El Congreso del Estado aprobó en Sesión Extraordinaria, con 40 votos a favor y dos votos en contra por parte de las representaciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), la reforma a la Constitución Política local. Esta modificación incorpora formalmente los actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados como una causal explícita para declarar la nulidad de las elecciones en la entidad.
Durante sus participaciones, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, Isaac López López, Dennis García Gutiérrez y María Francisca Antonio Santiago, coincidieron de manera unánime en que esta reforma representa un acto fundamental de defensa de la soberanía nacional y la legalidad, sólidamente alineado con el proyecto de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Indicaron que con esta modificación se armoniza la Constitución local con la federal en los plazos legales establecidos. “Oaxaca cumple con sus deberes jurídicos cerrando el paso a cualquier interés fáctico proveniente del exterior, advirtiendo que la historia y la ciudadanía juzgarán a aquellas facciones de la oposición que, mediante su voto en contra, simulan discursos de patriotismo, pero en los hechos traicionan la autodeterminación popular y comulgan con agendas de la derecha internacional”, coincidieron en señalar.
FINANCIAMIENTO ILÍCITO
Por su parte, la diputada Eva Diego Cruz, presidenta de la Mesa Directiva, mencionó que la reforma combate de forma directa el financiamiento ilícito internacional no reportado, diseñado para influir en la popularidad de las candidaturas mediante campañas de desinformación, el esparcimiento masivo de noticias falsas, el uso de granjas de bots, cuentas automatizadas y la manipulación de algoritmos.
Con la reforma al inciso d) y la adición del inciso e) a la fracción VI del artículo 114 Bis de la Carta Magna local, dictaminada por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, las autoridades jurisdiccionales contarán con una herramienta directa para salvaguardar la voluntad ciudadana, manteniendo intacta la protección vigente contra la violencia política de género. La nulidad de un proceso comicial se declarará cuando se acredite, bajo las reglas del debido proceso, que agentes del exterior ejercieron intromisiones materiales a través de modalidades modernas de desestabilización.
