El conflicto interno en el núcleo de Bienes Comunales de Santa María Tonameca volvió a generar señalamientos, luego de que el grupo disidente encabezado por Arnoldo Carmona Ruiz y Aurelio Santos Díaz no acudiera, por tercera ocasión, a una audiencia de desahogo de pruebas ante el Tribunal Unitario Agrario Número 21, con sede en la ciudad de Oaxaca.
De acuerdo con versiones cercanas al proceso agrario, dicha audiencia formaba parte del derecho de audiencia otorgado al grupo inconforme tras un amparo promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Salina Cruz, para que pudieran presentar pruebas dentro del procedimiento correspondiente.
Sin embargo, se informó que el grupo disidente no asistió nuevamente. En una primera ocasión habrían argumentado problemas de salud; en una segunda, el cambio de abogados; y en esta tercera convocatoria surgieron versiones sobre supuestas agresiones y un presunto “levantón” o privación de la libertad de Aurelio Santos Díaz, quien se ostenta como presidente del Consejo de Vigilancia de dicho grupo.
No obstante, de acuerdo con un reporte de la autoridad, a las 08:00 horas se informó que Aurelio Santos Díaz ya se encontraba en su domicilio, ubicado en la comunidad de Chacahua, Tonameca, con su familia, sano y salvo.
El mismo reporte señala que la información fue comunicada por Arnoldo Carmona Ruiz, quien indicó que Santos Díaz había estado presuntamente privado de la libertad por personas desconocidas desde el día anterior.
Hasta el momento, no se ha confirmado la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía de San Pedro Pochutla por estos hechos. También trascendió que familiares del presunto afectado no habrían acudido a denunciar, al considerar que se trataba de un asunto político.
La situación ha generado críticas entre comuneros y habitantes de la zona, quienes consideran que este nuevo episodio podría tratarse de una estrategia para evitar comparecer ante el Tribunal Unitario Agrario y prolongar el conflicto agrario en Santa María Tonameca.
Asimismo, se cuestionó la participación de algunos medios y comunicadores que han dado seguimiento al grupo disidente, ya que, según los señalamientos, más que informar con imparcialidad, estarían actuando como voceros o asesores políticos, guiando el discurso público y contribuyendo a la desinformación.
En el fondo del conflicto se mantiene la disputa por la representación del órgano comunal. Por una parte, el grupo disidente insiste en sostener su postura; mientras que otro sector reconoce a Salomón Castrejón Martínez como presidente de Bienes Comunales y a Audón Vásquez Cisneros como presidente del Consejo de Vigilancia.
Será el Tribunal Unitario Agrario quien determine, conforme a las pruebas presentadas y al procedimiento legal, la situación definitiva de la representación comunal.
Mientras tanto, comuneros han llamado a privilegiar la vía legal, presentar pruebas ante las instancias correspondientes y evitar que el conflicto continúe desarrollándose en redes sociales mediante acusaciones públicas sin sustento jurídico visible.
