Un reportaje publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times colocó nuevamente bajo escrutinio a dos de los gobernadores más relevantes de Morena: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Según el medio, ambos serían objeto de investigaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado.
La publicación sostiene que, además de las indagatorias, las autoridades estadounidenses habrían retirado las visas de ambos mandatarios. Y que su ingreso a territorio norteamericano se realizaría mediante un mecanismo especial reservado para personas que colaboran con investigaciones oficiales.
Aunque las acusaciones han generado amplia atención pública, hasta el momento no se han presentado documentos oficiales ni resoluciones judiciales que confirmen de manera pública dichas versiones.
EL CASO DURAZO: VISA, SALUD Y UN PROGRAMA ESPECIAL DE INGRESO
De acuerdo con la información difundida, la visa estadounidense del gobernador sonorense habría sido cancelada desde el año pasado mientras se desarrollaban investigaciones relacionadas con supuestos nexos criminales.
El reporte añade que Durazo continúa viajando a Estados Unidos para recibir atención médica especializada debido a una condición de salud, aunque supuestamente lo haría bajo un esquema denominado “libertad condicional por beneficio público significativo”. Una figura utilizada por autoridades estadounidenses para permitir el ingreso temporal de personas que aportan información relevante en investigaciones.
La publicación revive además una controversia surgida en 2024, cuando el periodista Luis Chaparro difundió un documento en el que presuntamente se clasificaba al mandatario como “sospechoso de terrorismo” por parte de autoridades fronterizas estadounidenses. En aquel momento, el Gobierno de Sonora rechazó categóricamente la autenticidad del documento y calificó la información como falsa.
VILLARREAL Y LAS ACUSACIONES POR HUACHICOL
En el caso de Tamaulipas, el reportaje señala que Américo Villarreal estaría siendo investigado por presuntos vínculos con redes de contrabando de combustibles. Dicha actividad ilícita conocida popularmente como huachicol.
Según la publicación, el mandatario también ingresaría a Estados Unidos bajo el mismo programa especial de libertad condicional. Situación que implicaría protocolos específicos de supervisión por parte de autoridades estadounidenses.
Las acusaciones no son nuevas. En 2024, Villarreal fue incluido en una lista denominada “Narcopolíticos”, elaborada por periodistas de investigación y una organización civil, donde se le vinculó con presuntas relaciones con grupos criminales dedicados al tráfico de hidrocarburos. Sin embargo, el gobernador ha rechazado reiteradamente dichas imputaciones y asegura que carecen de sustento probatorio.
UN CONTEXTO DE CRECIENTE PRESIÓN BINACIONAL
De confirmarse la existencia de investigaciones formales, Durazo y Villarreal se sumarían a una lista cada vez más amplia de funcionarios mexicanos señalados por autoridades o medios estadounidenses por posibles vínculos con estructuras criminales.
El caso ocurre en un momento particularmente sensible para la relación bilateral en materia de seguridad. Donde el combate al tráfico de drogas, armas y combustibles se ha convertido en uno de los principales puntos de presión entre ambos países.
No obstante, especialistas en transparencia y rendición de cuentas advierten que la gravedad de cualquier acusación exige pruebas verificables y procesos legales claros. Especialmente cuando se trata de funcionarios en funciones.
SONORA Y TAMAULIPAS RESPONDEN: “NO HAY PRUEBAS“
Tras la difusión del reportaje, los gobiernos de Sonora y Tamaulipas reaccionaron de inmediato para rechazar los señalamientos.
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, aseguró que Alfonso Durazo mantiene una visa vigente y que no existe notificación alguna sobre investigaciones en su contra por parte de autoridades estadounidenses.
Asimismo, afirmó que la publicación carece de sustento documental y reiteró el compromiso de la administración estatal con la transparencia.
Por su parte, Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, calificó las versiones como falsas y sostuvo que no existen expedientes, resoluciones ni evidencias públicas que respalden las acusaciones dirigidas contra Américo Villarreal.
El funcionario señaló que las especulaciones o testimonios anónimos no pueden sustituir pruebas verificables. Además, acusó al reportaje de presentar afirmaciones de alta gravedad sin respaldo documental.
ENTRE ACUSACIONES Y DESMENTIDOS
La controversia deja abiertas varias interrogantes. Mientras el reportaje estadounidense sostiene que existen investigaciones activas y restricciones migratorias contra ambos gobernadores, las administraciones estatales afirman que la información es falsa y carece de evidencia.
Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha emitido un posicionamiento público que confirme o desmienta las versiones difundidas. Por lo que el tema permanece en el terreno de las acusaciones periodísticas y las respuestas oficiales encontradas.
La falta de información verificable por parte de instancias gubernamentales de ambos países mantiene el caso abierto al debate público y a la exigencia de mayor transparencia sobre posibles investigaciones que involucren a servidores públicos de alto nivel.
