El delito de extorsión continúa representando una amenaza para la actividad económica en el Istmo de Tehuantepec. Una comerciante dedicada a la elaboración y venta de ropa típica regional denunció haber sido víctima de amenazas, intimidaciones y exigencias de dinero por parte de presuntos extorsionadores que buscaban imponer el llamado “cobro de piso”. A cambio, le permitirían la operación de su negocio en Juchitán de Zaragoza.
Como resultado del proceso judicial, dos personas identificadas por las iniciales E.L.J. y J.S.O. fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de extorsión agravada. Por lo que, permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
AMENAZAS, EXIGENCIAS Y ATAQUES ARMADOS
De acuerdo con las indagatorias integradas en la carpeta de investigación, los hechos se remontan a marzo de 2026. Cuando la propietaria del establecimiento recibió la visita de dos personas que le exigieron diversas cantidades de dinero a cambio de no afectar el funcionamiento de su negocio.
Las amenazas no se limitaron a las exigencias verbales. Según la denuncia, los presuntos responsables advirtieron que, en caso de negarse a pagar, podrían registrarse agresiones físicas y daños contra su patrimonio.
La situación escaló semanas después. En el momento en que el inmueble fue atacado con disparos de arma de fuego. Hecho que incrementó el temor de la víctima y evidenció el nivel de presión ejercido para obligarla a cumplir con los pagos exigidos.
EL ACOSO CONTINUÓ POR MEDIOS DIGITALES
Las investigaciones señalan que las intimidaciones persistieron a través de mensajes enviados por WhatsApp. En estas comunicaciones se reiteraban las exigencias económicas bajo la modalidad de “derecho de piso”. Además, se advertían posibles represalias en caso de incumplimiento.
Este tipo de mecanismos son cada vez más frecuentes en casos de extorsión. En el que los responsables combinan amenazas presenciales con el uso de herramientas digitales para mantener presión constante sobre las víctimas.
PRISIÓN PREVENTIVA Y DOS MESES MÁS DE INVESTIGACIÓN
Tras la presentación de pruebas ante un juez de control y el desarrollo de las audiencias correspondientes, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los dos imputados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.
Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos relacionados con el caso.
UN DELITO QUE SIGUE GENERANDO MIEDO ENTRE EMPRESARIOS
El caso pone de relieve de nueva cuenta la preocupación de comerciantes y empresarios de distintas regiones del estado ante la presencia de grupos que recurren a la intimidación para obtener beneficios económicos ilegales.
Finalmente, aunque las detenciones representan un avance en este expediente, especialistas en seguridad han advertido que el combate a la extorsión requiere no solo acciones judiciales, sino también mecanismos efectivos de denuncia, protección a víctimas y seguimiento de redes criminales que afectan la actividad económica local.
