se enfrentan los deudos para recuperar los restos de un migrante.
El pasado 20 de junio, el cuerpo de José Andrés fue localizado sin vida en el área metropolitana de Houston, Texas. El hallazgo ocurrió en circunstancias atípicas que añaden misterio y dolor al caso: su cadáver yacía al interior de una camioneta que había sido adquirida en una subasta y posteriormente trasladada a un taller mecánico local.
Además, junto a él se encontró a otro hombre, identificado días después como Omar Silbino Santizo. Aunque el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris confirmó legalmente las identidades de ambos tras los estudios periciales correspondientes, la Oficina del Sheriff del Condado —encargada de liderar la investigación— mantiene un hermético silencio, ya que no se han determinado ni las causas exactas ni la forma de la muerte.
Mientras la justicia estadounidense camina con lentitud, en Oaxaca el tiempo corre en contra de una familia sumida en la pobreza extrema que debe procesar el duelo en medio de una colecta forzada contra el reloj.
El precio exorbitante de volver a casa
La pérdida de un ser querido en el extranjero desata un laberinto burocrático y financiero que muchas familias desconocen hasta que se ven obligadas a transitarlo.
Ya que, trasladar un cuerpo de forma internacional no es un trámite ordinario; el marco legal exige la contratación inmediata de una agencia funeraria estadounidense con licencia vigente para que realice la manipulación del cuerpo, un proceso obligatorio de embalsamamiento (o cremación en su defecto), el resguardo en contenedores herméticos certificados para vuelos de carga y la gestión de permisos de tránsito emitidos por los departamentos de salud locales de EU.
A este viacrucis operativo se suma la rigidez documental. Para que el Consulado Mexicano vise los permisos y autorice el retorno, cada documento estadounidense —incluyendo el acta de defunción— debe ser apostillado por la Secretaría de Estado correspondiente y contar con una traducción oficial certificada al español. El más mínimo error, como la discrepancia en el uso de los dos apellidos mexicanos frente al formato simplificado estadounidense, puede congelar el trámite por semanas.
Esta infraestructura institucional se traduce en costos prohibitivos. María Victoria Bautista, prima de José Andrés, externó la desesperación que embarga al entorno del joven:
“Nos avisaron el día lunes que lo encontraron sin vida, su familia es de muy bajos recursos y él era el único sustento (…) La meta es recaudar por lo menos el gasto de traslado hasta la Ciudad de México”.
La geografía del retorno encarece el dolor. Los presupuestos entregados a la familia desglosan la desigualdad del proceso: lograr que la aerolínea deposite los restos en el Aeropuerto de la Ciudad de México tiene un costo estimado de 100 mil pesos.
Sin embargo, para cumplir el deseo de llevarlo hasta su comunidad natal en San José Chiltepec, en la región de Tuxtepec, la factura se eleva a los 124 mil pesos debido a los fletes terrestres adicionales de las funerarias receptoras. Estas cifras empatan de forma exacta con la realidad de las repatriaciones directas, cuyos costos base oscilan habitualmente entre los 3 mil y más de 6 mil dólares, volviendo la sepultura en tierra propia un lujo inalcanzable para quienes migraron precisamente por falta de dinero.
La solidaridad civil ante el vacío asistencial
A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México cuenta con partidas presupuestales para la protección consular y asistencia en la repatriación de restos, estos fondos gubernamentales operan bajo reglas estrictas: son apoyos únicamente parciales, se autorizan tras rigurosos estudios socioeconómicos y exigen que la familia absorba el porcentaje restante de los servicios luctuosos, cubriendo solo lo indispensable y excluyendo servicios ceremoniales o ataúdes de gama media.
Cuando las familias carecen de un pariente en la Unión Americana que agilice los contratos a distancia mediante cartas poder, la vulnerabilidad ante agencias funerarias poco éticas se dispara y la espera en la morgue prolonga la deuda.
Ante el desamparo institucional y la urgencia de los 124 mil pesos, la sociedad civil ha tenido que asumir el rol de rescatista.
Así que, Genaro Bautista, hermano de la víctima, abrió una campaña de recaudación digital en la plataforma global GoFundMe bajo el título “Ayuda para los gastos funerarios de José Andrés Joaquín Mode”, fijando una meta inicial de 50 mil pesos orientada a mitigar los primeros pagos.
Hasta el cierre de este reporte, la colecta ha registrado 38 mil 689 pesos (el 78% del objetivo) gracias al soporte de 34 donantes independientes.
“Muchas gracias a todos. Les pido de todo corazón que sigan compartiendo para poder ayudar a mi familia en México con el funeral de mi hermano José Andrés Joaquín Modesto”, publicó Genaro en una actualización de la página.
Sin embargo, el internet no es suficiente en las zonas rurales de Oaxaca. Al notar que la recaudación digital se estancaba y no cubría el flete hacia Tuxtepec, los habitantes de San José Chiltepec recurrieron a la organización comunitaria tradicional. Vecinos, amigos y conocidos han instalado alcancías y puesto en marcha la organización de rifas locales para conseguir, peso a peso, el dinero restante.
El trágico desenlace de José Andrés Joaquín Modesto devela el lado más amargo del fenómeno migratorio en México: aquel donde los costos de la muerte compiten directamente con las promesas de supervivencia, y donde la dignidad del último adiós no está garantizada por el Estado, sino por la caridad de un enjambre de ciudadanos solidarios.
